La Dian de Petro quiere arruinar a los cafeteros

El bien público más valioso de la industria cafetera colombiana es la garantía de compra. Los caficultores cuentan con una red que, aunque algunos califican como “autónoma”, cumple el papel de comprador de última instancia al que se puede acudir con la certeza de transar el producto.

Esta red, compuesta por más de 30 comercializadoras de economía solidaria, bajo la figura de cooperativa, entre las 120 empresas compradoras autorizadas, está presente en la mayoría de los municipios productores y tiene cerca de 80.000 cafeteros socios-afiliados.

El sistema conformado evita lo que ocurre en los mercados de la papa, la cebolla, el arroz o la leche, en los que los intermediarios o las industrias procesadoras adquieren o no los productos ofrecidos por los agricultores, según lo dicte el mercado. No, todo el café producido se vende.

La compra se hace a un precio base que depende de batallar a diario en un comercio con variables incontrolables como la volátil cotización del grano verde en las bolsas internacionales de valores, ligada al diferencial frente a otras variedades mundiales y a la tasa de cambio del peso por el dólar. En este riesgoso modelo se deben generar las utilidades.

Entre la incertidumbre, la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) apareció para enfocarse en visitas de inspección, a fin de requerirles a las cooperativas una gran cantidad de información sobre las declaraciones de renta de 2021 a 2024. El objetivo principal es relacionar las compras hechas a cada uno de los caficultores proveedores y conocer las bases de datos en Quindío, Huila, Tolima, Risaralda y Caldas. Hace un proceso de revisión de las supuestas facturas electrónicas que ellos debieron expedir cuando, al hacer sus ventas de café y de más géneros agropecuarios, superaron el tope de 3.500 UVT (174.296.500 pesos), suma factible en decenas de miles de productores rurales.

La Dian ignora que muchos campesinos desconocen los temas tributarios, que carecen de acceso inmediato a internet y a profesionales de la contaduría que los asesoren en la elaboración de ese documento –algo complejo– o que en su mayoría no poseen la formación educativa para cumplir con los requisitos que hoy exige el fisco, de modo que los somete a una forma de violencia cognitiva.

Por ahora, el único resultado conocido es la posible sanción a una cooperativa por aceptar ventas de café sin factura electrónica de los minifundistas –que lo son el 90 por ciento de los caficultores– sin que se conozcan las eventuales penalidades a otras de las ya casi diez inspeccionadas. La multa equivaldría a tres veces su patrimonio, lo que la conducirá a la liquidación y a dejar a la comunidad productora en las manos exclusivas de intermediarios particulares.

La revisión y las visitas de funcionarios no solo abarcaron ese aspecto, también tuvieron un amplio rango de investigación como lo reportado en las contabilidades, la conciliación fiscal, los pasivos financieros del año gravable 2023, entre otros. Con las listas de los vendedores de café que no expidieron factura electrónica para transacciones que sumaron más de 3.500 UVT, la Dian les hará el respectivo requerimiento.

Asimismo, acosa a vendedores y a compradores con aplicar a rajatabla la ley de bancarización, cuando en la mayoría de los 600 puntos de acopio de café, en áreas rurales dispersas, no hay entidades bancarias, lo que obliga a que las operaciones se realicen en efectivo. Con la exigencia de esa “formalidad” –difícil de cumplir– se incrementarán costos y gastos, y se reducirá el exiguo margen del ejercicio de la garantía de compra, estipulada en el contrato de administración del Fondo Nacional del Café, firmado por la Federación y el Gobierno nacional.

Al hostigamiento de la Dian se suman otras desgracias. La financiación, que antes del año 2000 se fondeaba a las cooperativas con comisiones recibidas del Fondo del Café por cada kilo transado, se adaptó al mercado de capitales y solo hay una línea de financiamiento que limita el pago de los créditos, otorgados por esa institución, a desembolsos en especie. Se canjean granos por plata, con onerosos intereses si acaso se incumplen los plazos de compromiso.

Esto sin contar con la creciente competencia ilegal de agentes irregulares con recursos opacos y con el grave cargo pendiente de entrega de 33 millones de kilos que se les impuso a las cooperativas debido a la catástrofe en el mercado de futuros desatada en la pasada gerencia de Fedecafé de Roberto Vélez Vallejo.

¿Qué busca la Dian en la desproporcionada arremetida fiscal contra la garantía de compra del café? ¿Salir de apuros tributarios con la mano en los bolsillos de los Juan Valdez? ¿Beneficiar a las multinacionales? ¿Favorecer a operadores del mercado encubierto? Nada me sería extraño.