Es peor el remedio que la enfermedad

El narcotráfico es el más grande enemigo del Estado colombiano, siendo el causante de las mayores tragedias humanitarias de la historia de nuestro país. Por tal motivo, varios actores de la política pública a nivel mundial han integrado diversas estrategias para vencer a estos criminales. Una de estas metodologías, conocida como la regulación, representa el caballo de batalla de la izquierda progresista. No obstante, a mi juicio, no resulta ser la solución más efectiva para resolver los problemas que enfrenta el Estado colombiano en cuanto a su lucha contra las drogas, sino que podría resultar que el remedio sea peor que la enfermedad.

En primer lugar, es importante definir el problema que vive Colombia, el cual fue estudiado por el profesor americano Benjamín Lessing en su libro Making Peace in Drug Wars, quien lo definió como un conflicto entre cartel y Estado, en el que las estructuras militarizadas y bien equipadas de los miembros de los carteles se enfrentan al Estado legítimo, causando un impacto social, similar al de una guerra civil.

Ahora bien, su objetivo resulta ser diferente al de otros actores violentos, ya que los primeros buscan la adquisición de ganancias en un mercado y la eliminación de obstáculos, como son la represión estatal y la presencia de organizaciones rivales. Esto se debe a las ganancias que se adquieren del narcotráfico, especialmente de la cocaína, la cual, según Naciones Unidas, se estima que representa el 80 % de la actividad transaccional del crimen organizado en el mundo. De la misma manera, Lessing menciona que la lógica de guerra utilizada por los carteles en un conflicto con el Estado consiste en los siguientes puntos: 1. Corrupción violenta, 2. Lobby violento y 3. Reducción del pie de fuerza del ejército estatal. Según el profesor Kalyvas Stathis (2008), estas estrategias resultan componer el esqueleto de la agenda militar de estas organizaciones, lo cual resulta ser diferente que cuando se enfrentan a otras bandas.

Ahora bien, es importante clarificar que la política de la regulación tiene como objetivo principal salvaguardar la salud pública para los consumidores, dejando a la seguridad como un efecto subsidiario, tal y como se configura en países como Canadá y ciertas partes de Europa. De la misma manera, esta se ha implementado por medio de una limitación estatalizada en la que el Estado, al tener el monopolio de las drogas, mediante el uso de la contratación estatal, concede licencias a ciertas empresas que cumplan una serie de requisitos para el desarrollo y la venta de estas drogas, creando un ambiente seguro para los consumidores. Esto resulta ser problemático, ya que algunos carteles, especialmente los colombianos, al tomar la decisión de legalizarse, utilizarían el clientelismo, lobby y la coerción como herramientas para no solo lavar su fortuna, sino quedar en el mercado como empresarios con una excelente reputación y quedando en la impunidad, tal y como ha ocurrido infinidad de veces, con licitaciones públicas hechas a la medida para favorecer a una empresa con prácticas clientelistas.

Bajo este entendido, se puede observar que la política de la regulación no tiene como enfoque principal terminar con las guerras entre los cárteles y el Estado, ya que fue concebida en países que no presentan esta clase de conflictos, pero presentan serios problemas con enfermedades derivadas del consumo de drogas, por lo cual su implementación en el caso colombiano es ineficiente.

Ahora bien, en la academia existen debates sobre la efectividad de esta política pública, ya que genera tanto efectos positivos como negativos. Incluso si se hiciera un análisis lógico de un caso hipotético en el que el Estado conceda contratos a los nuevos empresarios de la droga, obviamente que se dispararía el consumo y la sobredosis. La investigación de Analisa Packham (2019) concluyó que la regulación de drogas, específicamente la heroína, favorece la reducción de casos de VIH y Hepatitis C. Sin embargo, también se encontró un aumento del 25 % en sobredosis, dos años después de implementar la política. El autor también describió un aumento en delitos violentos como el hurto agravado, lesiones personales y homicidios.

En conclusión, la regulación de las drogas resulta ser poco efectiva y riesgosa en Colombia a la hora de enfrentar a los carteles, ya que supone la posible vinculación de actores armados al empresariado colombiano, generando así mayor impunidad y revictimizando a los afectados por el narcotráfico. Asimismo, no garantiza la destrucción de las organizaciones criminales al no ser este su objetivo principal, debido a su naturaleza de política de salud pública. De la misma manera, tiene un margen de error a la hora de disminuir el consumo y los casos de sobredosis, lo cual hace que esta política sea excesivamente focalizada e inadecuada para el caso colombiano.

Recuperado de:

• Canadian Drug Policy (S.f) ‘Legal Regulation’. Recuperado de: https://drugpolicy.ca/our-work/issues/legal-regulation/#:~:text=Under%20decriminalization%2C%20drug%20possession%2C%20consumption,drugs%20and%20drug%2Duse%20paraphernalia.
• Packham A. (2019) ‘ARE SYRINGE EXCHANGE PROGRAMS HELPFUL OR HARMFUL? NEW EVIDENCE IN THE WAKE OF THE OPIOID EPIDEMIC’. National Bureau of Economics.
• Lessing B. (2018) ‘Making peace in drug wars: Crackdowns and cartels in Latin America’. Editorial: Cambridge University Press.