Lo ocurrido en la Universidad Eafit esta semana no es un hecho aislado. Es el síntoma de algo mucho más profundo: la peligrosa normalización, sin castigo social, de quienes, desde la violencia, marcaron con sangre la historia reciente de Colombia.
En un debate académico organizado en la Universidad Eafit hace dos días, fueron invitados candidatos al Senado, entre ellos Sandra Ramírez, alias Griselda Lobo, exintegrante de las Farc (hoy partido Comunes). Su presencia desató el rechazo de jóvenes militantes del Centro Democrático, uno de los cuales fue retirado del recinto por la Policía tras increparla y llamarla “asesina”.
Más allá de las formas —que siempre pueden discutirse y con las que no necesariamente estoy de acuerdo— la pregunta de fondo es: ¿en qué momento el país decidió que cuestionar el pasado de ciertos personajes es más grave que ese mismo pasado?
Yo, personalmente, no habría asistido a un espacio así. Y no por miedo al debate. Creo en el debate. Creo en la confrontación de ideas. Pero una cosa es debatir con quien piensa distinto y otra muy distinta es legitimar a una asesina, secuestradora y abortista, como si eso no fuera para tanto. Esto me reafirma que el mal llamado Acuerdo de Paz nos ha generado una inversión en la escala de valores difícil de asimilar.
Sandra Ramírez hizo parte de una organización armada responsable de secuestros, asesinatos y crímenes de lesa humanidad que todavía pesan en la memoria colectiva del país. Su participación en la vida política es resultado del acuerdo de paz, sí. Pero que Juan Manuel Santos haya vuelto ‘legal’ crímenes atroces no la convierte automáticamente en moralmente incuestionable ni obliga a la sociedad a aplaudirla en escenarios académicos como si se tratara de un ciudadano ejemplar.
Lo preocupante no es solo la invitación, es el ambiente cultural que se está consolidando: ahora no es señalado el asesino, sino quien cuestiona al asesino. Este episodio se conecta con algo más amplio.
Figuras como Iván Cepeda han defendido la narrativa de que el país debe ‘pasar la página’ y avanzar hacia la reconciliación. El problema es cuando esa reconciliación se convierte en el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas colombianas y en la complicidad con los grupos criminales desde el Estado.
Se podría decir que gracias a la política de seguridad que defienden Petro y Cepeda, hoy más de 700 municipios están en manos de grupos criminales. Por ejemplo, en departamentos como Arauca, Caquetá, Putumayo y Cauca la población civil está secuestrada por el terror que estos ejercen.
Y para seguir normalizando lo indefendible, también estuvo en ese panel Isabel Zuleta, esa senadora que en junio del año pasado dio la orden de trasladar a los bandidos de la cárcel de Itagüí a un evento público con el presidente Petro en La Alpujarra.
Con todo el cariño y respeto que le tengo a mi alma mater, pienso que se equivoca al permitir espacios en los que, por el afán de ‘incluir todas las voces’, termina lavándoles la cara a quienes tanta sangre derramaron en el país.
Me niego a legitimar criminales. Me niego a aceptar que indignarse sea peor que haber matado, secuestrado y obligado a decenas de mujeres a abortar. Y me niego a creer que Colombia solo puede avanzar si aprende a aplaudir a quienes un día la pusieron de rodillas.
La paz no exige silencio. Exige justicia.
