Malandrines

Con ese término se refirió el ministro del Interior, Armando Benedetti, al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario de la corporación, Diego González, tras la histórica derrota sufrida por el hoy desprestigiado gobierno de Gustavo Petro en el Senado de la República. En dicha sesión, las mayorías legislativas rechazaron su propuesta de consulta popular, disfrazada de reforma laboral. Desde China, el presidente respaldó públicamente al ministro, utilizando un calificativo polémico contra representantes de otro poder público, lo cual seguramente será objeto de análisis político en los próximos días.

Lo que resulta irónico es que el propio ministro Benedetti parezca haber olvidado que, si algún gobierno ha estado rodeado de “malandrines”, es precisamente el actual. Vale la pena recordar que una de las banderas del presidente Petro durante su campaña fue la lucha contra la corrupción. En múltiples ocasiones afirmó: “La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que he luchado toda mi vida. Siempre he exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia”.

No obstante, los hechos muestran lo contrario. Desde la misma campaña presidencial hubo cuestionamientos sobre las prácticas utilizadas para alcanzar el poder. Ya en el gobierno, los escándalos de corrupción han sido frecuentes, involucrando incluso al círculo más cercano del presidente en la Casa de Nariño. Casos como los de Sandra Ortiz y Carlos Ramón González han salido a la luz, sumados a lo que el propio presidente reconoció como “anillos de corrupción” dentro de entidades como la UNGRD, Fomag, Fiduprevisora y Ecopetrol. Estas denuncias no solo comprometen a funcionarios, sino también a personas cercanas al jefe de Estado, profundizando la crisis de credibilidad que atraviesa su administración.

Volviendo al polémico calificativo utilizado por el ministro Armando Benedetti, quien se refirió a sus excompañeros del Senado de la República como “malandrines”, resulta inevitable reflexionar sobre la incoherencia que parece dominar el discurso del actual gobierno. Muchos de sus líderes, hoy investigados por la justicia —algunos ya imputados y otros incluso llamados a juicio—, aparentan tener una percepción distorsionada de sí mismos. A pesar de estar señalados por conductas presuntamente delictivas, siguen considerándose honestos y respetuosos de la ley. Peor aún, cuando se prueban sus delitos, intentan justificarlos bajo la idea de que fueron necesarios para “salvar al país”, una excusa tristemente común entre quienes hoy están detenidos por corrupción.

Los malandrines del actual gobierno —disfrazados de redentores— comparten una peligrosa habilidad: manipular el discurso público para presentarse como salvadores de la patria, mientras ejecutan acciones que solo benefician sus intereses personales y económicos. Desde el mismo presidente, se intenta posicionar la narrativa de que todo lo que hacen es en nombre del bien común, amparados en el relato histórico de que durante dos siglos las élites se apropiaron del patrimonio nacional. Sin embargo, ese argumento, en lugar de justificar sus actos, pone en evidencia un intento de legitimación de prácticas ilegales.

Estos malandrines de cuello blanco abusan de su poder, utilizando su autoridad para obtener contratos amañados y beneficios particulares. No es una acusación infundada: los medios de comunicación informan a diario sobre escándalos de corrupción que salpican al denominado gobierno del cambio, muchos de los cuales ni siquiera el propio presidente ha podido desmentir.

En este contexto, sería oportuno que el ministro Benedetti, ahora tan dispuesto a señalar con firmeza a los opositores, dirigiera esa misma energía hacia el interior del gobierno del que forma parte. Ya que ha puesto de moda el término ‘malandrines’, debería tener la coherencia de aplicarlo a quienes, desde dentro, cometen actos delictivos revestidos de supuestas buenas intenciones. Casos como el de los directivos de la UNGRD en La Guajira son apenas un ejemplo. Lamentablemente, salvo contadas excepciones, hoy parecen escasas las dependencias del Estado libres de funcionarios que usan el poder para su beneficio, traicionando la confianza de los colombianos.

Ministro Benedetti, ha quedado plenamente demostrado que el Senado de la República —órgano que representa la voluntad del pueblo colombiano— envió un mensaje contundente: los ciudadanos no queremos más politiquería ni gobiernos aferrados al poder a costa de la democracia.

El rechazo a su consulta popular disfrazada de reforma laboral no es un simple revés legislativo, es una señal clara de que los colombianos estamos cansados de un gobierno compuesto por personajes que actúan movidos por intereses particulares. Algunos buscan enriquecerse, incrementando sus ya voluminosos patrimonios, y otros se aferran al poder siguiendo el libreto de regímenes como los de Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde líderes populistas —también autodenominados “el cambio”— terminaron consolidando dictaduras que empobrecieron a sus pueblos mientras ellos concentraban todo el poder político y económico.

Hoy, Colombia debe abrir los ojos. Solo mediante la unión de grandes alianzas y coaliciones democráticas podremos frenar un gobierno que ha perdido el rumbo. Debemos usar todos los canales posibles —especialmente las redes sociales— para denunciar y visibilizar los escándalos de corrupción y los constantes abusos de poder. El mensaje al llamado gobierno del cambio debe ser directo: los colombianos no vamos a seguir tolerando más malandrines en el poder.

Punto aparte: el Senado de la República ha demostrado —y seguirá demostrando— que sí es posible legislar pensando en el bienestar de la mayoría. Con una reforma laboral concertada entre empresarios, gremios y sindicatos, podemos enfrentar la creciente informalidad y construir un nuevo régimen laboral justo y sostenible. Ese objetivo, estoy convencido, se alcanzará antes del próximo 20 de julio.

Y que le quede claro al gobierno: los fracasos legislativos no se corrigen recurriendo a consultas populares manipuladas. Esas estrategias no son más que intentos de perpetuar en el poder a un proyecto político que ya ha sido identificado por los ciudadanos como lo que realmente es: un gobierno de malandrines.