La farsa democrática del Pacto Histórico

El pasado 26 de octubre se llevó a cabo la denominada consulta del Pacto Histórico, un ejercicio que, según su convocatoria, buscaba definir un candidato presidencial y los aspirantes al poder Legislativo. Este mecanismo fue presentado ante la ciudadanía como una expresión genuina de participación democrática, un espacio para que el ‘pueblo’ determinara quiénes habrían de representarlo en el próximo cuatrienio. Sin embargo, los hechos evidenciaron una realidad distinta: una puesta en escena política que terminó por desvirtuar los principios fundamentales del sufragio libre y transparente.

Lo que se anunció como una movilización masiva del pueblo terminó convirtiéndose en una muestra más de dedocracia, donde la voluntad ciudadana fue subordinada a intereses particulares y a las decisiones de la casta política de la izquierda radical. Por el contrario de lo que esperaban los electores, salió a relucir el nombre de María José Pizarro, quien no participó en la consulta, pero sí encabezará la lista al Congreso de la República, reafirmando que al Pacto nunca le ha interesado la voluntad del pueblo. En este punto resulta inevitable cuestionar cuál es el verdadero sentido de adelantar una consulta si, al final, los nombres de quienes integrarán las listas ya se encontraban definidos de antemano.

La consulta adelantada el pasado domingo, solo destruye la democracia participativa. El único fin aparente fue derrochar recursos públicos, mientras se instrumentalizaba a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Resulta evidente que el verdadero propósito de esta consulta no fue la consolidación de un proyecto democrático, sino la recolección de información electoral y la medición del caudal político del oficialismo, utilizando para ello los recursos estatales y las instituciones. No existe justificación alguna para destinar cerca de 193.000 millones de pesos del erario a un ejercicio que, bajo la apariencia de participación soberana, carece de legitimidad y eficacia política.

Los resultados electorales hablan por sí solos: el proyecto político del mal llamado ‘cambio’ sufrió una reducción significativa en su respaldo popular, pasando de 5.5 millones de votos en 2022 a tan solo 2.8 millones en la reciente jornada. Esta disminución del casi 50 % no solo evidencia un desgaste de legitimidad, sino también un claro mensaje del electorado, que ya no confía en las promesas incumplidas ni en la manipulación institucional del voto.

Pese a la pérdida del apoyo ciudadano, el actual gobierno continúa recurriendo a la cooptación burocrática y al uso de recursos públicos como instrumentos de control político. Lo anterior conduce a una inevitable realidad: la izquierda, a pulso y fuerza de burocracia y clientelismo rampante, logró consolidar una propuesta política que, aunque inocua y vacía de contenido, se mantiene vigente de cara a los comicios de 2026.

Ante este panorama, la oposición democrática tiene el deber histórico y moral de asumir un papel propositivo y responsable. Es momento de articular un proyecto político sólido, respetuoso del orden jurídico y de la voluntad popular, que recupere el rumbo institucional del país y restablezca la confianza ciudadana de cara al proceso electoral de 2026. Solo mediante la unidad, la coherencia programática y el respeto por la democracia representativa será posible contrarrestar los abusos del poder y defender los principios esenciales de nuestra República.

Colombia debe despertar y reconocer la urgencia de un liderazgo con visión de Estado, capaz de detener el deterioro institucional y social que ha caracterizado al actual desgobierno. Es imperativo poner fin a esta etapa de descomposición democrática, que amenaza el Estado social de derecho.

Hoy más que nunca, se requiere la unidad de quienes creemos en el progreso del país, en el respeto a los principios constitucionales y en la defensa de la voluntad popular como expresión suprema de la soberanía. Solo así podremos superar el falso ‘pacto’ que, paradójicamente, ha traicionado todos los pactos con el pueblo colombiano.