Opinión
Las “famiempresas” del Gobierno Petro
El uso del Estado como plataforma de beneficios particulares compromete seriamente los principios constitucionales.
Las propuestas que impulsaron la elección de Gustavo Petro como presidente de la República han sido desdibujadas en la práctica. Particularmente, su promesa de “democratizar el Estado y erradicar el régimen de corrupción”, orientada a eliminar los favoritismos en la administración pública y a privilegiar la meritocracia en el acceso a los cargos públicos, se desvaneció con el tiempo.
Durante la campaña presidencial, el discurso del entonces candidato resaltó la necesidad de garantizar que el mérito, la formación académica y la experiencia profesional fueran los principales criterios en la selección de los servidores públicos. No obstante, en el desarrollo del actual gobierno, estas directrices han sido desplazadas por prácticas clientelistas y por una preocupante normalización del nepotismo: prácticas que contradicen abiertamente la transparencia y eficiencia en la función pública contempladas en la Constitución.
Un ejemplo significativo fue el anuncio en agosto de 2022, en el que desde la página oficial de la Presidencia de la República se invitó a ciudadanos con títulos de doctorado a postularse para hacer parte del Gobierno. Esta convocatoria generó expectativas de inclusión basada en el mérito. Sin embargo, la realidad administrativa ha sido otra. Muestra de ello fue el nombramiento de personas sin formación profesional culminada, como el caso de Gustavo Bolívar en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Lo anterior no es aislado del sinnúmero de nombramientos de influencers con escasa preparación académica y técnica en puestos públicos.
A ello se suman preocupantes denuncias sobre el uso indebido de recursos públicos. El concejal Daniel Briceño reveló un contrato entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la CIAC por más de 7.000 millones de pesos, destinado al uso de aeronaves oficiales como transporte privado de funcionarios y bodegueros de las redes sociales. Contrato que tiene como único fin premiar a quienes simpatizan y hablan bien de su gobierno.
Más grave aún resulta el uso de la estructura estatal para el favorecimiento de redes familiares y políticas. El Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido señalado de ubicar en cargos estratégicos a familiares y aliados políticos cercanos. Su hermano, Mauricio Jaramillo, exsenador liberal, ha consolidado una red de influencias en el sector salud, posicionando a figuras como Milver Rojas —actual director del Fondo Nacional de Estupefacientes— y Edilma Isabel Hurtado —jefa de Promoción y Prevención del Ministerio—. Es de anotar que esta última ha sido investigada por la Contraloría General de la República por irregularidades en contratos de medicamentos.
A pesar de este panorama, el Gobierno insiste en reformas estructurales como la laboral, bajo el argumento de dignificar el trabajo. Sin embargo, el ejemplo que da el Pacto Histórico en su interior contradice dicho objetivo. Las denuncias contra el representante David Racero por presunta extorsión a su Unidad de Trabajo Legislativo, por exigencia de cargos en el Sena y por oferta de empleos irregulares revelan prácticas que atentan contra los mínimos estándares de legalidad y ética en la gestión pública.
La administración de Gustavo Petro ha mostrado, a través de estas prácticas, que no existe un verdadero compromiso con la reforma del Estado ni con la implementación de políticas públicas basadas en el mérito y la transparencia. En lugar de fortalecer las instituciones, se ha creado un sistema en el que el poder se distribuye entre familiares, amigos y aliados políticos. La falta de objetividad en el manejo de los recursos y la asignación de puestos clave a personas sin la preparación adecuada no solo daña la eficacia del Gobierno, sino que corrompe la confianza de la ciudadanía en sus líderes.
El uso del Estado como plataforma de beneficios particulares compromete seriamente los principios constitucionales. La función pública no puede convertirse en una empresa familiar ni en un mecanismo de retribución política. En un Estado democrático y constitucional, los recursos y cargos públicos deben estar al servicio de los intereses colectivos, no de intereses privados ni clientelares, recordando al mandatario que sus “famiempresas” solo degradan el Estado social de derecho.
