Opinión
La seguridad debe prevalecer sobre la ideología
El Gobierno de Petro ha sido un fracaso autoinfligido, debilitando la institucionalidad, fomentando la corrupción y agravando la crisis de seguridad.
El mayor obstáculo para el proyecto de izquierda en Colombia, ha sido, paradójicamente, Gustavo Petro. Su profundo resentimiento contra la institucionalidad y su obsesión por ajustar cuentas con el pasado han convertido su Gobierno en un ejercicio de confrontación, más que de construcción. No sorprende verlo liderar marchas contra su propia administración, evidenciando su inclinación por la agitación antes que por la gestión. Sus constantes llamadas a la insurrección de las clases populares no solo fracturan aún más la sociedad, sino que también representan una amenaza directa a la seguridad nacional.
El Gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado más por el disfrute del poder que por una buena administración. Su falta de liderazgo y concertación ha generado más de 50 cambios ministeriales, superando a Santos y Duque. La incompetencia y la lealtad política priman sobre el mérito, con funcionarios rotando de un ministerio a otro en un ciclo de interinidad, premiando la mala gestión.
La corrupción y el mal manejo económico han sido sellos distintivos de su administración. Desde los cuestionamientos sobre la financiación de su campaña hasta los escándalos en la UNGRD y los casos que involucran a su propia familia; la opacidad y los manejos irregulares han marcado su mandato. La reciente polémica del caso de Papá Pitufo refuerza la percepción de corrupción en el poder. Además, sus reformas tributarias no han logrado contener el creciente déficit fiscal, mientras que enormes sumas de dinero se destinan a patrocinar su proyecto político, financiando marchas y, más recientemente, impulsando una consulta popular.
La reforma del Gobierno Petro convierte el acceso a la salud en un caos. Lo que antes funcionaba con eficiencia, hoy es un sistema colapsado donde los pacientes, especialmente los adultos mayores, deben soportar interminables filas para la autorización de medicamentos que, en muchos casos, nunca reciben. Al desmontar un modelo que garantizaba cobertura y acceso oportuno, el Gobierno ha dejado a millones de colombianos en la incertidumbre, demostrando que su “solución” ha sido peor que la enfermedad.
El mayor daño del Gobierno de Gustavo Petro ha sido a la seguridad nacional y en el presente Gobierno, la verdad, parece irreversible. Desde el inicio de su mandato, ha desmoralizado a las Fuerzas Militares y debilitado su capacidad operativa, mostrando más afinidad con su pasado guerrillero y tolerancia hacia los grupos armados ilegales.
La entrega de facto del control territorial a los grupos ilegales ha generado un alarmante deterioro en regiones estratégicas como El Plateado (Cauca), el sur de Bolívar, Córdoba, el Magdalena Medio, Arauca, Guaviare, Caquetá y el Catatumbo, entre otros. La Fuerza Pública, con enormes sacrificios, sostiene el esfuerzo principal en una guerra terrorista que instrumentaliza a la población en su contra.
Ante este desolador panorama, es crucial retomar lo fundamental: la defensa y la seguridad nacional son pilares esenciales para el desarrollo del país, al garantizar un entorno estable que fomente la inversión y el bienestar ciudadano. La Constitución establece con claridad que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad de la Policía Nacional (art. 218), mientras que la Defensa de la Soberanía corresponde a las Fuerzas Militares (art. 217).
Frente a la persistente amenaza del terrorismo y el crimen organizado, el marco legal ya permite una estrategia integral y contundente. Mediante Operaciones Conjuntas entre las Fuerzas Militares y Operaciones Coordinadas con la Policía, el Estado puede intervenir con firmeza en los enclaves de rentas criminales, donde convergen la seguridad ciudadana y nacional. Esta cooperación está respaldada por la Sentencia C-100 de 2022 y el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que facultan la aplicación de la Asistencia Militar. Este mecanismo permite fortalecer la presencia estatal en zonas vulnerables, reforzar el trabajo interinstitucional con entes de control y autoridades locales, y garantizar una respuesta efectiva ante las amenazas a la seguridad y la estabilidad del país.
El reto es enorme y exige un llamado urgente a la unión de los candidatos para 2026 en un frente sólido, donde prevalezcan los intereses supremos de una patria en crisis. Es imperativo que estructuren equipos de trabajo con expertos en seguridad y defensa nacional, capaces de diseñar una estrategia firme y efectiva para recuperar el control del territorio. Colombia no enfrenta una guerra ideológica, sino una guerra criminal que exige determinación, voluntad política y mano dura contra todas las estructuras delictivas. En particular, el ELN, que delinque en la frontera con Venezuela como un brazo paraestatal del chavismo, representa una de las amenazas más graves a la seguridad y estabilidad del país.
Por lo tanto, es imprescindible reconfigurar los teatros de operaciones en las zonas críticas del país y retomar el modelo de Operaciones Conjuntas, cuya efectividad ha sido probada en la historia reciente de Colombia. Además, resulta urgente restablecer las relaciones con EE. UU. e Israel para garantizar el suministro de material bélico y el intercambio de inteligencia. En esta misma línea, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) debe reenfocarse en la amenaza externa, especialmente en las fronteras con Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá, así como en actores como Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá. Asimismo, Colombia debe reincorporarse al Grupo Egmont para fortalecer la cooperación internacional en el rastreo de las finanzas del crimen transnacional.
Finalmente, el narcotráfico sigue siendo el principal motor financiero de los Gaos, por lo que se requiere con urgencia una nueva estrategia antinarcóticos y de sustitución de cultivos. Ante la bonanza cocalera de 253.000 hectáreas, se debe implementar un Plan Piloto en zonas críticas como El Plateado, Catatumbo o Tumaco, entre los más críticos. Esta estrategia debe incluir la aspersión aérea, el aumento del pie de fuerza para bloquear insumos y precursores, así como una oferta institucional que impulse cultivos lícitos y mejore la infraestructura vial para su comercialización.
En conclusión, la seguridad nacional debe ser la prioridad del próximo Gobierno. La recuperación del control territorial y la lucha contra las economías ilícitas son fundamentales para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país. De lo contrario, Colombia seguirá atrapada en un espiral de violencia, corrupción e inseguridad que pondrá en riesgo su futuro como nación.
