¡Expulsar parameros y arruinar paperos, dos estrategias neoliberales!

Los páramos son ecosistemas de altitud, de 2.900 a 5.000 metros sobre el nivel del mar, muchos ubicados en la parte norte de la cordillera de los Andes. Tienen especies de flora y fauna, y son clave en la regulación del ciclo hídrico. Colombia alberga 43 por ciento del área total del mundo, con 2.853.733 hectáreas (https://www.nature.org/-Páramos de Colombia).

La inicua distribución de tierra fértil y plana llevó a decenas de miles de familias campesinas a asentarse en parcelas de producción agropecuaria en las alturas de las cordilleras. En la Oriental, en El Almorzadero, Cruz Verde, Sumapaz, Guerrero, Iguaque, Santurbán, Berlín y El Cocuy. En la Central, en Chiles, Coconucos y Las Hermosas. En la Occidental, en Urrao y Frontino. Y en Nariño-Putumayo, en Cumbal y La Cocha-Patascoy (https://www.nature.org/).

El censo de 2018 contó 80.000 de estos productores en labores de ganadería, lechería, cultivos de papa, cebolla, durazno, fresa y mora. A contramano, se ha desarrollado una legislación de “protección” de los páramos, que busca perfilar el negocio financiero “verde” del mercado de carbono, promovido como “potencial de mitigación del cambio climático”, apetecido por las firmas emisoras de gases contaminantes (https://www.nature.org/).

Es el propósito esencial de la legislación que delimita reservas naturales y forestales, surtida en el Gobierno Santos, al vedar actividades agropecuarias en áreas aledañas, lo que ya motivó una protesta campesina el 21 de octubre de 2024, que aún no encuentra soluciones de los ministerios de Agricultura y de Ambiente. En tanto amenaza la subsistencia de las comunidades parameras, abre el filón a los especulativos bonos de carbono.

Tal legislación no es asunto menor: abarca 40 por ciento del territorio de Boyacá, 30 por ciento de Cundinamarca y 77 por ciento de Nariño. Limita la inversión pública, nacional y de alcaldías y gobernaciones, y también la privada. Prohíbe usar maquinaria para nivelar suelos, construir y mantener acequias y caminos; aplicar paquetes tecnológicos en los cultivos, tanto que municipios como Cocuy, Güicán, El Espino, Panqueba, Guacamayas y Chiscas quedarían sin territorio productivo. A la draconiana legislación se agrega la elevación del impuesto predial por el catastro multipropósito. Expulsión calculada, parálisis para imponer una renta mercantil con el páramo.

Además, los parameros comparten la ruina de los productores de papa, actividad a la que muchos de ellos se dedican, entre los 90.000 que hay en Colombia, 80 por ciento minifundistas, menores de 1 hectárea, que produjeron en 2024 más de 2,6 millones de toneladas, en 111.000 hectáreas, a razón de 23 kilos por cada una, y 20 millones de jornales. Para abril de 2025, iban ya 653.000 toneladas, casi 20.000 más que en 2024.

A esa oferta debe agregarse la importación de 85.000 toneladas de papa precocida, que es la principal forma de ingreso al país por el TLC con la Unión Europea y, en primer lugar, de Bélgica. En 2024, convertida a papa fresca, equivalió a 315.000 toneladas, que reemplazan 13 por ciento de la producción nacional. En abril de 2025, las compras externas ya superan a las ocurridas a ese mes en 2024, crecen y crecen…

Como en el arroz, el contrabando desbordado por la frontera con Ecuador, que superó hace rato el control de la policía aduanera, Polfa, y del ICA, refuerza la sobreoferta. Contribuye, asimismo, el incumplimiento de contratos que suscriben con paperos, para su abastecimiento, firmas procesadoras como McCain y PepsiCo, que luego los abandonan, lo que los obliga a poner estos excedentes en el mercado interno.

El resultado es que sobran 135.000 toneladas, y el precio por kilo pagado al productor en junio se desplomó (en promedio para las diferentes variedades) de $1.618 en 2024 a $1.048, el 35 por ciento menos. Se suma al bajón un alza en los costos, en los que los insumos (semillas y agroquímicos al alza) y la mano de obra son el 60 por ciento, lo que arroja un balance de rentabilidades negativas, entre -450 y -668 pesos por kilo para las principales variedades, como superior, capiro y criolla.

La Mesa Nacional de Productores de Papa, que une a las regiones productoras, elaboró en Villapinzón, convocada por el senador Richard Fuelantala, un pliego de 16 puntos dirigido al Gobierno Petro. Destacan salvaguardias y medidas de protección frente a importaciones y contrabando; transparencia en el comercio interno; condonación de intereses; subsidio por variaciones de precio y clima, y la revisión de las normas restrictivas a la producción en páramos.

Petro no puede acusar a los paperos de rentistas u “oligarcas”. Son genuina representación de la economía campesina, cuya crisis es un desafío a la retórica sobre “el pueblo” y la soberanía alimentaria.