Falta lo difícil

La evolución de Petro y su gobierno a la cabeza del Ejecutivo ha ido in crescendo. Al principio de su mandato, conocimos a un Petro conciliador que agrupó diferentes fuerzas políticas en torno a su gobierno, incluyendo ministros de centro como Cecilia López, Roy Barreras, Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo. Con el tiempo, su posición conciliatoria fue desvaneciéndose y Petro migró hacia gabinetes combinados de la izquierda radical y los colaboradores claves de su campaña, mientras que sus nexos con los partidos de centro tuvieron la misma suerte que sus nexos maritales: se volvieron inexistentes.

En su primera etapa, la conciliadora, el gobierno avanzó con una reforma tributaria que tuvo poca oposición en el Congreso. Inició una estrategia legislativa enfocada en pasar una reforma pensional centrada en levantar fondos para el Gobierno y una reforma a la salud que, al no prosperar, dio paso a la cesación de pagos a las EPS de parte del Gobierno y su correspondiente intervención por medio del ya olvidado “shu shu shu”.

La segunda etapa del gobierno tuvo en sus filas como protagonistas a Laura Sarabia y Armando Benedetti, que si bien, ideológicamente no son cercanos al corazón de Petro, sí resultaron ser los avezados políticos que le permitieron navegar este período de transición. En este, a diferencia del anterior, empezaron a perderse las formas y el respeto de las instituciones para implementar propuestas menos estructuradas.

El gobierno fue tomándose instituciones como la Fiscalía y las Cámaras de Comercio, mientras incrementaba su presencia en la junta del Banco de la República y las altas cortes. Empezaron a perderse las formas en la discusión de la reforma laboral, en la que el gobierno, después de haber sobornado a los presidentes del Senado y la Cámara con dineros de la UNGRD, reventó las costumbres chantajeando al Congreso con una iniciativa populista de consulta popular.

Paralelamente, el pudor desapareció. En esta etapa de transición, el gobierno entregó el Catatumbo al ELN, se acercó a los grupos criminales que desde el principio estuvo apoyando al no atacar la droga, su fuente de financiamiento, y perjudicó de frente a los terratenientes con su legislación agraria, por medio de la cual expropia la tierra mediante la restricción de sus usos.

En las dos primeras etapas, las constantes que se repitieron y se agudizaron fueron preocupantes. Primero, un desdeño total por la ley, que se brinca constantemente, ya sea por medio de los escándalos de corrupción de sus personajes más cercanos o por medio de ataques a las instituciones de una democracia, como son los poderes ejecutivo y legislativo, el banco central y la prensa libre. Segundo, una desfachatez absoluta en el reconocimiento de los errores cometidos, que son de la oposición, de sus ministros o de cualquiera que no sea él mismo como presidente.

Tercero, el alineamiento con quienes pertenecen al mundo paria: los delincuentes, el dictador de Venezuela, las guerrillas y aquellos que desdeñan las instituciones democráticas, como los impresentables, pastor Saade y Daniel Quintero.

La tercera etapa del Gobierno Petro, que apenas inicia, es la de la radicalización total que veremos este año. En su gabinete, Petro seguirá nombrando personas cada vez más cuestionadas, como el ministro de la Igualdad o miembros del ala dura del M-19. Todo indica que, de ahora en adelante, el presidente pisará fuerte el acelerador y emprenderá cada vez más iniciativas contra el Estado de derecho y los derechos de los colombianos y de la oposición. Su foco, como lo demuestran sus actuaciones recientes, estará en una apuesta a prolongar su legado por medio —o a pesar— de las elecciones de 2026, llevando su descaro a máximos que hoy no nos podemos imaginar.

Un ejemplo de la radicalización es el acuerdo firmado con Nicolás Maduro, el cual compromete la soberanía de tres departamentos de Colombia; otro, la alegoría a la reelección que el pastor no pastor hizo en la Cámara de Representantes.

Vendrán actuaciones cada vez más retadoras e indignantes en pro de destrozar las instituciones colombianas y el Estado de derecho. Esto se va a poner duro y el año de gobierno del Pacto Histórico que falta va a ser una lenta, larga y difícil agonía para la mayoría de los colombianos.