La Corte tiene la palabra

Sucedió lo que se preveía: el Ministerio de Salud le hizo ‘conejo´ nuevamente al sistema con relación al incremento de la Unidad de Pago por Capitación y, después de unas muy mal organizadas mesas, le hizo caso al requerimiento de la Corte Constitucional, sin cumplir a cabalidad el mandato de fondo de incrementar la UPC tal como lo había solicitado la honorable Corte Constitucional.

Sin la más mínima solidez en la evidencia, el ministro Jaramillo anunció que la UPC alcanzaba y en su concepto no debe nada y esta es suficiente, luego de un proceso sesgado, donde el propio Ministerio era juez y parte. De nada valieron los argumentos de las EPS, de los pacientes y de los académicos del sector.

Mientras tanto, en las diferentes ciudades y municipios de Colombia la población no para de sufrir diariamente las consecuencias de estas decisiones que evidentemente afectan a los usuarios del sistema de salud. Esto se traduce en procedimientos médicos postergados; fórmulas médicas no suplidas. Se completan más de 1.18 millones de quejas en tan solo el primer semestre de 2025. Las tutelas para el acceso a servicios habían llegado a un nivel récord en la historia del sistema de salud, con un incremento del 16.4 % para mayo de 2025, en comparación al año anterior.

Pero lo peor está aún por venir. El giro directo está llegando a los hospitales de la manera más deficiente desde que se instauró en 2010. Y en los hospitales públicos, supuestos favoritos del Gobierno, la situación es calamitosa. La deuda a hospitales públicos en el Valle del Cauca sumó ¡$ 3.5 billones! En el César llegó a $ 200 mil millones, agravada su situación por los costos de atención a los migrantes no cubiertos por el sistema.

En los departamentos de Antioquia y Caldas, los hospitales públicos se han visto obligados a suspender servicios a la Nueva EPS debido a sus millonarias deudas. El Hospital Universitario Departamental de Nariño suspendió servicios a más de 235.000 afiliados de Nueva EPS como consecuencia de la deuda impaga. El Hospital General de Medellin anunció la suspensión de servicios básicos como anestesiología, cuidado intensivo y pediatría. ¿La razón? También por falta de pago. Alcaldes y gobernadores han tenido que sacar dinero de su bolsillo para mantenerlos a flote mientras el gremio que debería defenderlos, le hace venias al Gobierno.

En los hospitales privados también se ha venido dando una crisis silente pero creciente. Algunos han suspendido servicios, pero la mayoría ha venido comiéndose lentamente sus reservas y ya se escuchan muy preocupantes noticias de despidos de personal, incluso de nivel gerencial y estratégico.

La deuda hospitalaria parece ya superar los 20 billones de pesos. El 55 % corresponde a deudas ya vencidas, lo que demuestra la dimensión del problema. Mientras tanto, el Gobierno ya no tiene a quién echarle la culpa y responsabilizar después de tres años de estar en el poder y más de dos años de asumir la administración del 60 % del sistema, de acuerdo con el número de usuarios.

La situación realmente es crítica: Restando tan solo 11 meses de gobierno es evidente que no van a poder ni rescatarlo, ni avanzar en el nuevo sistema que dicen traer en su reforma. Entretanto, la pregunta es si el sistema actual aguantará en esta curva de deterioro antes del inevitable, colapso buscado por el gobierno, cuyas consecuencias previsibles y posterior rescate le corresponderá asumir, de entrada, al Gobierno que llegue. Esta será su más importante tarea.

Mientras todo esto sucede, los colombianos esperamos que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto. Nunca como ahora el derecho a la salud, consagrado en sus desarrollos constitucionales y soportado en una ley estatutaria, había sido más lesionado. La Corte tiene hoy una gran responsabilidad histórica con el país.