Fortaleza bajo asedio

Debimos haberle creído lo que escribió en su programa de gobierno y en su autobiografía Una vida, muchas vidas, y no sus palabras edulcoradas durante la campaña de 2022. Es un revolucionario en el cabal sentido del concepto. Las instituciones de la República son un obstáculo insalvable para sus pretensiones de transformación social.

No respeta las normas y quisiera estatizar la economía, no importan los medios; con cinismo absoluto, el ministro del ramo reconoce que no se realizan los pagos que se encuentran pendientes al sistema de salud para forzar la aprobación de la reforma que promueve.

Su embestida contra las universidades privadas se materializa en el desfinanciamiento de Icetex, un duro golpe financiero para muchos estudiantes y, en la medida que ellos no cuenten con fuentes alternativas para pagar las matrículas, el impacto se transfiere a sus universidades. Asumo que algunas de las más grandes pueden soportar este impacto, pero temo por la estabilidad de instituciones tan meritorias como la Universidad Minuto de Dios.

Sus alumnos pertenecen a sectores de bajos recursos; ella misma quizá carezca de un patrimonio suficiente para absorber esta abrupta pérdida de ingresos.

Como el Senado es ahora el obstáculo inmediato frente a sus designios, arremete en público contra varios de sus integrantes, a los que califica como traidores al querer de las masas. Sus palabras claramente promueven acciones violentas; si por desgracia ocurren, sus manos estarán ensangrentadas.

La gravedad de las circunstancias exige una actuación urgente del procurador general. No puede esperar hasta que suceda una tragedia. En su condición de jefe del Ministerio Público y representante de los intereses de la sociedad, debe dirigirse al presidente para indicarle que le está vedado amenazar e insultar a quienes no se pliegan a su voluntad, que no puede usar recursos fiscales para fines proselitistas, y los medios de comunicación del Estado para fines no previstos en las normas.

El contralor, a su vez, debería investigar el origen de los fondos utilizados para las movilizaciones masivas inducidas por Petro para objetivos que son ostensiblemente electorales. No se nos diga que su uso es legítimo porque nada distinto se pretende a divulgar los logros de la política social.

Ambos funcionarios tendrán que investigar los hechos que derivan de esta afirmación del ministro del Interior: que la legalidad de ciertos gastos de esbirros del Gobierno en el mundo digital son legales porque se soportan en un contrato interadministrativo. Si esta autohabilitación es posible, el orden legal se ha convertido en una ficción.

Vayamos al tema más apremiante: la intención del Gobierno de presentar de nuevo la consulta sobre temas laborales que fue negada por el Senado. ¿Puede hacerlo? No he encontrado ninguna norma relativa a ese mecanismo que lo impida. Es nítida, por el contrario, su potestad de requerir al Senado para que acuerde convocar al pueblo y, si esa corporación guarda silencio dentro de un cierto plazo, hacerlo con plena autonomía.

Por lo que refiere a la adición de unas preguntas, que no tienen nada que ver con la reforma laboral, pues versan sobre el sistema de salud, la respuesta es que hacerlo sería ilegal. Leamos la Ley 134, artículo 50: “El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional”.

La norma está redactada en singular, no en plural. Si se pudiera saltar de una decisión a dos, nada impediría avanzar por esa vía hasta cualquier número, y así dejar al Congreso literalmente sin oficio. Esas reformas son diferentes, así sea por única razón: están contenidas en diferentes proyectos de ley. Si se las juntara en una sola se rompería el principio de unidad de materia.

Supongamos que al Gobierno estos argumentos jurídicos le tienen sin cuidado, que insiste en que la nueva consulta se vote tal cual, y que el Senado esta vez respalda la iniciativa. En tal caso, esa decisión, que desde el punto de vista técnico es un acto administrativo, con seguridad sería objeto de acción de nulidad ante el Consejo de Estado acompañada de solicitud de suspensión provisional.

Si la respuesta es pronta y se suspende la consulta, el Gobierno dirá que es una prueba más de que la oligarquía no lo deja gobernar. Si se demora para decidir en igual sentido, dirá lo mismo, pero —además— habremos tirado a la caneca un dineral en un proceso electoral fallido.

Asumo, de otro lado, que la nueva solicitud de consulta será retirada para corregir una falla increíble: que fue presentada por el ministro delegatario sin haber recibido autorización formal para hacerlo. Si este vicio no se enmienda, se cae toda la estantería.

Sin embargo, como es probable que haya una nueva votación del Senado en este tema trascendental, hay que extremar las precauciones para que el resultado sea irreprochable. En mi opinión, la votación debería realizarse usando un solo sistema, digital o manual, para evitarnos el deplorable espectáculo que presenciamos hace unos días, no importa que el resultado final haya sido correcto.

Así mismo, el sentido del voto de cada senador solo debería hacerse público cuando la votación haya sido cerrada. Es la manera de evitar las “jugaditas” de los que entran y salen, tienen problemas de colon, necesitan ir al salón de belleza, al bar de la corporación o atender apremios fisiológicos. Por favor, seamos formales. Se trata de evitar un deterioro mayor del prestigio del Congreso.

Briznas poéticas. Gustavo Adolfo Garcés, poeta de hondos silencios y breves palabras:

“Un pajarillo / en mi ventana / rojo / como brasa / va a la hierba / y regresa / le presto toda / la atención / no contesto / el teléfono”.