Infame persecución judicial contra Uribe

Álvaro Uribe Vélez es, de lejos y fuera de todo apasionamiento, el personaje político más influyente del presente siglo. Lo anterior, sin perjuicio de considerar que Uribe encabeza el podio de los presidentes más importantes y representativos de nuestra historia republicana. De allí la importancia del mediático juicio penal en su contra; el llamativo juicio al expresidente es, por sí solo, único en su especie. Se trata de un presidente aguerrido y valiente que supo administrar, gerenciar y conducir a Colombia por la senda de la prosperidad general, evitando que las guerrillas se apoderaran de este país y que los terroristas siguieran masacrando a la población civil. Este incomparable sentido patrio despertó la envidia de varios adversarios políticos con un denominador común: todos hacen parte del deshonroso club de los incompetentes. Se suman a la barra adversaria las alas más radicales de la izquierda que, paradójicamente, ven en Uribe su razón de ser, vivir y existir.

Los sentimientos descritos se agudizaron y pasaron a ocupar el frente de lucha en un juicio cuyo único objetivo es condenar al expresidente por cualquier razón. Lo anterior, sin importar lo poco relevante que parezcan las razones jurídicas del proceso. El presidente Uribe pasó de defenderse legítimamente de un irracional ataque de los sectores más ruines de la izquierda a ser víctima directa de un politizado proceso judicial en su contra. Las motivaciones del proceso judicial son evidentemente —en sentido estricto— políticas y no jurídicas.

Debe recordarse que las imputaciones del exmandatario son por presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos, nada que ver con las incongruentes y trilladas narrativas de la izquierda radical y sus alfiles, quienes pretenden mostrar como objeto de reproche en este juicio las no probadas e improbables acusaciones de paramilitarismo. Entiéndase bien, el proceso en nada busca una acusación en contra del exmandatario por delitos distintos al soborno y manipulación de testigos. Lo anterior cuestiona de inmediato las discusiones y supuestas declaraciones que sobre otros temas se dan al interior del juicio. Por la misma razón, no se admite como explicable cómo la juez del caso concede vitrina a los viscerales contradictores políticos para conducir una narrativa que, en principio, no solo es impertinente a lo que se debate en juicio, sino que trata de afectar reputacionalmente el haber político de Uribe.

Es así que este proceso ha sido motivo de un intenso debate sobre la imparcialidad y la posible politización del sistema judicial penal en Colombia. En el caso específico, la defensa de Uribe ha cuestionado la imparcialidad de la jueza encargada del caso, lo que ha llevado a la suspensión temporal del juicio por parte del Tribunal Superior de Bogotá como resultado de múltiples tutelas presentadas y de recusaciones contra la funcionaria judicial. Resulta válido, en este punto, preguntarse si, a instancias de este proceso, con todas las declaraciones y demás elementos materiales probatorios, ¿no se perdió la tan anhelada objetividad e imparcialidad judicial?

Ya en el pasado, incidentes con nuestros jueces han erosionado la confianza pública en la justicia y han planteado dudas sobre la separación de poderes en el país. La situación actual plantea interrogantes sobre la salud de la democracia en Colombia. La percepción de que la justicia puede ser instrumentalizada con fines políticos amenaza la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado, lo que conlleva a que esta caterva de enfermos y envidiosos encuentre en la justicia la forma de perseguir a un líder político sin contendor en nuestro país, como lo es Uribe.

El fenómeno de judicialización de la política ocurre cuando las decisiones de los jueces tienen un impacto desproporcionado en la arena política, mientras que la politización de la justicia sucede cuando los actores políticos utilizan el aparato judicial para atacar a sus opositores. En el caso de Uribe, sus defensores sostienen que el proceso en su contra responde a lo que es, notablemente, una persecución política, mientras que sus detractores afirman que se trata del correcto funcionamiento del Estado de derecho. ¿Hasta qué punto el sistema judicial está siendo utilizado como un arma política?

En este sentido, es importante comparar el proceso de Uribe con otros casos recientes, como los relacionados con miembros de la izquierda política o figuras cercanas al gobierno actual, a fin de evaluar si hay un tratamiento diferencial y qué efectos tiene en la confianza ciudadana en la justicia.

La justicia es bastión del sistema democrático. Es momento que las sucias garras de los políticos radicales de izquierda sean quitadas desde ahora y para siempre de la dignidad de la justicia. No podemos permitir que la justicia se convierta en el vehículo que transporte los intereses mezquinos de los rivales políticos del expresidente Uribe. Una justicia imparcial y un proceso conducido por la senda de la objetividad y el debido proceso no advierten una consecuencia distinta a la absoluta inocencia del exmandatario de los colombianos.