Gobernar con alcaldes y gobernadores

En Colombia, una característica esencial, tanto del presidente de la República, como de cada uno de los alcaldes municipales y gobernadores departamentales, es que todos ellos han sido elegidos por voto popular para un período de cuatro años que afortunadamente, de acuerdo con la Constitución de Colombia, tienen distinta fecha de inicio y terminación. Por ejemplo, mientras el presidente de la República termina su mandato de gobierno el próximo 7 de agosto de 2026, los actuales alcaldes municipales y gobernadores departamentales lo concluyen el 31 de diciembre de 2027. Otro hecho a destacar es que mientras el presidente de la República, por mandato constitucional, no puede ser reelegido bajo ninguna circunstancia, los alcaldes y gobernadores sí pueden serlo en períodos de gobierno no consecutivos.

En mi opinión, es un error político de cualquier presidente de la República pretender desconocer el mandato popular de los gobernantes municipales o departamentales por el solo hecho que no votaron por él o porque se oponen a algunas de sus políticas nacionales. Esa manera de pensar y de proceder es contraria al espíritu de la Constitución Nacional y al mandato del constituyente primario, que es el pueblo.

Aunque en la vida real tienen responsabilidades diferentes, un tema que los identifica en democracia es que todos ellos, en sus diversas responsabilidades de gobierno, tienen el deber constitucional de trabajar por la defensa de los bienes públicos, de tener cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la mentira y la violencia; de trabajar siempre en favor del bienestar social y seguridad de la población urbana y rural y contra los contaminadores ambientales. Deben, igualmente, contribuir a construir una política pública que promueva el desarme de la palabra, el diálogo social y el entendimiento entre diferentes.

En ese camino, a los gobernantes nacionales, municipales y departamentales les incumbe enseñar siempre con su ejemplo de vida y con nortes éticos, los cuales deben corresponder al bienestar e interés general y estar por encima de los intereses políticos, económicos o sociales de los partidos o movimientos políticos que les eligieron.

En ese camino, y por mi propia experiencia, primero como gobernador del Valle del Cauca y luego como vicepresidente de la República, mi sugerencia muy fraternal para quienes pretenden ser gobernantes es que no olviden que se gobierna para la gente y no a favor de los amigos, familiares o copartidarios políticos; que los cargos públicos tienen fecha de inicio y de terminación y que, para ganar unas elecciones, no todo vale y menos se le puede prometer a la gente lo que luego no se pueda cumplir.

En ese orden de ideas, y como el Estado no es una fábrica para emitir billetes, es muy importante que, a iniciativa del presidente de la República y de los gobernadores departamentales, se promueva, en cada municipio, una política pública de diálogo social y de presupuesto participativo, donde concurran el Gobierno nacional, los gobiernos municipales y departamentales y delegados de la gente que vive en esos municipios.

Todo ello bajo el principio de la democracia participativa de que todos ponen y que los compromisos públicos acordados en esos diálogos sociales deben ser rigurosamente observados y cumplidos por cada una de las partes. Solo así podremos enseñar con el ejemplo en los cargos públicos para los cuales fuimos elegidos y demostrar con hechos reales que la democracia, como gobernar, tiene sentido si primero es la gente, empezando por los niños y las niñas.

Solo le pido al Dios de los cielos que ilumine y les dé sabiduría a las diversas personas que aspiran a ser candidatas a la Presidencia de la República en 2026, para que su principal preocupación no sea la consecución de grandes sumas de dinero para financiar sus estrategias organizativas, comunicacionales o muchas veces para la compra de votos. Menos que, con el fin de tratar de ganar, piensen que todo vale, incluso, como se dice popularmente, vender el “alma al diablo”.

No olvidemos que en democracia debemos pensar y actuar libremente en favor de tener gobernantes con nortes éticos, que enseñen con su ejemplo de vida y siempre pensando que, para gobernar bien un país como Colombia, se requiere de un trabajo coordinado con los alcaldes municipales y gobernadores departamentales.