Opinión
Los negocios turbios detrás de Daniel y Miguel Quintero
Lo que revelan las investigaciones es el retrato de una Medellín convertida en un botín de poder familiar.
El nombre de Daniel Quintero Calle, alias Pinturita, hoy suena a corrupción, poder familiar y contratos amañados. Este escándalo combina poder paralelo, contratos direccionados, bienes de origen dudoso y una larga lista de lujos imposibles de justificar. En el centro de esa red aparece su hermano, Miguel Quintero Calle, señalado como presunto operador, beneficiario y cerebro de una estructura que habría movido contratos, influencias y favores dentro del círculo más íntimo del poder local.
Lo que revelan los documentos, chats, audios y testimonios publicados por SEMANA, El Colombiano y Noticias Caracol no son simples irregularidades administrativas. Son las piezas de un sistema que habría permitido a Miguel Quintero actuar como un poder en la sombra, manejando entidades públicas del Valle de Aburrá como si fueran una extensión familiar. Las pruebas lo muestran dando órdenes, presionando funcionarios y decidiendo sobre hojas de vida y contrataciones sin tener ningún cargo oficial.
Los chats revelados por SEMANA dejan claro el nivel de influencia que ejercía. En uno de ellos se dirige a un subdirector financiero del Área Metropolitana con tono de jefe y sin disimulo. “A trabajar más, no dejar las cosas para lo último, no relajarse”, escribe. Testimonios bajo juramento señalan que controlaba hasta un 20 % de la contratación de entidades como el Área Metropolitana, la Empresa de Desarrollo Urbano y Metroparques. Ese poder no era simbólico, era real y tenía precio.
En medio de ese manejo paralelo del poder, apareció también el rastro del dinero. La finca millonaria en los límites entre Copacabana y Girardota se convirtió en la joya del expediente. Según SEMANA, su construcción avanzó justo durante los años de la alcaldía de Daniel Quintero y los costos superaron por mucho la capacidad económica conocida de Miguel. En los chats filtrados se le ve hablando de una piscina que pasó de 80 a 160 millones de pesos y de ampliaciones que duplicaban los gastos. La Fiscalía indaga si parte de ese dinero salió de contratos públicos asignados durante la administración de su hermano.
Los hallazgos de El Colombiano completan la fotografía. Publicaron imágenes y registros donde Miguel Quintero luce un Rolex de alto valor y conduce un Ferrari rojo mientras presume estar “en grandes ligas”. También identificaron una finca de lujo de más de 2.500 metros cuadrados, un apartamento en El Poblado, una camioneta Mazda, un Toyota Prado y un lote en San Vicente Ferrer. Bienes que en conjunto superan los cinco mil millones de pesos, una cifra que no se explica con su hoja de vida ni con los ingresos de un exconcejal o consultor eventual.
En otros apartes, las investigaciones de Noticias Caracol revelaron audios y videos sobre un penthouse en El Poblado, incautado previamente a la mafia, del que Miguel Quintero decía sin pudor que “ya se lo habían entregado”. En las conversaciones, hablaba de remodelaciones, gastos y muebles nuevos como si se tratara de una propiedad legítima. El inmueble había sido objeto de extinción de dominio por vínculos con el narcotráfico, y esa pieza se convirtió en una de las más explosivas dentro del caso.
Mientras las pruebas crecen dentro de la Fiscalía, Daniel Quintero intenta desmarcarse. Dice que todo es persecución política, que el reloj era chiviado y que el Ferrari no era de su hermano. Pero los hechos muestran otra realidad, los documentos hablan y los medios no muestran rumores sino evidencias. Lo que revelan las investigaciones es el retrato de una Medellín convertida en un botín de poder familiar, donde los contratos se cruzaban con la lealtad y la política se confundía con los negocios.
El impacto político es inevitable. El escándalo golpea las aspiraciones políticas del imputado que dejó a Medellín en cuidados intensivos y muestra las incoherencias de la narrativa del “cambio” que maneja para engañar incautos. No hay discurso que aguante cuando las pruebas, las cifras, los bienes y los audios apuntan hacia la misma dirección. Cada contrato amañado es una herida a la confianza pública. Cada finca sin justificación es una ofensa a la gente que creyó en la transparencia.
Colombia ya ha visto esta historia muchas veces. Los clanes políticos cambian de nombre, de color y de eslogan, pero el guion es el mismo. Daniel y Miguel Quintero representan esa vieja práctica maquillada de “renovación”. La familia que gobierna como empresa, el Estado usado como caja, la política convertida en negocio.
El periodismo vuelve a hacer lo que el poder teme: contar la verdad completa, sin adornos ni silencios. Y aunque intenten desviar la atención o victimizarse, la evidencia se impone. Medellín merece transparencia y Colombia merece justicia. Porque mientras el poder se siga tejiendo en la oscuridad, la corrupción seguirá devorando al país, hasta tragarse la poca esperanza que aún nos queda.
Ñapa. Hay que ponerle la lupa a las contrataciones que tiene Pinturita bajo otras figuras cercanas a él dentro del gobierno Petro, como el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) Jorge Carrillo, a quien la Personería de Medellín tiene en la mira y ordenó formularle cargos por presuntas irregularidades en un contrato superior a 73.000 millones de pesos durante la administración Quintero.
