Iván Cepeda: ¿arquitecto de la paz o defensor de los narcoterroristas del ELN y las Farc?

El senador y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda atraviesa una encrucijada política e histórica. Se presenta como “arquitecto de la paz”, mediador entre Gobierno y guerrillas, pero al mismo tiempo emergen archivos, fotografías y protocolos que lo colocan en una zona de sombra, donde sus acciones presuntamente podrían favorecer a los que deberían combatir.

La política no solo se mide por los discursos, sino por lo que se firma, los silencios que se guardan y las consecuencias que caen sobre los más vulnerables. Colombia no se habría enterado de una de las decisiones más peligrosas y escandalosas de los últimos años si el senador Jota Pe Hernández no hubiera revelado, frente al país, no solo las imágenes que ya todos conocíamos sino también los acuerdos firmados en la negociación con los cabecillas de los narcoterroristas del ELN.

En esas piezas se observa, de manera expresa, la firma de Iván Cepeda junto a la del cabecilla del ELN, Pablo Beltrán, reconocido como uno de los líderes máximos de esa estructura narcoterrorista. Fue gracias a esa revelación que el país comprendió la magnitud y el alcance jurídico y político de lo pactado. Gracias a lo que mostró el senador Hernández, el país conoció esa atrocidad. No eran simples papeles sueltos, son acuerdos sellados, donde se evidencia que el Estado colombiano aceptó una protección incompleta para nuestros niños, dejando sin blindaje jurídico a los menores entre 15 y 17 años. Y detrás de esas firmas aparece una figura oscura y maquiavélica que, entre luces difusas y sombras convenientes, muchos describen como hábil, silenciosa y maquiavélicamente estratégica: Iván Cepeda.

La Defensoría del Pueblo confirmó que en 2024 al menos 541 menores fueron reclutados por grupos armados. La mayoría entre los 13 y los 17 años. Las edades críticas, las edades que quedaron por fuera del pacto firmado. Esas actas que solo prohibían el reclutamiento de menores hasta los 15 años, como si un joven de 16 o 17 años no siguiera siendo menor, no siguiera siendo víctima, no siguiera siendo niño. Eso quiere decir que mientras el derecho internacional protege a todo menor de 18 años, el material que Cepeda, al parecer, ayudó a impulsar lo recortó, lo debilitó, lo dejó abierto a interpretación. En un país donde cada interpretación cuesta vidas, secuestros, reclutamientos, explotación.

Y aquí está el punto más doloroso. Los grupos armados ilegales reclutan menores porque les funcionan como escudo político, jurídico y militar. Reclutar adolescentes les garantiza refugio contra bombardeos, les asegura impunidad frente a operaciones, les permite exhibir al Estado como agresor si hay una baja. Ellos lo saben, lo explotan, lo usan. Y cuando el exministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que no bombardearía campamentos donde hubiera menores reclutados, se terminó instalando un incentivo criminal. Reclutar más, usar más jóvenes, blindarse más. Una guerra donde los niños son la póliza de seguro de los delincuentes.

El país, gracias a lo exhibido por el senador Hernández, vio las firmas, las fechas y los nombres. Se conoció cómo se selló ese acuerdo el 5 de febrero de 2024, donde no se protegía al menor hasta los 18 años y se pulverizó, en abierta contradicción con la Constitución, la Ley 833 y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Y ahí apareció Cepeda, no en combate, sino en mesas, constancias, autorizaciones y gestiones que hoy, por más que él lo niegue, estarían generando efectos reales según quienes han estudiado el tema. ¿Resultado? la barbarie del reclutamiento siguió, se disparó y se volvió más rentable para las estructuras armadas.

Nadie afirma que él haya reclutado menores, pero sí que algunas de sus actuaciones políticas, en el marco de una paz cuestionada por su falta de garantías, pudieron haber generado condiciones más favorables para quienes sí lo hacen. Eso, en cualquier democracia, no implica culpabilidad, pero sí exige escrutinio, explicación y responsabilidad pública. No basta decir que actuaba como negociador. La pregunta legítima es si esas gestiones protegieron al país o si contribuyeron a abrir una zona gris donde la ley no alcanza y la infancia quedó expuesta. Un terreno bastante frágil donde los narcoterroristas habrían terminado beneficiados y nuestros menores, vulnerables, quedaron a su merced. Cabe recordar que el reclutamiento de menores es un crimen de lesa humanidad y hubo acuerdos que, en lugar de frenarlo, parecieron debilitar la protección jurídica que el Estado está obligado a garantizar.

Al final, cuando alguien ha participado tantas veces, ha estado en tantas fotos, ha firmado tantos papeles oficiales y ha construido tantas relaciones con quienes hasta hoy siguen operando como narcoterroristas, el país tiene derecho a preguntar con fuerza, sin miedo y sin titubeos: Iván Cepeda, ¿defensor de la paz o defensor de los narcoterroristas del ELN y las Farc?