Espejo retrovisor al Gobierno Petro

En 2060, Beatriz, una niña doce años cuyo nombre después de 15 lustros volvía a ponerse de moda, revisaba la información que le disparaba su equipo de cómputo para su clase de tendencias de la historia. La tarea que había recibido su grupo consistía en estudiar los mecanismos por medio de los cuales se presentan las rupturas institucionales en la historia y en este sentido le había quedado asignado el caso de Gustavo Petro como presidente de Colombia.

Una revisión de la larga lista de noticias históricas sobre el presidente colombiano que la inteligencia artificial le botaba pronto llamó su atención. Gustavo Petro, como candidato, había sido cuestionado no solo porque su equipo había tomado contacto con prácticamente todos los delincuentes de su época sino porque, independientemente de que los organismos responsables no lo hubieran condenado, se voló los topes de financiación de la campaña. Hasta su hijo, que según él no crío, se vio envuelto en escándalos de recepción de dineros ilegales para su campaña.

Una vez en el poder, observaba Beatriz, el presidente tuvo tres etapas. Una primera etapa en la que gobernó juntamente con los partidos de la coalición que permitieron su elección, en la cual, a pesar de que no atacó de frente las instituciones democráticas, empezó a mostrar desórdenes en su personalidad. No respondían estos al cambio masivo de la cúpula militar ni a sus acciones como gobernante, sino a sus frecuentes desapariciones de la escena pública, retrasos e incumplimiento de citas, combinadas con las acusaciones de personas cercanas sobre su consumo de sustancias psicotrópicas.

La segunda etapa del mandatario del Pacto Histórico fue la del impulso de reformas en el Congreso, como la de salud y la laboral, entre otras. Con el fin de aprobarlas, el equipo del presidente continuó mostrando signos de irrespeto al orden jurídico del país, utilizando recursos públicos para sobornar a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. En esta segunda etapa, Petro procuró en paralelo hacerse al control de las instituciones democráticas como la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Banco de la República, con éxito limitado. Logró, sin embargo, tomar control de algunos entes críticos para que su campaña no fuera condenada, como la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía General de la Nación, mientras utilizó las superintendencias para acosar entidades como la Registraduría.

Desafortunadamente, para él, su estrategia no le funcionó en esta etapa, por lo que su comportamiento y su discurso se radicalizaron para lograr sus objetivos. Cada vez surgieron más versiones de su círculo interno sobre la salud mental del presidente por la influencia de las drogas. Los insultos y amenazas a los congresistas que no le caminaban, a la prensa, al sector privado, a las cortes y a su oposición política se colmaron de improperios y de violencia verbal, poniendo en riesgo su seguridad, hasta el punto de que finalmente y ante la negligencia de la Unidad Nacional de Protección, se produjo un atentado sobre el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Al mismo tiempo, la gestión del presidente dejaba mucho que desear. Las quejas del sistema de salud ante su toma de las EPS se dispararon exponencialmente, el sistema eléctrico mostraba grandes dificultades financieras ante los incumplimientos del Gobierno, se cancelaron programas como los subsidios de vivienda y los créditos estudiantiles del Icetex, y el país se sumió en la inseguridad por el actuar de los grupos al margen de la ley, apoyados con descaro en el programa gubernamental fallido de la paz total.

En ese momento, agobiado por su pérdida de credibilidad a pesar de la contratación masiva de influenciadores que le exaltaran su imagen, el presidente dio un giro similar a Darth Vader en la guerra de las galaxias, irrespetando de frente el orden constitucional con la disculpa de beneficiar a un pueblo que en un 65 % tenía una imagen mala o muy mala de él y no le creía. Esa fue su tercera etapa. Entonces renovó su gabinete incluyendo personajes muy cuestionados como Armando Benedetti y el exfiscal Montealegre, y empezó a suplantar las funciones de las demás ramas del poder, mientras alborotaba en su discurso a sus seguidores para que la disputa se diera en las calles en vez de hacerla en los canales institucionales: el típico ‘démonos en la jeta en el recreo’, de los matones.

Al leer el resumen ejecutivo de la IA, Beatriz, sorprendida, no entendía como un personaje cuyo Gobierno había cometido de frente tantos crímenes, que había demostrado un comportamiento tan díscolo y que había retado el orden constitucional del país pudo terminar su mandato y gastar mucho más dinero del presupuestado, al punto de poner en riesgo la estabilidad económica del país. En la conclusión de su ensayo afirmaría que, en un país como Colombia, el régimen presidencial le dio demasiado poder a Petro y que los contrapesos en el Legislativo y el Judicial, en la práctica, no funcionaron cuando se trató de defender la democracia contra la persona con mayor poder en el país.