La explosión fiscal del gobierno más alcabalero del siglo

En 2018, Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentaron una ley de Financiamiento, que extendía el IVA a 107 productos de 181 de la canasta familiar, para bajar la tarifa del impuesto de renta a los inversionistas al 30 por ciento y en algunos casos al 27. Se cayó por vicios de trámite y, en su reemplazo, se expidió la Ley de Crecimiento Económico de 2019.

Como resultado, los impuestos indirectos, el IVA y sus similares, el de consumo, los impuestos “verdes”, a combustibles, bebidas azucaradas, 4 x 1.000 y aranceles, contribuyeron con 53 por ciento del recaudo total, por encima de los directos, como los de renta y patrimonio. Estas reformas sustrajeron 10 billones de pesos a la economía nacional.

En 2020, la pandemia trajo muertes y enfermos, desempleo, caída económica, cierre productivo y hambre. El Gobierno Duque disparó el gasto por varias vías, en particular por el endeudamiento público, que creció ese año de 501 billones de pesos a 606, representado en una variación del 48 al 60 por ciento del PIB (Banrep).

En 2021, Carrasquilla presentó la reforma tributaria, Ley de Solidaridad Sostenible, por 33 billones de pesos, para cubrir el exceso de gasto que no se causó exclusivamente por la pandemia. Una avalancha de tributos contra las clases de ingreso medio y bajo, como el IVA para 83 nuevos bienes y servicios por 10,5 billones; la incorporación al pago del impuesto de renta del 35 por ciento de los trabajadores formales con más de 2 millones de pesos de salario mensual; el gravamen a las pensiones y el impuesto al carbono a los combustibles, vehículos automotores, plásticos y fertilizantes. No quedó títere con cabeza, pese a la promesa de gastar la mitad en políticas sociales.

Como reacción, el 28 de abril de 2021 estalló un paro nacional que movilizó en 800 municipios a más de dos millones de personas y trajo enfrentamientos con un saldo de 67 muertos, 2.149 heridos entre población y fuerza pública, 789 casos de violencia policial, 1.649 detenciones arbitrarias, miles de millones de pesos en daños a bienes públicos y privados, y todo tipo de violencias que concluyeron en julio.

Duque remató con otra reforma tributaria, esta vez del ministro José M. Restrepo, por 15 billones, que dejaba fuentes permanentes por 11 y el endeudamiento público (que recibió en 2018 en 450 billones) en 805 billones. Los intereses pagados por los TES de deuda a diez años subieron en el cuatrienio del 6,99 por ciento al 11,61 (MinHacienda).

No fue obstáculo para que Petro y el ministro Ocampo en 2022, en obediencia al FMI, expidieran una reforma de 80 billones en cuatro años con el voto de los partidos de Gobierno y los “independientes”. Incluyó más de 15 billones en impuestos al “pueblo” (al consumo de alimentos, como la arepa de maíz, la energía y otros “verdes”), el monto final se redujo a casi 72 por el fallo de la Corte Constitucional sobre las regalías.

El ministro siguiente, Ricardo Bonilla, también en acatamiento al FMI, decretó un alza del galón de gasolina de 9.180 pesos a 15.570 pesos y, con el incremento de 800 pesos en el galón de ACPM, recogió 26 billones de pesos en un año. Los 100 billones por esas dos vías no fueron obstáculo para que el tercer ministro, Diego Guevara, por la conmoción interior decretada por el Catatumbo, les impusiera 3 billones más a los contribuyentes por IVA a juegos en línea, el timbre y otra sobretasa a los combustibles.

Con el cuarto ministro, Germán Ávila, llegó el decreto 0572, que adelanta para 2025 la retención en la fuente de 2026 con nuevas tarifas y montos mínimos para vendedores de bienes y servicios. Así avanza 7 billones y proyecta una nueva reforma tributaria –que tocará el IVA– por 19 billones. Más regresividad en el Gobierno del “cambio”, al que nada le alcanza, es el mayor alcabalero del siglo XXI. El endeudamiento, que a la fecha se acerca a los 1.084 billones, ha crecido 279 billones en 34 meses del Gobierno Petro, al golpe de 8,2 billones de pesos mensuales (MinHacienda). Entre créditos y tributos le han ingresado 350 billones, pero se esperan un déficit fiscal de -7,1 por ciento del PIB para 2025 y necesidades de financiación por 198 billones más.

Ávila no piensa cerrar las dos venas rotas: los gastos personales de funcionamiento, la nómina más 374.000 contratistas, que entre 2022 y 2025 pasaron de 37,9 billones de pesos a 60,1 (MinHacienda, PGN), el 27 por ciento por encima de la inflación y el pago del servicio de la deuda, cuyos intereses para TES a diez años se treparon en los últimos diez meses del 10,2 por ciento al exorbitante actual del 13, 29 (Banrep).

Petro, que se reclama “el presidente del estallido social”, también lo es de la explosión fiscal. Un título del que sí puede ostentar.