La batalla con los bienes incautados del narcotráfico

El que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Creo que ese es el refrán que más se adapta a la situación que está viviendo hoy la Sociedad de Activos Especiales – SAE. Lo digo porque no es nada distinto a lo que ocurrió con la ya extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Santos, en su momento, mencionó: “Acabo de firmar el decreto mediante el cual se liquida la Dirección Nacional de Estupefacientes. Para el país no es ninguna sorpresa que esta entidad ha venido acumulando problemas de toda índole, que tienen que ver con la corrupción, con la ineficiencia administrativa y la fallida lucha contra el narcotráfico”.

La cuestión aquí es que estas mismas palabras las podría haber dicho el expresidente Duque en su mandato y, peor aún, las podría decir actualmente el presidente Petro.

Es claro y evidente que Colombia no le ha podido ganar la batalla al narcotráfico y mucho menos la batalla a los bienes incautados por este delito. Todo por una sencilla razón y es el cáncer que es la administración de los bienes decomisados; es un canto a la bandera, como decimos popularmente, porque así se nombren depositarios, en la mayoría de los casos, estos terminan siendo unos empleados del delincuente al que le han hecho la extinción de dominio de sus bienes.

Lo sorprendente aquí es que el actual gobierno, que tanto criticó en el pasado el manejo de los bienes de la mafia y de los corruptos, en vez de proponerle al país una nueva forma de administrarlos, se ha dedicado, mucho más, a hacer shows mediáticos con las decisiones que los afectan.

Podemos ver el ejemplo claro de la famosa Hacienda Támesis en el departamento de Córdoba, en donde, con gran parafernalia, nos anunciaron a los colombianos que esta sería restablecida, en términos de entregarles “el derecho de uso” a los campesinos, lo que significaría un hito en la historia del país en tanto se marcaría un precedente para abrir el camino para la destinación de los bienes de la mafia a las familias rurales y más desfavorecidas.

Sin embargo, esto no fue así. Tras más de cuatro meses en los que la Hacienda sigue improductiva y vacía, las más de 50 familias seleccionadas siguen sin recibir ningún derecho sobre la tierra. Fue un anuncio de papel.

Otro caso está ocurriendo con las famosas acciones de la Triple A, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla y 14 municipios del departamento del Atlántico. El actual director suspendido de la SAE, el señor José Daniel Rojas Medellín, en una interpretación errónea, según expresó la Procuraduría General de la Nación, se atribuyó funciones que solo son competencia de un Juez de la República, haciendo declaraciones y tomando decisiones, dignas de un show mediático, sin medir ningún tipo de consecuencias no solo para él, sino para la institucionalidad de la SAE y de la Triple A.

Cada uno de los más de nueve mil inmuebles que administra la SAE y todos los bienes muebles podrían ser un expediente para abrir investigaciones disciplinarias o penales. También serían una buena base para escribir un libro que podría tener como temática “El estado, un claro ejemplo de no saber administrar los bienes incautados”.

Como trato de hacer en otras columnas, no se trata únicamente de hacer oposición, sino, por el contrario, de buscar alternativas para las problemáticas. En este caso, para la correcta administración de los bienes incautados.

Si me preguntasen cuál sería alguna alternativa para salir de esta situación, que penosamente ya vivió la Dirección Nacional de Estupefacientes en lo que tiene que ver con los bienes inmuebles, se debería aplicar una medida jurídica que, mediante resolución del fiscal de conocimiento, permita sacar de circulación el bien incautado. Posteriormente, esta medida debe ser inscrita en folio de matrícula inmobiliaria hasta que un juez de la República tome las medidas definitivas.

Si las decisiones de extinción de dominio sobre un bien mueble (vehículos, cuadros, etc.) se deben dar en un término no superior a treinta días para que se proceda al remate de los mismos mediante subasta pública, los dineros producto de esta venta deben ser depositados en una fiducia que garantice el capital y los intereses del dinero. Así quedan a disposición del juez de conocimiento, quien, mediante providencia, debe determinar si el dinero es devuelto en su totalidad al investigado por exoneración, o, por el contrario, pasa a manos del Estado en razón a la sentencia condenatoria, como lo establece la ley en cada caso.

Se preguntarán si la posesión en los casos de los bienes inmuebles (fincas, casas, apartamentos, etc.) sigue en manos del investigado. La respuesta es sí, salvo que esos bienes hayan sido parte activa de la comisión del delito. Ejemplo, una casa de venta de vicio o finca con laboratorio de producción de estupefacientes. En estos casos, el juez de conocimiento deberá proceder a ordenar inmediatamente el remate del bien y los dineros recibidos pasarían a manos del Estado.

A las sociedades comerciales debidamente inscritas en las cámaras de comercio se les aplicarían, para efectos de su administración, las mismas disposiciones que en materia de liquidación, insolvencia o reestructuración de empresas establece la ley 1116 de 2006, o el Régimen de Insolvencia Empresarial.

En los demás casos, como dinero, títulos valores, etc., se seguirá aplicando la misma fórmula que aplica hoy la SAE con estos, es decir, lo establecido con la ley de ventas tempranas.

Si se aplica todo esto, se podría liquidar la Sociedad de Activos Especiales y se terminaría, de una vez por todas, este dolor de cabeza que no solo ha padecido esta administración, sino todos los anteriores presidentes de la República.

La SAE es uno de los mayores ejes de corrupción en el país; si se corrige a tiempo, los dineros recaudados, podrían ser utilizados oportunamente para el cumplimiento de los proyectos de los Gobiernos de turno para ejecutar satisfactoriamente sus planes de desarrollo.