La oportunidad para que la Corte Suprema haga historia

Si algo está claro con respecto al actuar del Gobierno Petro es que reta la línea divisoria de poder que separan sus atribuciones como rama Ejecutiva y las de los demás actores sociales.

El presidente ha pretendido de modo recurrente tomarse los campos de acción de la rama Legislativa, legislando por decreto lo que le niegan senadores y representantes en la Cámara.

Pretende desconocer esta rama del poder público cuando, por medio de consultas populares politiqueras, reta las decisiones tomadas por las comisiones constitucionales que le niegan sus reformas, en particular la laboral.

Al rechazo legítimo del senado a su reforma a la salud, responde con el ‘shu shu shu’, equivalente a destrozar el sistema mediante instrucciones precisas del Estado de no pagar sus deudas a los agentes del sistema.

Si por el Legislativo llueve, por los lados del poder Judicial no escampa. El presidente se ha negado a cumplir órdenes judiciales legítimas, emitidas por los órganos más importantes de esta rama, como los de la retransmisión de los consejos de ministros, haciéndoles el quite con interpretaciones mundanas.

Cuando la justicia le exige al presidente que cumpla con sus obligaciones de rectificación a las múltiples aseveraciones temerarias que emite, la ignora, como si no fuese él el primer obligado a cumplir la ley.

El Gobierno también ha abusado de estados especiales como el de conmoción en el Catatumbo. Si bien lo utilizó para implementar nuevos impuestos a la población que le había negado el Congreso en su fallida reforma tributaria, los fondos que ha recaudado no han sido utilizados para que el Estado retome control territorial en este departamento donde hoy manda la guerrilla.

Sin embargo, estos intentos del Gobierno Petro de desconocer el orden constitucional con respecto a las otras ramas del poder no son los más peligrosos. El ministro de Salud, de manera pública, manifestó que la patria potestad de los hijos no es de los hijos sino del Estado, en lo que, sin un control constitucional apropiado, podría afectar a millones de padres y madres a nivel nacional.

Recientemente, la Dian solicitó a Ecopetrol el pago del IVA de importación de combustibles, en lo que constituye una reforma tributaria por la puerta de atrás que sin la intervención de las cortes se hará una realidad, afectando de muerte la empresa que más contribuye a las finanzas públicas del país.

Colombia, a raíz del ataque constante del Gobierno a las instituciones, necesita de manera prioritaria que los pesos y contrapesos constitucionales funcionen. De lo contrario, el gobierno en sus lanzadas díscolas podría, como lo ha intentado decenas de veces, afectar letalmente los derechos de los colombianos consignados en la Constitución del 91.

Colombia necesita una Corte Constitucional conformada por magistrados ajustados al derecho y no activistas, que tengan en su cabeza las prioridades de los colombianos y no los caprichos de un mandatario de turno seriamente cuestionado en su capacidad personal de actuar y decidir (recomiendo ver la excelente película El motín del Caine, filmada en 1954, para ilustrar la situación actual del presidente).

Los embates del Gobierno para tomarse la corte han sido hasta ahora efectivos. Recientemente, el Senado nombró a Vladímir Fernández, cuya principal característica no es su bagaje jurídico, sino su cercanía con el presidente Petro, como magistrado de la Corte Constitucional, mediando una coima de tres mil millones a su presidente Iván Name.

El descache en este nombramiento fue puesto en evidencia en una decisión considerada trascendental para los intereses del presidente de la República e impulsada por el magistrado Fernández, que suspende, de manera provisional, la investigación que cursa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la campaña de Petro en 2022, por aparente sobrecosto en $ 5.355 millones.

Por eso, ahora que tres miembros de la Corte Constitucional deben ser reemplazados en el curso de este año, es importante que prime su carácter jurídico y no político. Por lo tanto, una responsabilidad enorme y trascendental le cabe a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la selección de este jueves de la terna de candidatos para reemplazar al primer magistrado, sobre todo teniendo en cuenta el poder corruptor que el Gobierno ha demostrado en el Legislativo.

Señores magistrados de la Corte Suprema, sobre sus hombros recae la defensa del Estado, de derecho del país y de los derechos de sus ciudadanos.