Opinión
El riesgo inminente de un déficit de energía en firme, en Colombia
Sin la entrada efectiva de nuevos proyectos de generación, el país enfrentará un panorama preocupante para el año 2027.
El sistema eléctrico colombiano enfrenta un desafío crítico: un déficit potencial para cubrir las obligaciones de energía firme (OEF), equivalentes a una planta térmica de hasta 1.000 MW para el año 2027. Este término, que puede parecer técnico, hace referencia a los compromisos adquiridos por los generadores para garantizar la entrega de energía cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez, asegurando la confiabilidad del sistema. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se presentan fenómenos climáticos adversos. En otras palabras, es la energía con la que el país puede contar con certeza cuando más la necesita.
El problema radica en que la demanda de energía sigue creciendo anualmente entre un 3 % y un 4 %, mientras la oferta permanece estancada. Aunque la línea de transmisión colectora, clave para conectar los proyectos eólicos de La Guajira, tiene una fecha de puesta en operación (FPO) para julio de 2025, es altamente probable que su entrada en operación se materialice en noviembre de 2026. Esto representa un obstáculo que pone en duda la viabilidad de estos proyectos.
En los últimos meses, varias compañías han decidido abandonar sus inversiones en el sector eólico colombiano. Enel, Celsia y ahora EDPR han dado un paso atrás en sus proyectos en La Guajira, señalando que, tras evaluaciones exhaustivas, estos no cumplen con sus criterios de inversión ni con el perfil de riesgo esperado. Esta tendencia de salidas reduce la posibilidad de contar con los aportes esperados de energía renovable en la matriz de generación del país. Sin la entrada efectiva de estos proyectos, el país enfrentará un panorama preocupante: una oferta energética insuficiente que no podrá cubrir la creciente demanda. Si no se toman medidas urgentes, esto conducirá a un aumento en el precio de la energía eléctrica, afectando tanto a hogares como a industrias y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Ante este escenario, la respuesta no puede ser simplemente una subasta de reconfiguración, como la que está en marcha con la Resolución Creg 101 062 de 2024. Se necesita, con urgencia, una subasta de expansión que impulse la entrada de nuevos proyectos y garantice un mayor suministro eléctrico. El gobierno tiene la responsabilidad de crear políticas que faciliten la inversión y agilicen los procesos de desarrollo de nuevos proyectos de generación. Sin reglas claras y atractivas para los inversionistas, la incertidumbre continuará espantando a las empresas del sector.
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Es crucial reconocer que la energía solar, aunque clave en la transición energética, no es suficiente para atender la demanda en las horas pico, que van entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. Esto subraya la necesidad de pensar en fuentes de generación como plantas hidroeléctricas, térmicas y almacenamiento en baterías; que puedan ofrecer respaldo cuando la generación solar y eólica no sean viables. Pensando en el mediano plazo, es necesario empezar a allanar el camino para el desarrollo de centrales nucleares con reactores tipo SMR para mediados de la próxima década. Sin duda, no podemos seguir planteando la expansión del país únicamente en términos de fuentes intermitentes; necesitamos una canasta energética sólida.
El panorama es claro: si Colombia no toma decisiones urgentes, el país se encaminará a un déficit energético que encarecerá aún más el costo de la electricidad y comprometerá la confiabilidad del sistema. La solución pasa por una mayor oferta, lo que implica poner a circular más electrones en el sistema eléctrico nacional. Solo así se garantizará una matriz energética sólida, competitiva y capaz de enfrentar los retos del futuro.
