Colombia enfrenta una emergencia climática de gran magnitud justo cuando la institucionalidad encargada de prevenir y mitigar desastres atraviesa una crisis de credibilidad derivada de hechos de corrupción. En ese escenario, el debate público ha tendido a desplazarse hacia la confrontación política y el intercambio de responsabilidades, en lugar de concentrarse exclusivamente en la conducción ejecutiva y la coordinación eficaz que impone la tragedia. Configurando la paradoja central: un país en emergencia mientras la agenda política ocupa el primer plano.
El país afronta una grave situación derivada de lluvias e inundaciones. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han reportado 165 eventos en 18 departamentos y 123 municipios, con al menos 170.000 personas afectadas, no solo en sus viviendas, sino en su economía familiar, así como en sectores estratégicos como la ganadería, relevante para la producción nacional. Estas cifras evidencian la amplitud territorial del impacto y la presión simultánea sobre las capacidades locales de respuesta. Aunque estos fenómenos han sido recurrentes y Colombia parece haberse habituado a convivir cada año con episodios similares, la coyuntura actual presenta particularidades que no pueden pasar inadvertidas.
Las inundaciones no son un fenómeno nuevo. Entre 2010 y 2011, bajo el fenómeno de La Niña, más de tres millones de personas resultaron afectadas, lo que dejó al descubierto la fragilidad del ordenamiento territorial y la insuficiencia de las obras de mitigación. A partir de esa experiencia se fortaleció la arquitectura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con el propósito de evitar que la historia se repitiera. El diagnóstico estructural existe desde hace más de una década y ha sido reiterado por la Contraloría General de la República: el país sigue invirtiendo más en reacción que en prevención.
Es innegable que el cambio climático ha intensificado la frecuencia y severidad de estos eventos. Sin embargo, también existen responsabilidades concretas en los niveles nacional y territorial. Los planes están diseñados, las zonas de amenaza, identificadas y las obras prioritarias, técnicamente definidas. Lo que ha faltado es continuidad, ejecución eficaz y voluntad política para convertir los diagnósticos en intervenciones sostenidas.
Esta coyuntura se agrava porque la entidad rectora del sistema, la UNGRD terminó envuelta en lo que ha sido señalado como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a altos exfuncionarios por presuntas irregularidades contractuales relacionadas con adquisiciones de emergencia, y existen órdenes de captura contra otros implicados, algunos de los cuales están fuera del país mientras avanzan los procesos.
En semejante escenario de emergencia, la opinión pública volvió a quedar sorprendida al difundirse fotografías del presidente Petro en una visita inesperada al Parque Nacional Natural Gorgona, imágenes que evocaron episodios anteriores en Panamá y generaron controversia por su carácter aparentemente ajeno a la agenda oficial. La comparación resultó inevitable: mientras vastas regiones del país naufragaban bajo una ola invernal que arrasa viviendas, cultivos e infraestructura, el foco del liderazgo nacional parecía situado lejos del epicentro de la tragedia.
El discurso posterior del presidente no solo fue insuficiente: confirmó un patrón. En lugar de asumir la conducción integral de la crisis, el énfasis volvió a centrarse en deslindar responsabilidades y trasladar la carga política hacia gobernadores y alcaldes, en un tono que rozó la displicencia. Si bien los mandatarios locales son la primera línea de respuesta, dependen del respaldo técnico, logístico y presupuestal del nivel central. Exigirles que enfrenten solos una emergencia de esta magnitud no es descentralización: es eludir la responsabilidad política que corresponde a la Nación.
Esa misma lógica se evidenció durante la visita a la zona más afectada. En lugar de concentrarse en anuncios concretos —recursos claramente asignados, cronogramas precisos y responsables definidos para la reconstrucción—, el mensaje se desvió hacia asuntos periféricos y consideraciones ajenas a la urgencia del momento. Llamó particularmente la atención que buena parte de las intervenciones estuvieran orientadas a insinuar responsabilidades en el entorno del candidato outsider que hoy lidera las encuestas, pese a que no tiene función ni competencia alguna en la gestión del riesgo ni en la operación de la infraestructura cuestionada.
Sin estudios concluyentes ni actuaciones formales que respaldaran tales señalamientos, el foco terminó puesto más en construir una imputación política contra un actor electoral que en detallar la respuesta estatal frente a la crisis. El resultado fue inequívoco: la confrontación desplazó a la gestión y la narrativa electoral ocupó el espacio que debía estar reservado a la conducción ejecutiva de la emergencia.
No se trata de un hecho aislado. El mismo patrón se activa cada vez que la presión pública aumenta. Sucedió recientemente ante un hecho profundamente doloroso: la muerte del menor Kevin Acosta por la falta de un medicamento indispensable para tratar su hemofilia. En lugar de asumir la grave afectación que su propio manejo ha provocado en el sistema de salud y de abrir una revisión estructural sobre las fallas institucionales, el énfasis oficial se desvió hacia insinuaciones sobre una supuesta falta de control por parte de su familia. Ese traslado de responsabilidad hacia un hogar humilde no solo ha generado un profundo malestar nacional, sino que ha sido percibido como un intento de eludir la obligación indelegable del Estado de garantizar el acceso oportuno a tratamientos vitales. Mientras se ponen bajo escrutinio a quienes padecen la tragedia, vuelve a aplazarse el debate de fondo: las deficiencias estructurales del sistema y la responsabilidad directa del gobierno en su conducción.
En una emergencia no hay espacio para discursos ni cálculos políticos. Cuando la entidad encargada de prevenir está erosionada por la corrupción, la reacción se percibe tardía y la tragedia se convierte en escenario de confrontación, queda en evidencia que la prioridad no ha sido gobernar, sino narrar. La gestión del riesgo exige transparencia, planeación y ejecución inmediata, con una separación absoluta entre la acción de gobierno y la campaña permanente. Si eso no ocurre, no solo se desdibuja la promesa de transformación: se compromete la credibilidad del Estado. En medio del desastre, la legitimidad no se sostiene con retórica, sino con resultados verificables y con la asunción plena e indelegable de la responsabilidad de conducir la Nación.
