Indicios de crimen de Estado

Como en otros magnicidios de la historia colombiana, verbigracia los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez sin perjuicio de varios otros, la reducción o modificación intencional del esquema de protección de la víctima, los ataques a la dignidad de la víctima, las amenazas, violencias verbales o insinuaciones de parte de figuras del Gobierno y la pobreza operacional notoria del esquema de protección en los momentos previos y posteriores al atentado, son señales preocupantes de posible la complicidad o participación del Estado en la comisión de un atentado como el sufrido por Miguel Uribe Turbay.

Pero a las anteriores circunstancias, vergonzosamente evidentes en el caso de Uribe Turbay, se añaden otros indicios también comunes con magnicidios del pasado.

La víctima fue parcialmente responsable. Con Galán, se alegó que no debió insistir en ir a Soacha a hacer lo debía hacer, que era continuar su campaña electoral. Con Gómez se alegó que no debió pedir la renuncia del presidente y se levantó el infundio de su supuesta participación en un golpe de Estado, hipótesis que, a pesar de haber sido desvirtuada plenamente por falta de pruebas por la Fiscalía en actos judiciales en firme, sigue emergiendo, de cuando en vez, en boca de los beneficiarios de la impunidad que marca su homicidio pasados 30 años de su ocurrencia.

Respecto de Uribe Turbay, este Gobierno, directamente por boca del presidente de la República, osó culpar a la víctima de irresponsable por asistir a un evento no planificado y descaradamente por parte del impertérrito director de la UNP, Augusto Rodríguez, se le acusó de reducir intencionalmente su protección por ser caprichoso con los relevos, mintiendo descaradamente (el funcionario) sobre las insistentes solitudes de la víctima para fortalecer su esquema.

Pero Petro ha ido más allá. En las sucesivas y lamentables alocuciones o mensajes de X previos y posteriores al hecho, sin tener que leer demasiado entre líneas, ha justificado lo ocurrido: o bien se lo buscó la víctima por votar negativamente la solicitud de consulta popular, o pertenecía a una familia enemiga de él, o por cuenta de las acciones supuestas de su abuelo como presidente. Incluso, el Gobierno se atrevió a imponer, sin sustento alguno, como línea de investigación una supuesta causa o motivo personal (insidiosamente filtrada como oscura) como móvil del atentado.

La fijación de falsas hipótesis sobre la autoría intelectual. El Gobierno, a través del presidente y en la inaudita rueda de prensa encabezada por el ministro del Interior, Benedetti, y la nueva canciller Laura Sarabia, del 8 de junio, flotaron desde su palestra la infamia de una causa personal, el móvil político y se centraron en el intento de desestabilizar al Gobierno. Sobre esta última causa, eje de la victimización de Petro durante la semana pasada, cabe comentar que nadie desestabiliza más al Gobierno que el mismo presidente y que, obviamente, en el talante de todo dictador, la justificación para la arbitrariedad y la muerte es siempre la alegación paranoica de que lo quieren “tumbar”, como lo hacía en su momento el presidente Samper y su sanedrín cuando enfrentaban las críticas por su entrega a la mafia del narco.

La alteración de la investigación. Evidente desde las primeras horas con la filtración de “pantallazos” falsos del celular del sicario, la vergonzosa “pérdida” del celular del sicario y la filtración diaria y dosificada a la prensa de prácticamente todas las pruebas e identidades recaudadas en ese típico mercado, persa de favores, que caracteriza el manejo de la Fiscalía General de la Nación de toda investigación de interés para la opinión pública, en el cual: yo te filtró hoy y tú me tapas mañana.

Pero nada supera como indicio la autorización por parte de la fiscal general de bolsillo, de miembros de la UNP y el DNI, en la comisión de investigación de Policía Judicial desde el mismo sábado 7 de junio y la radicación de la comisión investigadora en un PMU de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Lo realizado por la fiscal Camargo, no solo es un exabrupto violatorio de sus propias competencias, como principal responsable las labores de Policía Judicial en el país, sino por el reconocimiento de competencias de Policía Judicial en las entidades mencionadas, UNP y DNI, que no las tienen en forma alguna, sino que, por lo menos en el caso de la primera, tienen responsabilidad legal y disciplinaria evidente en la reducción intencional del esquema de seguridad y la debilidad cuasi criminal en el despliegue táctico antes y después del atentado.

Adicional al acceso, insisto ilegal e inaudito otorgado a agencias del ejecutivo potencialmente involucradas en los hechos, entregarle el control geográfico de la investigación y la información recaudada a la Policía Metropolitana en el dichoso PMU, son dos actos catastróficos para la legalidad y prosperidad de la investigación. La fiscal Camargo sembró con sus acciones la semilla de la impunidad y otorgó al gobierno Petro las herramientas para no solo hacerla fracasar, sino para direccionarla e instrumentarla políticamente como ya lo está haciendo.

Y como siempre en este tipo de “vueltas” grandes, se mantiene esa presencia oscura, esa sensación inevitable, de que el atentado está “cuadrado” para que se desvíe la investigación, se vinculen “lavaperros” y se oculte a los instigadores.