No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista

La absurda y dolorosa violencia que hemos venido padeciendo en Colombia en los últimos 77 años debe llevarnos a todas las personas de la diversidad política y social a expresar como grito democrático: “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”, tal como lo dice el refrán español. Pero, para ello, es necesario cambiar radicalmente esa realidad.

Es duro reconocer que, a pesar de los esfuerzos de los diversos gobiernos, incluido el actual con su política de búsqueda dialogada de la paz, los grupos armados ilegales ―la mayoría de ellos relacionados con el narcotráfico y la corrupción― han terminado con sus prácticas violentas, fortaleciendo tanto su crecimiento orgánico como su accionar criminal. Se han aprovechado de la buena voluntad tanto de los gobiernos como de importantes sectores de la población y de la comunidad internacional para fortalecer su actividad delictiva.

Esa doble moral de los grupos armados ilegales se expresa actualmente con el asesinato o secuestro de cientos de soldados y policías, niños y demás personas de la sociedad civil. De otra parte, a la grave situación de violencia urbana y rural que estamos viviendo en Colombia, se suma la pérdida, cada día más creciente en sectores políticos y sociales, de posibles soluciones pacíficas dialogadas.

De modo que, si el 31 de mayo de 2026 gana la Presidencia de la República un candidato con las banderas de mano dura contra todas las expresiones de violencia y corrupción, no vayamos a cometer el error político de responsabilizar de ese triunfo electoral a sectores de “extrema derecha”, cuando los únicos responsables de ese posible triunfo electoral serán los excesos violentos y terroristas de los grupos armados ilegales y sus principales aliados, como son el narcotráfico y la corrupción.

No olvidemos que el derecho de la población, urbana y rural, a vivir en Colombia con seguridad no es un tema de derecha o de izquierda, sino de derechos democráticos, por la elemental razón de que, tanto en Colombia como en cualquier lugar del mundo, la gente necesita vivir pacíficamente, ejerciendo sus derechos democráticos y sin volverse prisionera de los miedos que produce la violencia urbana o rural.

Ese anhelo de la gente de vivir dignamente y en paz en cualquier sitio de Colombia es lo que me lleva a afirmar que, en las condiciones particulares de nuestro país, las prácticas violentas y terroristas de los grupos armados ilegales, así como de sus principales aliados, como son el narcotráfico y la corrupción, poco a poco los han ido convirtiendo en verdaderas expresiones de extrema derecha y enemigos de una Colombia donde predomine la convivencia pacífica, la reconciliación, el desarrollo económico y el bienestar para toda la población, empezando por los niños y las niñas.

La lucha contra todas las expresiones de violencia y corrupción, junto a una política de diálogo social y concertación con los alcaldes, gobernadores y la población urbana y rural, así como la necesidad de tener nortes éticos son ―en mi opinión personal― los principales desafíos que tendrán que enfrentar, a partir del 7 de agosto, todas las personas que aspiren a ganar la Presidencia de la República el 31 de mayo de 2026.

De modo que no se trata de tener verraquera, sino de sentido común, de conocimiento a todo nivel del funcionamiento del Estado, pero, ante todo, de ser conscientes de que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y que siempre debe enseñar con su ejemplo de vida.