La ‘paz total’: libertad total para que el microtráfico se consuma a Bogotá

Bogotá es hoy la caja registradora de los grupos criminales, a través del narcotráfico. Estas estructuras lavan más de 20 billones de pesos al año a través de negocios fachada, prácticas ilegales como el gota a gota, algunas actividades económicas y oscuras operaciones digitales.

La justicia, que este Gobierno ha querido politizar, está colapsada; no logra tocar las arterias financieras que mantienen vivo el negocio. En Colombia, la permisividad y la impunidad se convirtieron en el principal activo de los capos.

Nuestra golpeada nación produce hoy cerca del 70 % de la cocaína del mundo, una cifra que debería avergonzarnos como nación. Lo que antes era nuestra mayor preocupación en las zonas rurales de Colombia se convirtió en una metástasis urbana. Cada hectárea de coca sembrada en Norte de Santander, Cauca, Nariño o Putumayo es una sentencia de muerte social para las principales ciudades del país, especialmente para Bogotá: redes de jíbaros al servicio de las estructuras criminales, dosis mortales y miedo generalizado en localidades como Kennedy, Bosa o San Cristóbal.

El narcotráfico ya no es solo un delito aislado: es un cáncer político que corroe la capital. Los parques, antes espacio de niños y familias, hoy son centros de distribución de este veneno. La autoridad parece haber firmado su rendición. Profesores denuncian constantemente la instrumentalización de adolescentes de 13 o 14 años para vender droga entre sus compañeros. El microtráfico está desmantelando el tejido social y robándoles la esperanza a miles de padres que envían a sus hijos a la escuela con el terror de que sean capturados por el vicio.

El auge de los cultivos ilícitos no es casualidad. Es la consecuencia directa de una política que abandonó el territorio y creyó que la seguridad no era importante. En nombre de una etérea ‘paz total’ sin límites ni claridad, y de una política nacional de drogas denominada “sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, que parece que más que sembrar vida enterró la esperanza y cosechó más narcotráfico, es claro que este Gobierno renunció a fortalecer las herramientas de lucha contra el narcotráfico; se sustituyó la presencia militar y policial por discursos vacíos de soluciones y llenos de delirios. El resultado es innegable: más coca, más violencia y más poder para las mafias. Una atomización de la violencia a nivel generalizado. Un paraíso para los cabecillas de los grupos armados que se volvieron gestores de paz; ya no le temen a la justicia y mucho menos a las extradiciones, que ya no son una prioridad del Gobierno.

Mientras la capital sufre las consecuencias del narcotráfico, el régimen de Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, actúa como proveedor logístico y financiero de las rutas que inundan nuestras calles, y su territorio funciona como zona de descanso de los grupos criminales. Ante esa amenaza, el presidente Petro prefiere culpar a Estados Unidos de ‘imperialismo’ y romper los puentes de cooperación internacional que durante décadas sostuvieron la lucha antidrogas. La inclusión de sus aliados en la lista negra de la OFAC no es persecución: es advertencia.

Bogotá es una ciudad donde el crimen se organiza más rápido de lo que opera la justicia. Según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, se han incautado entre enero y septiembre de 2025 más de 3.900 kilogramos de marihuana y más de 2.700 de cocaína; esto es una muestra clara del riesgo en que están nuestros hijos; sin embargo, no es clara la eficacia de la justicia con las personas que hacen parte de esta cadena criminal.

Colombia necesita un giro total en su política antidrogas:

1. Acción conjunta, para devolver las capacidades a las Fuerzas Armadas y así garantizar el control territorial que la ideología les arrebató.

2. Inteligencia financiera, para golpear con precisión quirúrgica las redes de lavado y el patrimonio de los capos.

3. Cooperación internacional, para reconstruir la alianza estratégica con Estados Unidos y los socios que entienden que esta guerra no se gana con consignas, sino con resultados.

Cada cultivo de coca en el país, cada laboratorio de producción de cocaína es una esquina perdida en Bogotá y en otras ciudades capitales. Si el Estado y el Gobierno no actúan con decisión, el narcotráfico no solo será un delito, sino que se convertirá en el verdadero poder en la sombra que gobierna desde Bogotá y no se tendrá retorno. Y cuando eso ocurra, ya no hablaremos de paz total, sino de rendición total.