Indígenas prepagos

Las comunidades pertenecientes a la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), desde el inicio del Gobierno Petro a la fecha han suscrito contratos que los favorecen en más de 350 mil millones de pesos. Así lo dejó saber recientemente la Unidad de Datos de El Tiempo, en que distingue los apoyos así: para el Cric se han suscrito 53 convenios por valor de 225 mil millones de pesos, mientras que la Onic ha celebrado 42 contratos por una suma de 125 mil millones de pesos.

No es casualidad, ni mucho menos producto de una profunda convicción, que las comunidades indígenas de la Onic y el Cric hayan arribado una vez más a la capital del país.

La reciente llegada ha desencadenado una invasión incontrolable al campus de la Universidad Nacional en Bogotá, bajo el pretexto de garantizar el derecho a la protesta; justificación que ha ocasionado que se afecten miles de estudiantes, quienes han tenido que enfrentarse a la imposibilidad de recibir sus clases y al mal uso que les han dado los indígenas a las instalaciones académicas, hoy en sus manos.

La excusa esgrimida es la siempre recurrente “protesta social”, la cual se tergiversa cuando lo único que se persigue es que los indígenas puedan “cumplir” con apoyar al gobierno, luego de que este último les haya otorgado un considerable rubro del presupuesto estatal para fines estrictamente políticos.

Resulta contradictorio que los colectivos indígenas, que en principio tenían como fin protestar frente al “incumplimiento” del Gobierno nacional a los compromisos adquiridos con estas comunidades, resulten hoy (1 de mayo) sumándose en una jornada de respaldo al presidente y su gabinete, dejando entrever que estas comunidades en poco o nada tienen criterios y objetivos claros en su manifestación; es manifiesto que en nada les importa el bienestar general de sus pueblos. Al parecer, lo único relevante es que a la cuenta de la organización sigan llegando los millones que les consigna el gobierno central.

Los contratos otorgados a esta población son solo la punta del iceberg dentro de los compromisos y apoyos que les han sido dados por el Ejecutivo.

Recordemos que el 15 de octubre de 2024 se expidió el Decreto 1275, “Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades”. A través de esta norma, se dota a los territorios indígenas con facultades ambientales.

Este ambiguo y nefasto decreto fue demandado por mí ante el Consejo de Estado por muchos vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, entre los que destacan la falta de claridad en sus disposiciones, la violación a la reserva de ley orgánica y la ausencia de una finalidad clara y razonable.

Asimismo, se pudo detectar que el decreto, antes de favorecer al interés general, solo se constituye en una patente de corso para enriquecer a las comunidades indígenas a través de los recursos que administran las autoridades ambientales, lo que en sí desconoce la Constitución y las demás regulaciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico sobre protección ambiental, quebrantando de forma abrupta el equilibrio normativo e invadiendo las facultades de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Tristemente, las marchas convocadas este 1 de mayo nos auguran jornadas de desmanes y vandalización del espacio público, sin contar el gasto de nuestros impuestos que se destinan a la reparación de bienes y manutención de los grupos indígenas que hoy habitan en la Universidad Nacional.

Esta reiterada práctica, auspiciada desde el Gobierno nacional, desvía el cauce del presupuesto público para poder “garantizar” el derecho a la protesta de quienes solo exigen y destruyen, dejando expuesta a la comunidad académica, que ya de por sí se enfrenta constantemente a los bloqueos adelantados por los movimientos de izquierda del país, lo que retrasa y extiende los semestres académicos.

Nuevamente, el presidente deja ver el cinismo y la contradicción de su discurso. Aunque emocionado y eufórico manifiesta que la educación pública es prioridad dentro de su agenda, hace todo lo posible para denigrarla, afectarla y destruirla. Es claro que le importa más sumar súbditos antes que profesionales.

El presidente tiene bien definidos sus grupos para ejercer presión ante sus caprichos. Cuenta con los “apoyos prepagos” de los colectivos Onic y Cric, armados con una “guardia indígena” dispuesta a lo que sea a cambio de sus transferencias, sometiendo a la ciudadanía a la destrucción que ocasionan estos grupos siempre que hacen presencia en las protestas, bajo el supuesto de respaldar la fuerza del pueblo, haciendo visible su discurso de odio, olvidándose de que es él quien está a la cabeza de la nación.

Es así que, nuevamente, el Distrito Capital estará expuesto a jornadas de protestas convocadas por el presidente. Hace un año también se convocaron marchas por el mandatario, manifestaciones que dejaron como saldo siete buses troncales y un bus zonal vandalizados, sin contar las seis estaciones de TransMilenio afectadas.

Esto deja claro que la excusa de la protesta solo tiene como fin destruir y acabar con todo lo que esté a su paso. En este punto, parece que las palabras del fallecido pontífice Francisco toman más fuerza: “En la vida nada es gratis, todo se paga”.