“En los Crocs de Uribe”

A usted lector, le pido imagine por un momento que es un político con reconocida trayectoria. Si, soy consciente que muchos ni en su peor pesadilla quisieran imaginarse como políticos, pero si esta vez no hacemos el esfuerzo de comprender lo que nos jugamos este ya próximo 28 de julio (día en el que se conocerá el fallo del caso del expresidente Álvaro Uribe), quizás ya no podremos ni usar la imaginación para hacerlo.

Entonces, considere que usted, el político, tiene un contradictor político que decide buscar testigos, con el fin de hacer un montaje y empantanar su honra y buen nombre.

Usted decide defenderse y a través de un abogado acude a esos testigos para verificar el montaje en su contra e intentar que entreguen la versión de los hechos. No se les pide mentir ni callar ni se les ofrece nada a cambio. Toda la información recolectada se envía a la autoridad judicial competente, que para su caso es la Corte Suprema, sin modificarla, sin embellecerla, intacta como se recibe.

Un magistrado de la Corte Suprema con conocida animadversión hacia usted, decide no investigar la información que radican sus abogados, resuelve en favor de su contradictor (que construyó el montaje con falsos testigos) y con base en una denuncia del abogado de su contradictor, le abre un nuevo proceso a usted por soborno y engaño a la justicia, del que no lo notifican en debida forma, no le permiten dar su versión libre y luego lo llaman a indagatoria.

El magistrado filtra información del proceso a medios de comunicación y además en compañía de otro magistrado habla en televisión sobre su caso, irrespetando la tradición de seriedad de esa Corte.

Interceptan más de 20.000 de sus comunicaciones “por error”, pues habían ordenado interceptar a otro político y pasaron fue su número de celular. Quien hace las escuchas se percata del error, lo informa pero le dicen que siga. Desconectan su teléfono a los 32 días, pero le dan validez a esas escuchas que incluyen conversaciones con su abogado, cuya privacidad está ampliamente protegida por las normas y la jurisprudencia.

Usted rinde indagatoria ante el magistrado competente de la Corte Suprema, en cuyo nombramiento participó el magistrado que le abrió el proceso a usted y resolvió en favor de su contradictor.

El magistrado que recibe su indagatoria, 10 meses después, le restringe su libertad con una medida de aseguramiento.

Luego usted se entera que ese magistrado, que restringió su derecho sagrado a la libertad, debió declararse impedido porque tenía evidentes conflictos de interés.

Usted renuncia a su cargo como senador, por el daño y perjuicios que estas decisiones judiciales le han causado a su profesión y por el evidente sesgo de la autoridad que lo está juzgando, con el fin que sea la autoridad judicial ordinaria quien lleve su proceso.

Ante esa decisión la Corte Constitucional debe decidir si la indagatoria de la Corte Suprema equivale a la imputación de la Fiscalía. La decisión de los magistrados de esa corporación es estrecha pero respetable (5-4). Sin embargo después usted se entera que el magistrado ponente de esa decisión fue nombrado por otro contradictor político suyo y que además ese magistrado filtró la decisión a un periodista con reconocida animadversión en su contra. Ese magistrado admite ante medios de comunicación que en el proceso de su decisión recibió llamada de su contradictor político.

El proceso sigue su desarrollo ante la Fiscalía y otros reconocidos contradictores políticos suyos son aceptados como presuntas víctimas.

Dos fiscales piden precluir. La juez niega la solicitud y el Tribunal de Bogotá pide se practiquen más pruebas que fueron contundentes a su favor. El Tribunal falla en contra de la preclusión.

La Corte Suprema elige nueva Fiscal General de terna postulada por el actual Presidente de la República, del que usted es su opositor político más visible.

Usted es formalmente acusado por un tercer fiscal, elegido por una fiscalía anterior a la actual, que fue nombrado y promovido por una de sus presuntas víctimas con enorme animadversión en su contra.

Ese fiscal, además, horas antes de presentar formalmente la acusación ante la juez, incluyó en el escrito de acusación un delito adicional que no había incluido en el escrito inicial.

Ese fiscal no se declaró impedido, fue trasladado, pero la actuación quedó en firme y no fue saneada.

La juez no otorga un tiempo razonable a la defensa para estudiar esa edición al escrito de acusación. Tampoco da un tiempo razonable a la defensa para presentar sus pruebas. Inicialmente la defensa se queda sin pruebas. El Tribunal ordena a la juez permitir que la defensa presente la solicitud de pruebas. La juez no autoriza pruebas relevantes para la defensa que luego el Tribunal exige practicar.

Durante el desarrollo del juicio, la presunta víctima que nombró y promovió al fiscal que lo acusó formalmente a usted, es nombrada por el actual Gobierno Nacional, del que usted es el opositor más visible, como Ministro de Justicia.

La Fiscalía no logra probar su teoría del caso. Incluso los testigos que presenta el ente acusador declaran en favor suyo.

Su defensa demuestra ampliamente su teoría del caso, las mentiras y contradicciones de los testigos que presenta la Fiscalía y el montaje que se construyó en su contra. Además deja claro que son sus contradictores políticos y presuntas víctimas, quienes incurrieron en delitos para difamarlo a usted.

La Fiscalía, en sus alegatos finales, le atribuye a usted palabras que no dijo durante el juicio. Ello es probado con las grabaciones de las audiencias.

El Presidente de la República actual, de quien usted es su más visible contradictor, se pronuncia públicamente, en su calidad de presidente, por lo menos 12 veces sobre su proceso, ejerciendo notoria presión ante la justicia.

Entre sus presuntas víctimas, figuran el actual senador con mayor visibilidad en la bancada del partido de gobierno, el actual Ministro de Justicia y una presunta exguerrillera de la FARC, grupo terrorista que usted combatió como Presidente de la República.

Con tales antecedentes usted se encuentra ad portas de un fallo que en derecho debería absolverlo (según el concepto imparcial de reputados juristas) y compulsar copias para que sean investigados quienes participaron del montaje en su contra y utilizaron la justicia como arma política.

Con tales antecedentes, que aclaro no son taxativos, usted se pregunta: ¿será un fallo en derecho o un fallo político?

Volviendo al mundo real, espero que desde los Crocs de Uribe, usted haya podido advertir las múltiples irregularidades en distintas etapas del proceso. Y lamento decirle que de ser un fallo político, no solo estaría en riesgo la libertad del expresidente Uribe, sino la de los colombianos, que seremos testigos de una injusticia que socava el Estado de Derecho.

Una injusticia que unida a los constantes ataques del Gobierno Nacional a la libertad de prensa, significaría el inicio del fin de la democracia y el comienzo de un régimen socialista del siglo XXI, del que Uribe ha sido muro de contención.

Hoy usted se puso en los Crocs del expresidente Uribe, mañana podrían ser los zapatos de cualquier otro ciudadano, incluidos los suyos. Salvo que el régimen ya haya cooptado incluso su derecho a la imaginación.