Elecciones 2026

Recientemente, el presidente Gustavo Petro dejó un largo mensaje en su cuenta de la red social X, en el que —entre otras cosas— dijo:

“Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos”. “Tienen a la fiscal fregada con su puesto, en el Consejo de Estado, lo han demandado, cosa rara, en la sección que siempre falla en mi contra…”. “Los magistrados del Consejo Electoral, que contra la Constitución, me despojaron de mi fuero presidencial, y dijeron que me podían investigar en un órgano administrativo”. “La Junta del Narcotráfico, la misma a la que contactó Leyva, la misma que me quiere matar, porque denuncio que dejaron en la impunidad el caso del fiscal paraguayo Pecci”. “La estrategia de Leyva necesitaba urgentemente un proceso en la Comisión de Acusación y que algunos le ayudaran allí”. “El intento sedicioso de los presidentes de nueve partidos, la mayoría pequeñísimos, que llamaron a desconocer al presidente, encabezados por el presidente del Congreso…”.

El lenguaje del presidente —siempre beligerante y provocador— en que señala violación de sus derechos, jueces que siempre fallan en su contra, despojo de su fuero presidencial, mafias que lo quieren matar, procesos en la Comisión de Acusación e intentos sediciosos cuando no golpes de Estado. Se presenta como una víctima acosada desde distintos flancos que incluyen a antiguos colaboradores, opositores, autoridades y hasta mafiosos.

Las actuaciones del Consejo Nacional Electoral relativas a la financiación de la campaña electoral para la Presidencia tienen sustento constitucional (art.109) y legal (Ley 996) que dio lugar a un debate sobre el alcance del fuero presidencial, que finalmente se resolvió a favor del presidente.

Las demandas contra la elección de fiscal general han existido en el pasado, son relativamente comunes y se adelantan por competencia en el Consejo de Estado, Sección Quinta. Es cierto que en otros temas ha habido decisiones adversas al Gobierno, pero más allá de los resultados se deben mirar los argumentos: los funcionarios no cumplían los requisitos para los respectivos cargos. En otras palabras, el Gobierno desconoció los reglamentos.

El excanciller Álvaro Leyva, en distintas comunicaciones, señaló incumplimientos del presidente a diferentes compromisos oficiales y diplomáticos por supuestas actividades de insano esparcimiento, acompañadas de una presunta adicción al consumo de drogas ilícitas. En cuanto a la difusión de audios recaudados sin formalidad judicial, dependerá de las investigaciones al respecto. Lo cierto es que el incumplimiento de funciones presidenciales es asunto investigable por la comisión de acusaciones, y la incapacidad del presidente es asunto atinente al Senado.

En cuanto a la convocatoria a consulta nacional sin concepto favorable del Senado, no hay intento sedicioso de partidos políticos ni del presidente del órgano legislativo, sino incumplimiento de un requisito constitucional, ciego empecinamiento del Ejecutivo y suspensión provisional judicial.

Sobre la Junta del Narcotráfico, actividad delictiva, poco o nada se puede decir sin las correspondientes investigaciones. Tal vez anotar que la política de paz total con grupos delincuenciales ha demostrado ser un fracaso.

En fin, en muchos casos se trata de controversias jurídicas que, cuando las gana el presidente, sus contradictores son considerados violadores de derechos y conspiradores. Pero cuando las pierde el presidente, se trata de jueces parcializados que siempre fallan en su contra.

En relación a las elecciones, olvida el mandatario mencionar los cientos de municipios bajo el poder de grupos armados ilegales, el debilitamiento financiero e institucional de la Fuerza Pública, la violencia de sus simpatizantes y activistas contra autoridades, cuando la garantía de los derechos, el mantenimiento del orden público y la defensa del orden constitucional son deberes y funciones de la Rama Ejecutiva que dirige.

Cita de la semana: “El nivel intelectual de la dirección política es muy bajo en casi todos los países, es decir, es simplemente demagógico. La política ha tenido que convertirse en publicidad”. Estanislao Zuleta, Conversaciones (1997).