Canossa, el castillo en ruinas del siglo X situado al suroeste de Reggio nell’Emilia, en Italia, es célebre por haber sido el escenario, en 1077, del encuentro entre el papa Gregorio VII y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV. Aquel episodio pasó a la historia por la humillación pública del emperador, quien tuvo que viajar hasta Canossa para pedir, en condición de penitente, que se le levantara la excomunión que pesaba sobre él. Durante tres días aguardó, bajo el rigor del invierno, hasta que finalmente, el 28 de enero, recibió la absolución.
Este acontecimiento, promovido por Matilde de Toscana, condesa de Canossa y férrea defensora del papado, se inscribe en la llamada Controversia de las Investiduras, uno de los conflictos más decisivos entre el poder secular y la autoridad eclesiástica en la Europa medieval. Gregorio VII se alojaba en la fortaleza mientras se dirigía a Alemania con la intención de tomar medidas más severas contra su adversario. Para evitar su deposición, Enrique IV optó por la sumisión ritual, sacrificando su dignidad política en aras de su supervivencia como gobernante.
Aunque aquel acto no supuso una victoria definitiva para el papado, Canossa quedó grabada en la memoria histórica como el símbolo de la subordinación del poder civil frente al religioso. Tanto fue así que, siglos después, Otto von Bismarck, en plena lucha del Kulturkampf contra la influencia de la Iglesia católica en Alemania, sentenció con rotundidad: “Nach Canossa gehen wir nicht” (No iremos a Canossa), para dejar claro que el Estado moderno no se sometería a la autoridad eclesiástica.
Resulta inevitable establecer un paralelismo con el próximo viaje de nuestro presidente a Washington, en busca de una suerte de absolución contemporánea: la salida de la lista Clinton y la cancelación de la visa. Cambian los escenarios, cambian los actores y los instrumentos de poder, pero la lógica subyacente parece inquietantemente similar. Ayer era la excomunión papal; hoy son las sanciones políticas y diplomáticas. Ayer se caminaba descalzo bajo la nieve; hoy se viaja en avión y con comitiva oficial. Sin embargo, el gesto simbólico sigue siendo el mismo: acudir al centro del poder para pedir perdón, rehabilitación y legitimidad.
Los objetivos de Donald Trump, anfitrión de Gustavo Petro en Washington, no son los mismos que los de Gustavo Petro, el presidente colombiano que pidió hace unos meses a las Fuerzas Armadas estadounidenses que desobedecieran a su comandante en jefe. Trump quiere el control geopolítico de la región, para lo cual poco a poco busca amordazar a Colombia entre Ecuador y Venezuela. Para Petro, mientras tanto, el asunto es de supervivencia. Si su candidato, Iván Cepeda, no es electo, es probable, con los múltiples escándalos de corrupción que ha protagonizado su Gobierno, que termine como un paria en la lista Clinton.
La pregunta de fondo es si, al igual que en 1077, estamos presenciando un acto de realpolitik necesario o una escena de sometimiento que compromete la dignidad y la autonomía política. Porque, como nos recuerda Canossa, la historia no solo se repite en los hechos, sino en los símbolos. Y los símbolos, en política, pesan tanto como las decisiones.
