Desde el 3 de abril de 2025, Jaime Andrés Cuellar ocupa el cargo de Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, siendo responsable de la política de endeudamiento del país, la gestión del Tesoro y las relaciones con inversionistas y organismos multilaterales. Durante su gestión, con el propósito de incrementar el endeudamiento de la nación, ha implementado cambios significativos en el costo y el perfil de la deuda pública. Asimismo, realizó operaciones de canje y manejo de pasivos que modificaron los vencimientos y diversificaron la composición de la deuda a través de emisiones en euros y coberturas en francos suizos.
Previo a su llegada, Colombia había emitido bonos en un contexto de bajas tasas, lo que permitió acceder a condiciones de financiación sumamente favorables a largo plazo: un verdadero nirvana para un país que busca estabilidad en el costo de la deuda. Sin embargo, las presiones generadas por la administración Petro, a través de la aprobación de presupuestos desfinanciados y un crecimiento desmedido del gasto, que vio un aumento del presupuesto público de aproximadamente 300 billones de pesos a 550 billones, obligaron al Gobierno a buscar fondos adicionales mediante endeudamiento. Se estima un déficit cercano a 100 billones de pesos que dejó al Estado en una situación precaria.
Los analistas en la materia no estaban ajenos a esta realidad. El Congreso se opuso a aprobar el presupuesto, y ante esta negativa, el Gobierno, en un acto unilateral e irresponsable, decidió levantar los límites de endeudamiento establecidos por la regla fiscal, abriendo así la puerta a un endeudamiento desmedido.
Asesorado por prestigiosos bancos de inversión que siempre están en busca de oportunidades para obtener altos rendimientos, Cuellar optó por cambiar deuda a largo plazo por más deuda a largo plazo, manteniendo constantes los pagos de intereses e incrementando así el total de la deuda para que el Gobierno pudiera gastar más. Esta estrategia despertó alarmas entre los expertos, quienes enfatizaron un riesgo crucial: la deuda a corto plazo requeriría refinanciamiento, y dado el nuevo endeudamiento y el descontrolado gasto del Gobierno, los pagos de intereses a largo plazo aumentarían significativamente.
El momento crítico se presentó cuando, entre el 17 de noviembre y el 9 de diciembre, el Gobierno realizó cuatro colocaciones de TES por un total de 900 mil millones de pesos, logrando una tasa promedio del 10,4%. Sin embargo, en un intento posterior, el 16 de diciembre, de colocar otros 900 mil millones, solo logró colocar 380 mil millones por falta de apetito del mercado.
Así las cosas, el Gobierno, fuera del marco habitual de subastas competitivas, colocó 23 billones de pesos a un comprador fantasma, ubicado como el quinto tenedor más grande de bonos en Colombia, superando a entidades como Provenir (98 billones), Protección (72 billones) y Colfondos (26 billones), y precediendo a países como los Países Bajos, Noruega y Singapur en monto. El problema radica en que este comprador no identificado recibió una tasa cuarenta puntos básicos mayor que los otros tenedores de TES, en una transacción que merece una revisión exhaustiva por parte de la Contraloría y la Procuraduría, dado que es lesionadora de los intereses del Estado.
Además de estas colocaciones, el Estado colombiano ha emitido bonos en el mercado internacional y ha monetizado los dólares obtenidos de estas operaciones, lo que ha generado, a través de la ley de oferta y demanda, una apreciación del peso colombiano, a pesar del contexto financiero global adverso.
Las decisiones tomadas por el astuto operador financiero Cuellar, oriundo de la tierra del bunde y el bambuco, tendrán repercusiones en las finanzas del país durante un extenso periodo, no al ritmo sereno de la música tolimense, sino al estridente compás del hard rock metalero, en lo que será recordado como la era en que Colombia dejó a un lado la seriedad fiscal.
