Opinión
La urgencia de una política energética integral en Colombia
La situación energética en Colombia ha llegado a un punto crítico.
Al revisar los datos de las proyecciones del sector eléctrico, a partir de 2026, la capacidad de generación de energía firme podría ser insuficiente para cubrir la demanda. Si fenómenos climáticos como El Niño o las sequías severas coinciden, el país podría enfrentar, en los próximos años, un riesgo de racionamientos de energía. Estos escenarios no son advertencias catastrofistas, sino un diagnóstico respaldado por datos que requiere decisiones inmediatas del Gobierno.
Durante 2023 y parte de 2024, los embalses, responsables de gran parte de la generación eléctrica, estuvieron en niveles críticos. En abril se reportaron valores por debajo del 30 % y, en septiembre, apenas alcanzaron un 50,19 %, una cifra inferior a los promedios históricos. Este déficit indujo la intensificación del uso de carbón térmico en el país. Este panorama denota la fragilidad de la matriz energética de Colombia, que depende en gran medida de fuentes hídricas, vulnerables a la variabilidad climática.
Sin embargo, no se trata sólo de condiciones ambientales. Según Acolgen, la incertidumbre normativa y la lenta implementación de proyectos de generación agravan la circunstancia. Los anuncios inconsistentes, las normativas poco claras y los actos administrativos han minado la confianza de los inversionistas, justo en un momento en que el país necesita atraer recursos para fortalecer su sistema energético.
El panorama del gas natural no es menos preocupante. Las cifras del Gestor del Mercado confirman que no habrá suficiente gas local para cubrir la demanda esencial e industrial en 2025 y 2026. Este déficit no solo afecta a los hogares, donde 36 millones de colombianos, principalmente de estratos 1, 2 y 3, dependen de este recurso, sino también al sector industrial y al transporte público, que enfrentan mayores costos y el riesgo de volver a combustibles más contaminantes.
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Para evitar una crisis energética que afecte profundamente al país, el Gobierno debe tomar medidas inmediatas y efectivas. Entre las acciones más urgentes, se necesita generar confianza en el mercado energético. Esto se consigue si se reduce la incertidumbre normativa y se evitan las decisiones que afectan la confiabilidad del sistema, como una eventual intervención en los precios de bolsa. Además, se debe impulsar la diversificación tecnológica, al reconocer que cada fuente de energía aporta atributos complementarios y apoyar el desarrollo de tecnologías renovables, térmicas y de almacenamiento.
Es igualmente necesario asegurar el suministro de gas natural, implementando medidas para flexibilizar la comercialización y resolviendo los cuellos de botella en la logística de transporte. Desafortunadamente, el Gobierno nacional ha decidido apostar por impulsar la importación de gas natural licuado, el cual tiene mayores emisiones y mayor costo que el gas natural nacional. También se deben realizar nuevas subastas de expansión para garantizar que la capacidad instalada sea suficiente para cubrir la demanda en escenarios adversos. Por último, se debe promover el ahorro y la eficiencia energética mediante campañas educativas, estableciendo incentivos para quienes reduzcan la demanda.
El Gobierno tiene la responsabilidad de liderar con visión y decisión, pero también necesita la colaboración de todos los actores del sector energético, de las empresas y de la ciudadanía. Solamente una perspectiva integral, que priorice la resiliencia del sistema y la transición hacia una matriz más diversificada, podrá garantizar un futuro energético seguro para Colombia.
El momento para actuar es ahora. Cada día que se difiere la toma de decisiones estratégicas, el país se acerca más a un punto de inflexión en su capacidad de garantizar energía confiable y asequible para todos los ciudadanos.
