El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lleva algo más de un año en el cargo; se posesionó en enero de 2025. Estas son algunas de las decisiones tomadas el año pasado por su despacho, según los comunicados oficiales:
1. La Procuraduría sancionó con tres meses de suspensión e inhabilidad al exalcalde de Yopal, Casanare, Luis Eduardo Castro, por invitar a los hombres del municipio a “consumir producto colombiano” como rechazo a las trabajadoras sexuales migrantes. El exalcalde lanzó la frase en una rueda de prensa en 2021, mientras hablaba de prostitución. El Ministerio Público advirtió que la exhortación hecha por el exmandatario se tradujo en una discriminación para las mujeres de otros países que fungían como trabajadoras sexuales en la capital del Casanare. La conducta fue calificada como grave a título de dolo.
2. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al entonces jefe seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, Mecar, mayor Wilson Orlando Sanjuan Blanquicett. El investigado, estando suspendido e inhabilitado para ejercer ese cargo, por parte de la Inspección General de la Policía Nacional, entre el 13 de mayo y el 12 de noviembre de 2020, usó, en beneficio propio, el vehículo institucional y el celular, los cuales eran para uso oficial del servicio de la Sijín-Mecar. Durante el mismo término que debía cumplir la sanción de suspensión e inhabilidad especial, utilizó otro automotor y a un patrullero para que transportara a su esposa, servidora adscrita a la Seccional de Sanidad Bolívar de la Policía Nacional, desde su residencia hasta las instalaciones en donde debía prestar sus funciones. Sanjuan Blanquicett usó en beneficio propio o de terceros los bienes y equipos de la Policía Nacional. La conducta investigada fue calificada como falta gravísima a título de dolo.
3. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces capitán y jefe del grupo de Bienes Raíces de la Policía Metropolitana de Pereira (Meper), Omar Julián Araque Amézquita, por apropiarse indebidamente de varios bienes en un supermercado. La Procuraduría confirmó que, estando de servicio y debidamente uniformado con prendas de la institución castrense, el oficial ingresó a un establecimiento en el que hurtó productos por un valor superior a los $450.000, los cuales guardó en los bolsillos de su pantalón y camisa. La Procuraduría sostuvo que Araque Amézquita vulneró el principio de moralidad y se alejó del cabal cumplimiento de sus funciones, por lo que calificó las faltas disciplinarias en que incurrió como gravísimas cometidas a título de dolo.
Solo una eminencia con los quilates jurídicos del procurador Eljach tiene el criterio para discernir la importancia que representa para la moralidad de los habitantes del Casanare que puedan comprar producto venezolano.
Solo una lumbrera como el procurador Eljach posee el sentido de la proporcionalidad para concluir que un capitán de la Policía que hurta $450.000 en un supermercado debe ser castigado con la misma sanción de destitución e inhabilidad por 20 años que se le aplicó a Sneyder Pinilla por el sobrecosto de $16.000 millones en la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.
Solo un funcionario como el procurador Eljach, que en su cargo anterior de secretario general del Senado devengaba $84 millones mensuales, es decir, $1.000 millones al año, posee el entendimiento para detectar el efecto deletéreo que sobre la moral pública provoca la conducta de un oficial de la Policía que utiliza un vehículo y un celular para uso privado.
El doctor Eljach recibía en el Senado un sueldo básico de $29.700.000 al mes. Además, le pagaban mensualmente $12.464.000 a título de prima técnica salarial. Por vacaciones le pagaron en 2024 $113.000.000; por bonificación de dirección, $91.000.000; por prima de Navidad, $40.000.000; por prima de gestión, $29.000.000; por bonificación por servicios prestados, $21.000.000; por prima de servicios, $29.000.000; por retroactivo del sueldo básico, $14.000.000; por retroactivo de la prima técnica salarial, $8.000.000; por retroactivo de la prima de gestión, $1.861.000; por retroactivo de la prima de servicios, $1.200.000; por retroactivo por bonificación de servicios, $800.000 y por bonificación especial de recreación, $2.629.000.
Solo un celoso guardián del erario que cuenta con apenas $200.000 al mes para atender sus necesidades de recreación, es consciente de la gravedad que representa como lesión al tesoro público que un mayor de la Policía use un vehículo oficial para transportar a su señora.
