En Colombia, la justicia es ciega, sorda y muda… pero solo para los ciudadanos de bien

A Colombia no la destruyen los criminales, la destruye la impunidad. No es la delincuencia la que ha condenado a millones de ciudadanos al miedo, sino un sistema de justicia diseñado para garantizar que el crimen prospere. Un sistema con tres justicias transicionales y una justicia ordinaria, y ninguna funciona.

En este país, hay jueces para los narcos, jueces para los corruptos, jueces para los paramilitares, jueces para la guerrilla, jueces para los procesos de paz y, en teoría, jueces para los ciudadanos comunes. Pero si usted es víctima, vaya haciendo fila. La justicia colombiana no está hecha para protegerlo a usted, sino para facilitar la reintegración de criminales.

Cuatro sistemas, una sola conclusión: impunidad garantizada

En lugar de un sistema robusto que castigue el crimen, Colombia creó un laberinto de justicias especializadas que, lejos de resolver conflictos, garantizan que la delincuencia tenga múltiples oportunidades.

1. Justicia Ordinaria: justicia para quien pueda pagar (y esperar toda una vida)

Si usted es víctima de un delito en Colombia, prepárese para una pesadilla legal. Su caso quedará archivado en algún escritorio polvoriento y, si avanza, será después de años de aplazamientos, cambios de juez y procesos interminables. El 98 % de los delitos quedan impunes.

Un ejemplo claro es el caso de Epa Colombia. Independientemente de su culpabilidad, lo más indignante es que solo fue sentenciada a prisión después de seis años de un proceso largo y tortuoso. Durante ese tiempo, dejó de publicar en redes, evitó temas políticos, formó su empresa, tuvo una hija y se destacó como emprendedora. ¿Y qué tipo de justicia recibió? Seis años después, con una vida reconstruida, debe pagar una pena en prisión. Si esa era la decisión de la justicia, la demora del fallo final es la peor de las penas.

Mientras tanto, los delincuentes con buenos abogados entran y salen de la cárcel como si fueran huéspedes de un hotel. En Colombia no se fugan, simplemente pagan para salir.

2. La JEP: el tribunal donde los criminales redactan su propia sentencia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nació para garantizar la transición de los excombatientes de las Farc a la vida civil. Suena bien en teoría. En la práctica, es el único tribunal donde los acusados se convierten en sus propios jueces.

Mientras las víctimas siguen esperando justicia, los excombatientes disfrutan de libertad, representación política y un pase VIP al perdón judicial. Basta con una confesión a medias para garantizar que nunca verán una celda.

En Ruanda, tras el genocidio de 1994, se crearon los Tribunales Gacaca, que procesaron 130.000 casos en una década. En Colombia, la JEP lleva años “analizando” miles de expedientes sin resolver. Pero, ¿cuántas libertades ha ordenado?

Hoy los victimarios tienen empleo o pensión, casa y hasta esquemas de seguridad y las víctimas, en su mayoría, esperando la “verdad, justicia y reparación”.

3. Justicia y Paz: el manual para reducir penas con un discurso bonito

Este fue el experimento de justicia transicional para los paramilitares. Se suponía que serviría para castigar a los jefes del paramilitarismo y garantizar justicia para las víctimas.

¿El resultado? Miles de criminales con penas reducidas y un buen número de ellos reintegrados en la política y la economía.

Justicia y Paz se convirtió en un teatro donde los paramilitares “confesaban” lo que querían a cambio de penas mínimas y algunos años en cárceles. Siempre la misma pregunta: ¿qué pasó con las víctimas?

4. La paz total: cuando negociar con todos resulta en paz para nadie

La política de paz total busca negociar simultáneamente con todos los grupos armados del país. Una idea ambiciosa que, en la práctica, ha resultado en un caos.

Mientras se dialoga con unos, otros aprovechan para fortalecerse. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo han dejado decenas de muertos y miles de desplazados. Chocó, Cauca, Fontibón… La historia es la misma.

La paz total se ha convertido en una guerra fragmentada, donde el único consenso es que nadie paga por sus crímenes.

Los malos saltan entre un sistema y el otro, buscando impunidad y mientras tanto los ciudadanos claman por justicia que al final se traduce en seguridad.

Mientras tanto, en El Salvador…

Ahora, comparemos con un país que decidió hacer justicia de verdad.

En 2015, El Salvador tenía la tasa de homicidios más alta del mundo: 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Hoy, la redujo a 1.9 y se ha convertido en el país más seguro del hemisferio.

¿Cómo lo hizo? Aplicando la ley sin excepciones.

Colombia tiene múltiples tribunales para procesar el crimen.

El Salvador tiene un solo sistema de justicia que castiga el delito sin distinción.

Colombia negocia con criminales y les garantiza representación política.

El Salvador encarceló a 70.000 pandilleros en solo dos años y redujo la violencia a mínimos históricos.

Colombia mantiene un sistema penitenciario de puertas giratorias.

El Salvador construyó cárceles de máxima seguridad donde el crimen realmente termina.

No se trata de que El Salvador sea perfecto, sino de que tomó decisiones que en Colombia parecen imposibles de imaginar.

Mientras en El Salvador las cárceles garantizan que los criminales no vuelvan a delinquir, en Colombia los delincuentes manejan el crimen desde la cárcel.

Mientras en El Salvador la justicia se aplica con rapidez y eficacia, en Colombia cada proceso es una comedia de errores donde las víctimas quedan en el olvido.

La pregunta es simple: ¿Hasta cuándo?

El presidente Bukele, en un pronunciamiento, hizo una afirmación contundente que invita a la reflexión: “Cuando un país no resuelve su problema, especialmente el de la delincuencia, es porque no hay voluntad de hacerlo o, en algunos casos, porque sus líderes son socios de los delincuentes.”.

Seguimos esperando el mesías… Ojalá esta vez sí llegue.

*Este artículo expresa opiniones del autor y no representa la posición oficial del Gobierno de El Salvador.