Masacre constitucional

Colombia se encuentra en un profundo caos. El fallecimiento de la señora Nydia Quintero tiene adolorido al país y a la familia Turbay, mientras que, junto al resto de la ciudadanía, oramos por la recuperación de Miguel.

Por otra parte, siguen las preguntas sobre una reunión entre el narcotraficante alias Fito y el presidente de la República, mientras que se habla sobre un presunto golpe de Estado ejecutado por Álvaro Leyva. Entre tantos sucesos y noticias, es importante que los colombianos recordemos que Gustavo Petro y Eduardo Montealegre le demostraron una vez más al pueblo sus aspiraciones antidemocráticas al querer convocar una asamblea constituyente, y así masacrar la Constitución de 1991 antes de las elecciones presidenciales de 2026, al puro estilo del exdictador Hugo Chávez. Este es un hecho inédito y peligroso que no podemos pasar por alto.

Por tal motivo, esta columna tiene como objetivo desenmascarar las intenciones de Petro, demostrándole al pueblo colombiano la importancia histórica y jurídica que tiene la Constitución de 1991 sobre los derechos de la ciudadanía. 

En primer lugar, es imperativo tener en cuenta que la intención de Petro al proponer esta brillante idea se basó en el proceso que ocurrió entre 1989 y 1990 para convocar este acto. Tras la muerte de Galán, la ciudadanía organizó el movimiento de la Séptima Papeleta para convocar una asamblea constituyente. Esto se debió a que su proceso no estaba regulado por el ordenamiento jurídico colombiano y como un sentimiento de indignación hacia el “viejo” sistema que gobernaba Colombia desde 1886.

Actualmente, Petro intenta crear una ‘octava’ papeleta para debilitar las instituciones colombianas y desmembrar el ordenamiento jurídico desde su cúspide. No obstante, el primer mandatario no tiene en cuenta el proceso que se señala para convocar una constituyente, según el artículo 374 de la Constitución, el cual dicta que para hacerlo es necesario presentarlo como proyecto de ley; después, debe ser aprobado por ambas cámaras por mayorías y aceptado por la Corte Constitucional en un control previo de constitucionalidad.

Ahora bien, Petro se hace llamar progresista, sin embargo, busca derogar una de las constituciones más progresistas y garantistas de la historia e incluso catalogada por varios juristas como una de las grandes constituciones del mundo. Es la carta del 91, que establece la formación del Estado social de derecho, un tipo de contrato social que equilibra la presencia estatal, el libre mercado y la función social de la propiedad privada. Tal concepción de Estado fue un hito nunca antes visto, ya que las constituciones de antaño se imponían a la fuerza, como si se tratase de cartas de batalla que se disputaban en las innumerables guerras civiles que tuvimos a lo largo del siglo XIX, lo que difirió con la del 91, que se creó por medio del intercambio de ideas pacíficas de diferentes partidos políticos y miembros de la sociedad civil.

De la misma manera, la Constitución de 1991 es pionera en incluir una serie de derechos fundamentales, integrados por medio de tratados internacionales y algunos conexos con la vida digna, cuya protección es inmediata por medio de la acción de tutela. Asimismo, integra otras herramientas que pueden ser interpuestas por cualquier ciudadano cuando se le vulneren sus derechos, como es el caso de la acción popular, cumplimiento y acción de inconstitucionalidad. Esta Constitución es la encargada de proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, pues crea un articulado propio que los cataloga como sujetos de especial protección constitucional y vela vehementemente por su integridad y salud.

Por otra parte, la actual carta magna fija en su artículo 13 el concepto de acciones afirmativas, reinterpretando el principio de igualdad material y reconociendo las claras desigualdades sociales que viven ciertos grupos de colombianos, como pueden ser las comunidades palenqueras e indígenas, por lo cual establece que, para que haya igualdad entre toda la ciudadanía, es necesario brindarles ciertos beneficios a estas comunidades marginadas.

Es impresionante ver que Petro —quien se ufana de ser el protector de los marginados, los indígenas y los más vulnerables— tenga la intención de destruir la Constitución que les dio una voz e importancia en el marco jurídico colombiano.  

En conclusión, este hecho no puede permanecer en las sombras o en el silencio, ya que —con vehemencia— puedo afirmar que Gustavo Petro quiere masacrar el mejor ordenamiento jurídico jamás creado para los colombianos, con el objetivo de desestabilizar a las actuales instituciones y así establecer un nuevo régimen que le permita cumplir con sus intenciones dictatoriales y dantescas de remoldear al país a su imagen y semejanza.

Ante este hecho, invito al pueblo a levantarse en protesta pacífica, ya que, como constituyente primario, debemos rechazar a Gustavo Petro y rodear a las demás ramas del poder público para extinguir esta propuesta del presidente de la República.