La gallardía de renunciar a la prescripción

En la vida pública, pocas decisiones logran romper con los lugares comunes y envían mensajes tan claros como la que tomó recientemente el expresidente Álvaro Uribe: renunciar a la prescripción de su proceso penal. En un país acostumbrado a ver cómo los poderosos se escudan en tecnicismos jurídicos o dilatan procesos hasta que el tiempo los archiva, esta determinación no solo sorprende, sino que también merece una reflexión profunda.

La prescripción, que debía cumplirse el próximo 16 de octubre de 2025, era la salida fácil y perfectamente legal para que el caso se extinguiera sin necesidad de un pronunciamiento judicial de fondo. Bastaba esperar unas semanas y la justicia, limitada por los plazos, tendría que declarar cerrado el expediente. Sin embargo, el expresidente Uribe decidió ir en contravía de ese camino fácil. Prefirió que el Tribunal Superior de Bogotá pudiera pronunciarse con serenidad, analizar las pruebas con detenimiento y decidir en derecho.

“Renuncio a la prescripción para que la Sala pueda decidir en derecho, con serenidad y con la prueba en la mano”, dijo el expresidente. Además, reiteró que la condena en primera instancia era “equivocada e injusta”. Más allá de las simpatías o antipatías políticas que despierta su figura, la frase deja ver algo inusual: la voluntad de un líder de someterse sin atajos al escrutinio judicial, incluso cuando la ley le ofrecía una salida rápida.

Este gesto tiene varias lecturas. En primer lugar, es un acto de confianza en su inocencia. Quien teme a la justicia busca salidas alternas; quien cree en su causa, enfrenta el proceso con la frente en alto. En segundo lugar, es un mensaje político: el expresidente Uribe le dice al país que no tiene miedo a la verdad y que prefiere una decisión de fondo, incluso en un escenario adverso, a cargar con la sombra de la prescripción. Y, en tercer lugar, es una lección de carácter: la política necesita gestos que devuelvan credibilidad en medio de la crisis de confianza que atraviesan las instituciones en Colombia.

Algunos críticos podrán argumentar que se trata de una estrategia, que la renuncia a la prescripción es apenas un cálculo para recuperar legitimidad. Y, aunque no lo creo, incluso como estrategia, el efecto es claro: obliga a los jueces a pronunciarse sobre el fondo, a revisar las pruebas y a entregar una decisión que quedará registrada en la historia judicial del país. Eso, en sí mismo, fortalece la institucionalidad.

Porque el verdadero problema en Colombia no es solo que existan procesos judiciales contra dirigentes políticos, sino que una parte de la ciudadanía siente que nunca se llega al fondo de las cosas. Que los expedientes se cierran por caducidad, que las investigaciones se dilatan, que las decisiones se vuelven eternas. Esa percepción erosiona la fe en la justicia y alimenta la narrativa de la impunidad. Al renunciar a la prescripción, el expresidente Uribe envía un mensaje en sentido contrario: aquí no habrá archivo por vencimiento de términos, aquí habrá decisión.

La gallardía de este acto radica en lo que implica para la vida pública. Gallardía no es solamente valentía, es también coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El expresidente Uribe ha sostenido por años que es inocente. Ahora, en lugar de buscar un atajo legal para evitar el fallo, decide abrir la puerta para que la justicia lo diga de manera clara. Ese gesto, guste o no, tiene un valor político que trasciende lo jurídico.

Colombia necesita líderes que no teman dar la cara, que no huyan de los procesos, que no se escondan detrás de leguleyadas.

La renuncia a la prescripción no borra el debate político ni las diferencias que suscita la figura de Uribe, pero sí marca una línea de conducta que debería ser ejemplo: enfrentar los procesos con decisión, sin buscar atajos, sin desviar a la justicia.

En un país donde tantos han preferido callar, esconderse o esperar que el tiempo haga su trabajo, este paso tiene un efecto pedagógico: recordar que la justicia existe para esclarecer, no para evadir; que los procesos no se deben agotar en el calendario, sino en la verdad; y que el liderazgo político se demuestra también en los momentos más difíciles, cuando toca poner la reputación personal por encima de la comodidad jurídica.

Renunciar a la prescripción es, en últimas, un acto de confianza en las instituciones. Un mensaje para los jueces, pero también para la ciudadanía. Y es, sobre todo, un recordatorio de que la política todavía puede dar ejemplos de transparencia y de coherencia.

En un tiempo donde abundan los discursos vacíos, esta decisión habla por sí misma. Aquí no solo hay transparencia y honestidad, aquí hay gallardía. La gallardía de enfrentar los procesos de frente, sin desviar la justicia, confiando en la verdad y en la inocencia.