Opinión
En el gobierno del “cambio”, los mismos negociados internacionales. Caso tren La Dorada-Chiriguaná
En materia de concesiones, pese a la retórica envolvente de que “nos están robando”, el Gobierno de Petro cede todo a los mismos con las mismas. Este es un caso muy notorio, además de otros que están por venir. Mucho tilín tilín y pocas paletas.
Cuando queda casi un tercio del Gobierno de Petro, se van deslizando, en forma de “proyectos estratégicos”, un conjunto de grandes negocios que el presidente aspira a concretar antes del 7 de agosto de 2026. Algunos de ellos fueron enunciados el pasado 7 de abril en el consejo de ministros, justificados en nobles causas, como es obvio, y suman decenas de billones de pesos.
Es notable el meganegociado del corredor ferroviario La Dorada-Chiriguaná que, con el mismo tipo de modelo TransMilenio, privatiza y entrega en concesión por diez años a un consorcio colombo-español (lo que suena inexplicable en un supuesto Gobierno de “izquierda”). El accionista mayoritario de este consorcio es el grupo hispano Ortiz Construcciones y Proyectos S. A. S., que tiene el 75 por ciento y se lucrará de 2,27 billones de pesos, que es el monto de la negociación.
Es inicuo que se le entregue a dicho grupo, que acredita además las concesiones viales a 25 años y en reemplazo de Odebrecht, en la Ruta del Sol II, de la Troncal del río Magdalena I: Corredor Puerto Salgar-Barrancabermeja y de la Troncal del río Magdalena II: el Corredor Sabana de Torres-Curumaní. Un festín de adjudicaciones en la modalidad 5G en los días de remate del Gobierno Duque. Es decir, estos españoles quedan con el monopolio de la movilidad del Magdalena Medio al hacerse a las carreteras y también al ferrocarril.
(https://www.grupoortiz.com/quehacemos/infraestructuras/infraestructuras-de-transporte/).
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El dueño de esa multinacional, que opera en 12 países con el respaldo financiero del Banco Santander, el BID, Bancolombia, la CAF, el Sumitomo y la ICF del Banco Mundial, es el ciudadano español Juan Antonio Carpintero López. Este elevó la fortuna personal en los últimos años a 320 millones de euros y su firma fue salpicada en un informe de la Fiscalía en el que “hay pistas” de participar en la corruptela en los juegos nacionales de 2015 en Ibagué, en asocio con Emilio Tapia (https://www.elespectador.com/judicial/el-socio-oculto-de-emilio-tapia-en-los-juegos-nacionales-de-ibague-en-2015-grupo-ortiz-y-jalim-rebaje/).
Ese negocio de 2015 consistía en que el Grupo Ortiz facilitaba sus estados financieros y experiencia a cambio del 6 por ciento del valor del contrato, por lo que hoy tiene dos fallos de responsabilidad fiscal. Uno por 2.293.314.525 pesos y el otro por 2.061.562.159 pesos. “Las decisiones fueron proferidas en diciembre de 2021 y marzo de 2022”. Nada importó.
(https://www.elolfato.com/investigacion/les-llego-la-hora-a-las-multinacionales-espanolas-que-participaron-en-el-desfalco-de).
Vale preguntar cuánto influyó la “disposición de 1.000 millones de euros” que España, mediante su mandatario, Pedro Sánchez, anunció en la visita del presidente Petro en mayo de 2023, hace dos años, para que, “a través de diferentes instrumentos de cooperación”, se financien “proyectos en sectores prioritarios con empresas españolas”. ¿Es un contrato apalancado con dineros públicos de la madre patria? Les incumbiría a las autoridades de España. (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/con-la-firma-de-ocho-acuerdos-concluye-la-visita-de-petro-a-espana-7656279).
Con estos expedientes surgen evidentes cuestionamientos alrededor de la asignación de la licitación de esa línea ferroviaria, en la que participaron otros oferentes. Uno, con la problemática portuguesa Mota-Engil como eje, y, otro, dirigido por la británica ERG. Los del “cambio” se decidieron por la propuesta que creaba un monopolio en el transporte solo de carga de 2,8 millones de toneladas por año por esa vía férrea, con trenes tradicionales y ampliación del ancho de vía. ¡Vaya regalo a un privado extranjero en tiempos del Gobierno “humano”!
El acaparamiento de concesiones viales del Grupo Ortiz en Colombia se inició con negociados antes del “cambio”. Tiene 1.067 kilómetros en las nombradas dos troncales del río Magdalena, además de la Transversal Momposina con 222 kilómetros y en el Corredor Transversal del Sisga, en la Autopista Conexión Norte y en la Ruta del Caribe II. Un poder dominante que poco le importó a Petro y a su Gobierno, el mismo que despotrica a todas horas de las 4G.
El Grupo Ortiz y Proyectos S. A. S. van de la mano con el Grupo KMA, el zar de los peajes en Colombia en 45 rutas, por valor de 11,93 billones de pesos. Comparten la controvertida extensión Caribe 2, adjudicada hace cuatro años, y pretenden cobrar 2,5 billones de pesos por la construcción de 70 kilómetros de segunda calzada. Por ahora nada han adelantado, pero tienen seis casetas de cobro regadas en 160 kilómetros.
En materia de concesiones, pese a la retórica envolvente de que “nos están robando”, el Gobierno de Petro cede todo a los mismos con las mismas. Este es un caso muy notorio, además de otros que están por venir. Mucho tilín tilín y pocas paletas.
