La papeleta espuria de la constituyente

Eduardo Montealegre lo dijo sin rodeos. En las elecciones de marzo meterán la papeleta para que “el pueblo vote” por una Asamblea Nacional Constituyente. No será producto del consenso ni de los procedimientos legales previstos en la Constitución del 91. Lo que están anunciando es un golpe de Estado con disfraz democrático.

Pretenden imponer una constituyente sin pasar por el Congreso, sin el control de la Corte Constitucional y sin respetar el ordenamiento jurídico vigente. Su objetivo es claro: tomar el control total del país y eliminar cualquier oposición, contrapeso o límite institucional.

Quieren rediseñar el Estado al gusto del petrismo, destruyendo la separación de poderes y abriendo el camino para una dictadura prolongada. Una vez más, el discurso del “pueblo soberano” es manipulado para justificar lo injustificable.

El libreto no es nuevo. Así empezó Hugo Chávez en Venezuela. Convocó una constituyente paralela, sin control institucional, para reescribir el país a su antojo y enterrar toda posibilidad de oposición legítima. Lo hizo con la complicidad de figuras como Diosdado Cabello, quien se encargó de consolidar el aparato represivo, autoritario y clientelista que mantiene a Maduro en el poder hasta hoy. En Colombia, ese papel lo está representando Eduardo Montealegre, un operador político con disfraz de jurista, contratista del régimen y sepulturero del Estado de derecho, que pretende ser el Diosdado Cabello colombiano al servicio de Petro.

Montealegre —exfiscal general de la Nación, hoy contratista y a la vez ministro de Justicia— ha salido a justificar públicamente esta maniobra ilegal. Habla de una “autoconvocatoria popular” para legitimar una constituyente sin Congreso y sin Corte. Pero lo que realmente promueve es un atajo para consolidar una dictadura y perpetuar a Gustavo Petro en el poder, sin contrapesos, sin oposición y sin institucionalidad.

Aunque Petro hizo parte del grupo terrorista M-19, uno de los miembros que participó en la Asamblea Nacional Constituyente, la realidad es que no fue uno de los 73 miembros que lideraron la elaboración de la Constitución de 1991. Paradójicamente, ahora, esa misma carta magna —que nació del espíritu de la reconciliación y la democracia— le resulta incómoda. Porque consagra principios que él busca desmantelar: la separación de poderes, el equilibrio institucional, los controles judiciales y la defensa de los derechos ciudadanos.

La Registraduría ya le cerró la puerta a su consulta popular. El Consejo de Estado suspendió cautelarmente el decreto con el que pretendía imponerla. El Congreso no le va a dar vía libre. Por eso recurre a la narrativa de crisis, a la desestabilización con apoyo de grupos narcoterroristas y al uso sistemático de la confrontación para alegar que no hay garantías electorales de cara a 2026.

Y en el centro de esta maniobra está la papeleta espuria de la constituyente. Un mecanismo ilegítimo que no tiene sustento jurídico, que viola el orden constitucional y que busca imponer un rediseño institucional por fuera de los canales democráticos. No es un ejercicio de participación ciudadana, es una fachada para consolidar el poder total. Es la herramienta con la que el régimen quiere eliminar la oposición, silenciar la justicia y enterrar la separación de poderes.

Todo este clima de tensión, violencia e incertidumbre no es casual. Es parte del plan. Petro sabe que nada de lo que pretende será aprobado porque las instituciones —a pesar de los ataques— siguen siendo lo suficientemente sólidas para impedir que Colombia caiga en el modelo chavista. Por eso necesita destruirlas desde adentro, mantener al país en estado de agitación permanente, manipular el lenguaje democrático para imponer su voluntad autoritaria y justificar lo injustificable.

Así como Chávez convirtió una constituyente en el inicio de su dictadura, Petro pretende lo mismo. Y con Montealegre como su escudero legal, su Diosdado Cabello criollo, el riesgo para Colombia es inminente. La historia ya nos mostró cómo empieza. Lo que está en juego es evitar que también nos muestre cómo termina.

Ñapa: Lo ocurrido la semana pasada en La Alpujarra fue un hecho gravísimo. Gustavo Petro subió a la tarima a delincuentes que estaban presos y le dio el micrófono al criminal alias Vallejo. No fue un acto simbólico, fue una amenaza directa contra el alcalde Fico Gutiérrez, varios concejales de Medellín y todos los que piensan distinto. ¿Estamos presenciando una alianza entre el Ejecutivo y estructuras mafiosas? Si esto no es una advertencia de lo que se viene, ¿entonces qué?

Montealegre tiene mucho que explicarle al país sobre por qué se permitió la liberación de esos bandidos para que asistieran al evento. Una congresista como Isabel Zuleta no tiene esas facultades. ¿Quién dio realmente la orden?