Magnicidio Miguel Uribe: ¿Quién dio la orden?

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado. Es un golpe directo a la democracia colombiana y una herida que expone el verdadero rostro de un proyecto político que no tolera la oposición. Miguel no solo era un líder joven con gran proyección, era uno de los opositores más fuertes al actual gobierno y uno de los políticos con grandes posibilidades de alcanzar la candidatura presidencial dentro de su partido, el Centro Democrático, con un sólido prospecto para llegar a la Presidencia en 2026. Representaba una amenaza real para quienes hoy buscan consolidar en Colombia una dictadura de corte comunista.

El odio político de Gustavo Petro hacia Miguel Uribe tiene raíces históricas. Su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala, ordenó encarcelar a más de 500 guerrilleros del M-19 y combatió con contundencia a ese grupo terrorista. La cuenta de cobro llegó años después, cuando la hija del expresidente y madre de Miguel, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada por los narcoterroristas del ELN —aliados del M-19— y asesinada en cautiverio. Este pasado es clave para entender por qué Miguel, como figura política y símbolo de ese legado, era incómodo para Petro.

Petro sí tiene responsabilidad política en este magnicidio por la manera en que estigmatizó a Miguel y a la oposición con un discurso de odio sistemático. Los trinos que publicó antes del atentado son reveladores: mensajes incendiarios que alimentaron un clima de hostigamiento y señalamiento contra quienes se le oponen.

A esto se suma un hecho gravísimo: Miguel solicitó 23 veces el aumento de su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y siempre le fue negado. El Estado lo dejó indefenso y a merced del terrorismo, aun sabiendo que su débil esquema de seguridad no era suficiente para lo que él representaba por el pasado de su familia. Fue un blanco fácil para quienes buscaban silenciarlo.

Este magnicidio ocurre en un contexto que no puede pasarse por alto. En su viaje a Ecuador, para asistir a la posesión del presidente Daniel Noboa, Petro hizo un inexplicable desvío a Manta. Lo hizo sin autorización del Congreso, utilizando recursos de los colombianos y sin rendir cuentas sobre el propósito real de esa escala. Versiones de medios ecuatorianos y políticos del vecino país señalan que en ese viaje se habría reunido con figuras del correísmo —la extrema izquierda ecuatoriana— y con el criminal alias “Fito” (hoy extraditado), líder de una de las organizaciones más peligrosas del continente. La pregunta es inevitable: ¿qué fue a hacer Petro a Manta? ¿Qué se discutió en esas reuniones y por qué ese encuentro se mantiene en la penumbra?

La muerte de Miguel Uribe es también un mensaje dirigido a todo el espectro opositor. Es una advertencia que dice: “Si se atreven a enfrentarnos, pagarán las consecuencias”. No es casual que se trate de un golpe contra el uribismo, contra figuras como Álvaro Uribe Vélez, Vicky Dávila, Abelardo De la Espriella y otros que representan la resistencia política. La estrategia es clara: debilitar a la oposición, sembrar miedo, desmoralizar a quienes pueden liderar una campaña electoral y, en última instancia, impedir que haya elecciones libres en 2026.

Ya lo hemos visto antes. Así comenzó en Cuba y en Venezuela, persiguiendo judicialmente a los opositores, encarcelando a líderes incómodos, asesinando a figuras clave y sofocando toda voz opositora hasta tomar control absoluto del Estado. Primero judicializan y encarcelan a Álvaro Uribe. Luego asesinan a Miguel. Y ahora la pregunta es: ¿Por quién irán después con tal de atornillarse en el poder? El objetivo es dejar a la oposición manca, sin líderes, sin maniobra y sin capacidad de enfrentarse al régimen que se está consolidando.

Ñapa: En 1978, Julio César Turbay llegó a la Presidencia. A los tres o cuatro meses, le asesinaron en el baño de su casa al ministro Rafael Pardo Buelvas, en un atentado atribuido a un movimiento afín al M-19 llamado Autodefensa Obrera (ADO). Fue un golpe duro para el presidente Turbay, que respondió firmando el decreto legislativo conocido como Estatuto de Seguridad. Con este estatuto inició la persecución frontal contra los terroristas del M-19.

En 1982, Turbay entregó el poder a Belisario Betancur y dejó presos en La Picota cerca de 500 guerrilleros del M-19 en consejo de guerra, juicios militares que se realizaban de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Política de 1886, que permitía a las Fuerzas Militares juzgar a los bandidos bajo estado de sitio.

Por aquella época, el M-19 estaba vinculado a la Internacional Socialista (IS), a la cual siempre ha estado ligado el PSOE español. Este movimiento lo precedía Felipe González, entonces candidato a la Presidencia del Gobierno de España, quien viajó a Colombia y se reunió con Belisario Betancur —cuando era candidato presidencial— en la Hacienda San Pablo, en el municipio de Orocué, Casanare. El motivo, según versiones, fue que González le pidió que, apenas llegara a la Presidencia, liberara a todos los guerrilleros del M-19, a cambio de un supuesto apoyo económico a su campaña.

Betancur ganó las elecciones, proclamó la “paz” con el M-19 y liberó a todos esos guerrilleros. Muchos de ellos volvieron a delinquir, y fueron precisamente algunos de esos liberados quienes protagonizaron el asalto al Palacio de Justicia, con el objetivo de tumbar al propio Betancur.

¿Ahora entienden la fijación y el odio obsesivo de Gustavo Petro por Miguel Uribe? Esta es la verdadera historia que la extrema izquierda quiere reescribir y que no muchos conocen.

Colombia está ante una encrucijada histórica. No se trata solo de exigir justicia para Miguel Uribe, se trata de defender la existencia misma de la democracia. Por eso, más que nunca, la pregunta debe repetirse hasta encontrar respuesta: ¿Quién dio la orden?