AURELIO SUAREZ Columna

Opinión

Feria de Matecaña, gangazo a los Solarte

Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad.

Aurelio Suárez Montoya
14 de agosto de 2021

El Grupo Solarte (CSS-otros) es de los primeros contratistas en obras públicas, consentido por todos los gobiernos y vehículo de bancos para inversión en infraestructura. En el de Uribe 1 recibió la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS); en el de Samuel Moreno en Bogotá, en asocio con Odebrecht, hizo el interceptor Tunjuelo-Canoas, y en 2008, con Uribe 2, con el mismo socio brasileño y el Grupo Aval, ganó la manchada Ruta del Sol 2 y luego la adición Ocaña-Gamarra. Hace parte de Opain, la concesionaria del Aeropuerto El Dorado, y fue favorito de Vargas Lleras en la adjudicación de las vías 4G, con presencia en cinco de ellas. Súmele vías regionales como la Troncal de la Paz en Antioquia con Aníbal Gaviria, hoy detenido.

La concesión BTS, a 30 años con 15 más prorrogables, data de 2002. Según anunció la ANI, Solarte la vendió en 2020 al fondo australiano Macquarie y dejó tramos pendientes, pleitos con trabajadores (La W) y litigios con propietarios de predios. Un veedor dijo: “El Gobierno invirtió 1,6 billones de pesos, pero nunca se supo cuánto Solarte” (Boyacá Siete Días, septiembre, 2020).

Respecto a Tunjuelo-Canoas, “La Fiscalía pudo demostrar que las dos empresas (Odebrecht y CSS) pactaron pagar 8,75 por ciento del contrato en coimas para asegurar la consecución de la obra” y Paola Solarte aceptó el cargo, al acogerse a sentencia anticipada. En la Troncal de la Paz, Luis Fernando Solarte, “procesado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (…) dejará de ser investigado siempre y cuando revele información (…) que envuelve principalmente al gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria” (Infobae, junio, 2021).

Como socio del 29 por ciento de Opain en el aeropuerto El Dorado, ha disfrutado de 30 modificaciones ventajosas desde 2006 hasta 2019, más de dos por año (ANI). En cuanto a la corrupta Ruta del Sol 2, en la que participaba con el 4,99 por ciento, se benefició con ilegalidades, como denunció Camilo Gómez: “Pusieron los recursos empresas de Odebrecht y la constructora de Solarte y ahí mismo, tan pronto recibieron ingresos, la sacaron a manera de distribución anticipada de utilidades” (Asuntos Legales), “una dinámica de reembolsos y pagos irregulares en la ejecución” (SIC). ¿Escogió Odebrecht compinche para tan sombrías maniobras? Aunque por sanciones y restricciones del sector bancario, el Grupo Solarte viene mimetizándose tras las estructuras societarias en varias vías 4G, proyectos como Popayán-Santander de Quilichao ni siquiera han arrancado.

Hay un desatino menos difundido: la concesión del Aeropuerto Matecaña, de Pereira, cuando ya se conocía de ciertos torcidos de CSS. “En abril del 2017 el alcalde Juan Pablo Gallo suscribió el contrato por valor de $287 mil millones y plazo de 20 años… se presentarían dos proponentes de 12 firmas habilitadas (…) El ganador ofreció (a Pereira) una participación de los ingresos (…) del 10,82 por ciento y el perdedor el 10,63”, un porcentaje bajo para este tipo de concesiones. Como dudosa coincidencia, el consorcio rival tenía entre sus miembros a William Vélez, asociado a CSS en El Dorado. No es suspicacia sospechar colusión entre los proponentes (Carlos A. Crosthwaite, Elopinadero.com.co).

Como “árbol que nace torcido, difícilmente endereza”, el desarrollo contractual es un sendero de disparates. Luego de cuatro años, CSS no ha cancelado la estampilla Procultura, que grava en Pereira todo contrato público con el 1 por ciento. El texto original lleva ya cinco modificaciones, varias sustanciales, como en la cláusula que exigía que el crédito bancario, con el que se respaldaba el contrato, fuera consignado en un patrimonio autónomo. Sin embargo, ya que por sus malandanzas CSS perdió la confianza del sector financiero, se le franqueó reemplazarlo con inciertos recursos propios, que podrían venir hasta de los mismos de la concesión (2017). ¿Se violaron in fraganti los términos de la licitación?

Llenó la copa “el rebose de las canales recolectoras de aguas lluvias de su cubierta cada vez que se presenta un fuerte aguacero (…) se ven discurrir aguas por las salas de atención a pasajeros (…) daños en baños de atención al público” (Crosthwaite). Se infiere que los recursos para mantenimiento correctivo o preventivo no se usan o quizás, por la iliquidez de CSS, ni existen (video). Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad. Ahora es candidato al Senado por el Partido Liberal, estampa de una clase emergente que capturó la administración pública pereirana, reedición de “los mismos con las mismas” que hicieron bazares del patrimonio público. Con tan profuso prontuario cabe inquirir: ¿fue sin contraprestación la feria de Matecaña? Averígüelo, señor Fiscal.