En un mar de despilfarro, naufraga la Reforma Agraria petrista

La reforma agraria del Gobierno Petro está menos que en pañales, no se han cumplido las metas, va rumbo al naufragio. Basta leer el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia en 2024 para confirmarlo.

A la fecha (22 de enero de 2025), se han sumado 494.556 hectáreas al Fondo de Tierras y adjudicado solo 154.568, que “representa el 5,32 % de la meta global” de 2,9 millones. Se han formalizado “1.308.523”, el “32,7 %”, de 3,9 millones de hectáreas, con posesión o con títulos precarios pendientes de ser escrituradas. Muy bajo cuando se ha cumplido el 60 % del mandato petrista. Rajados.

Los directivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deben agradecer que el comisionado no estudió los estados financieros de 2024, en los que a estas alturas se develan falencias estructurales incorregibles. Un dato es contundente: mientras se adquirieron el año pasado 140 predios por $301.477 millones, la nómina paralela de 6.997 contratistas costó $369.514 millones. Es decir, por cada peso comprado en tierras, la ANT se gasta 1,22 en órdenes por servicios. Un despropósito, que se explica por la politiquería reinante en la administración de Felipe Harman, consentida por Petro con fines electoreros.

Tan insólito como el dato anterior, es que se reconoce un inventario de 433 predios, de los cuales hay 258 “que aún carecen de un valor y/o costo de adquisición”. A los $1,545 billones que valen los inventarios, más los otros activos administrados, les falta añadir el valor de esos 258. Lo anterior no es obstáculo para que la ANT siga acumulando tierras, que no entrega, y que hicieron crecer su patrimonio, entre 2023 y 2024, hasta $1,514 billones. Un gran terrateniente, más que en 2024.

Adquirió, sin contar los incorporados por otros medios, 140 predios y adjudicó 97. Estos se distribuyeron así: 22 a campesinos, 58 a comunidades indígenas, 12 a las de afrodescendientes y 5 a desmovilizados. Quedaron 43 sin adjudicar, lo que se suma a las decenas que quedaron de años anteriores y que están en su recaudo. Todavía de 231 adquiridos hay 166 en proceso de perfeccionamiento. A ese ritmo, el Gobierno de la reforma agraria la aplazará para el siglo XXII.

No menos escandaloso es el registro de 6.832 predios baldíos adjudicables sobre los que no se ha actuado y de 33 entregados por la SAE, que ojalá no deban devolverse luego de un proceso jurídico, como ha pasado con algunos bienes de enajenación temprana, y de 258 del antiguo Incoder sin “registro patrimonial”. ¿Así o más el despelote?

Como si fuera poco, es notorio el aumento de litigios y demandas contra la ANT en 2024. Los casos por $81.400 millones en 2023 se incrementaron a $441.935 millones. Crucemos los dedos para que se pierdan el menor número porque, de lo contrario, podríamos terminar en una contrarreforma.

Felipe Harman compite en autobombo con Mauricio Lizcano. Con el mismo operador logístico, Plaza Mayor de Medellín, que es un contratante de subcontratistas. Gastó $17.213 millones en “planificación de eventos” en 2024, sin contar con los 5.000 millones más del importe del acto político en Chicoral unas cuantas semanas atrás. En poco tiempo superará los $29.000 millones dilapidados por el exminTIC.

El despilfarro no para ahí. Los gastos generales en 2024, con relación a 2023, pasaron de $371.050 millones al exorbitante de $503.545 millones, 35 % más. Por ejemplo, los de viáticos y de viajes, que Felipe Harman registra en Instagram y demás redes, aumentaron 39 %, y por la suma escandalosa, ya enunciada, de los honorarios a contratistas por servicios, que subió 44 %. Ferias, fiestas y politiquería con plata de la reforma agraria.

Si se suma el valor de esos 97 predios entregados, que es de $45.978 millones, que entre todos no llegan a 15.000 hectáreas, la ANT derrocha en servicios misionales, sin contar la nómina de planta, más de 10 pesos por cada uno que entrega y 30 por cada hectárea. Una vergüenza.

Para colmo de males, la ANT suscribió dos créditos con el BID y el Banco Mundial por USD 49 millones con el fin de adoptar e implementar el catastro multipropósito. Significa, ni más ni menos, que la ANT les dará de ñapa a sus beneficiarios, muchos “botados” sin apoyo para la producción ni atención social, como las 49 familias ubicadas en la finca Dinamarca en Maní (Casanare), un “apretón” catastral con impuesto predial según el mercado. ¿Harman les advierte esto en sus incendiarias peroratas? El conocido engaño petrista.

La reforma agraria, la más importante del Gobierno Petro, naufragó. No por culpa de un “golpe blando”, sino por el desvío de sus justos cauces.