Estaba dormido y no lo despertaron

A raíz de los actos terroristas del pasado jueves, el gobierno reaccionó con altisonantes declaraciones de rechazo a la violencia, versiones encontradas y prematuras sobre los posibles criminales y el consabido consejo de seguridad. Hubo, sin embargo, dos novedades que no pueden pasar desapercibidas.

La primera, que no anunció una nueva declaratoria de Conmoción Interior, seguramente porque se percata de que la declarada el pasado enero para la región del Catatumbo y Cúcuta de poco o nada sirvió. La prueba de su ineptitud es patética; ya ni los instrumentos extraordinarios le sirven. De otro lado, refiriéndose a los remanentes de las Farc y al Clan del Golfo, dijo que pedirá a la Agencia jurídica del Estado que se dirija a la Corte Penal Internacional para que “se haga un proceso contra ellos por delitos contra la humanidad”.

Qué pena pero nuestro Gran Timonel -porque nadie es perfecto en esta vida- se dio un tiro en el pie. La Corte Penal Internacional (CPI) actúa bajo el principio de complementariedad, lo que significa que solo interviene cuando los Estados no están dispuestos o no pueden investigar y juzgar los crímenes más graves. Este principio está consagrado en el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Esto mismo lo ha dicho la Corte Constitucional: “La competencia de la Corte Penal Internacional es meramente complementaria. Por ello, es el Estado colombiano el primer titular del deber de protección”.

Las palabras presidenciales implican una grave acusación al sistema judicial por no ser capaz de procesar a una delincuencia poderosa. Y, lo que es peor, una tácita confesión de que las propias políticas de su gobierno son la causa del desastre que padecemos. Por supuesto, tiene razón. Cada vez estamos más cerca de que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia, lo cual solo sucede cuando se trata de Estados fallidos o gobernados por autócratas.

La precandidata Vicki Dávila, reaccionando en caliente y desde una postura extremista, ha tendido a bien pedir a Trump que ordene una operación urgente para que nos liberen de los bandidos que azotan el territorio. Alguien tendría que explicarle que, a veces, las intervenciones militares de Estados Unidos destruyen países. Fue lo que sucedió en Vietnam, Cambodia, Irak y Afganistán. Algunos otros de los aspirantes presidenciales y directores de los partidos elevaron sus voces de solidaridad con las víctimas y de repudio a los malos resultados del gobierno en su tarea esencial de recuperar el orden público. Qué poco imaginativos. Despertemos. Hay muchas cosas para hacer.

Con relación al Presupuesto del próximo año, no puede el Congreso abstenerse de aprobar su monto total, que fue lo que sucedió para la actual vigencia. Esa omisión le concedió implícitamente al gobierno plena autonomía para decidir cómo ordenar el gasto. Fue un error. La estrategia correcta es aprobarlo, excluida la porción desfinanciada, para luego proceder a ordenarlo de la manera que se considera adecuada. Sin duda, habría que asegurarse de que el presupuesto de seguridad equilibra bien las necesidades de inversión para compra y reparación de equipos, y las de funcionamiento; y que, con relación a estas, se separa con nitidez el pago de pensiones, que es gasto civil, de la operación de la Fuerza Pública.

Es preciso parar la compra de aviones de combate; su necesidad es muy cuestionable y valen sumas enormes. Sin discusión suficiente, está previsto que el contrato se firme en cuestión de semanas. Que los suecos nos ofrezcan condiciones financieras atractivas no puede ser el factor decisorio. Finalmente, habrá que pagar por unos equipos que nadie vislumbra que lleguemos a necesitar. Yo por ejemplo no estaría dispuesto a comprar un yate, así me dieren, como a nuestro gobierno, 30 años de plazo.

En un país que tuviere un sistema parlamentario, el fracaso total de la Paz Total se habría traducido en la caída del gobierno o en la convocatoria a los ciudadanos a elecciones anticipadas. Nuestras instituciones, aunque funcionan bajo reglas diferentes, ofrecen posibilidades de acción eficaces. Menciono varias.

El Congreso debería citar a los ministros de Defensa e Interior para que rindan explicaciones integrales sobre esa política desde el comienzo mismo del gobierno, sin que para ese objetivo importe que quienes desempeñan esos cargos sean unos recién llegados. Como consecuencia de esos debates, debería negarse con celeridad -es preciso pasar un mensaje urgente- la ley mediante la cual Petro pretende facultades para negociar con las grandes bandas de la delincuencia común. Con los bandidos no se negocia; se les somete a la Justicia. La consecuencia necesaria tendría que ser el retiro de esos funcionarios en virtud de mociones de censura.

Y por último, Señores candidatos: basta ya de manifestaciones de preocupación y de trinos enérgicos. Se requieren propuestas concretas para evitar que nuestro país se hunda y devolverle la esperanza de un futuro mejor. Necesitamos con apremio saber qué proponen sobre la recuperación de la seguridad ciudadana, las negociaciones con la delincuencia, los bloqueos viales, los confinamientos de poblaciones enteras, los paros armados, las asonadas contra nuestros militares y policías. Llegó la hora de despertar.

Epígrafe. Dijo alguna vez Winston Churchill: “Nunca cedas ante la fuerza; nunca cedas ante la aparente fuerza del enemigo.”