Que un candidato presidencial evite los debates no es un problema de agenda. Es una decisión. Y, en política, las decisiones nunca son neutrales; siempre revelan algo.
Iván Cepeda decidió no debatir, no conceder entrevistas abiertas y no exponerse a preguntas incómodas ni a contradictores reales. Prefiere los escenarios controlados, los aplausos propios y los discursos sin interrupciones. En alguien que aspira a gobernar, esto no es un detalle menor; es una señal de alerta.
La pregunta no es si tiene miedo; la pregunta es qué es lo que no quiere responder. Hay temas que lo persiguen: su cercanía histórica con las Farc, las fotos que nadie olvida y el fracaso de la llamada paz total, política de la que ha sido arquitecto y promotor, y que hoy deja un país con más coca, más control territorial de grupos armados y más miedo en las regiones.
Pero el problema no es solo el pasado. Es el presente. Desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro, el silencio de Cepeda ha sido constante. Mientras calla, se acumulan escándalos que cualquier candidato debería rechazar: los señalamientos sobre la posible injerencia de alias Calarcá en la UIAF, los cuestionamientos a miembros de la Fuerza Pública y las denuncias por abusos contra mujeres dentro de esta administración.
Tampoco quiere que le pregunten por la corrupción de este gobierno: nada sobre Papá Pitufo, nada sobre Ricardo Roa, nada sobre la nómina paralela, nada sobre ese primer anillo de Gustavo Petro que hoy está entre investigaciones, fugas y escándalos.
Tampoco ha dicho una sola palabra sobre los abusos contra las mujeres cometidos al interior de este gobierno. Mientras el presidente defendía a los señalados, Cepeda miraba para otro lado. Eso no es neutralidad. Es complicidad.
Cuando le preguntan, evade. Esta semana lo dejó claro: abordado por los medios, respondió que la “megaparranda” en la cárcel de Itagüí era un asunto de las autoridades penitenciarias, como si no tuviera nada que decir. Eso no es prudencia. Es renunciar a su responsabilidad.
Remató con una frase reveladora: “De mí no esperen declaraciones en contra de la paz”.
Como si cuestionar la impunidad fuera oponerse a la paz. Como si denunciar delitos debilitara la reconciliación. Los delitos no son paz; son una cachetada al Estado de derecho. Un candidato que no hace esa distinción hoy no la hará desde la Casa de Nariño.
No quiere preguntas. No quiere debate. No quiere confrontar. Eso lo dice todo.
Colombia exige debates, exige respuestas y exige saber qué propone cada candidato, porque quien aspira a gobernar tiene que dar la cara.
Hay algo aún más grave. Desde el Gobierno le están construyendo el camino con recursos públicos y una presencia institucional que borra la línea entre Gobierno y campaña. Un candidato que no necesita debatir porque tiene el aparato pretende llegar al poder sin dar explicaciones. Por eso no va a los debates.
La apuesta de Cepeda es esconderse: no dar explicaciones para que el país no sepa realmente quién es. Colombia no necesita un presidente que se oculte; necesita líderes que den la cara.
El que no es capaz de responder hoy, no podrá gobernar mañana.