El próximo presidente debe extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico

Colombia hoy está secuestrada y nadando en coca. El próximo gobierno que surja de la coalición de derecha y la centroderecha no puede pisar la Casa de Nariño con discursos tibios ni promesas a medias. Tiene una misión urgente si quiere rescatar al país de la captura institucional en la que se encuentra. Debe llegar con políticas contundentes para extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico y a sus socios incrustados en el Estado profundo. Ustedes saben quiénes son. Recuperar las relaciones con nuestro principal aliado en la lucha antidrogas, Estados Unidos, será clave en este proceso.

No es una consigna vacía ni un gesto populista. Es la única manera de desmontar el narcorrégimen que encabezan Gustavo Petro e Iván Cepeda, con la sombra intacta de la cúpula de los narcoterroristas de las Farc que quedó impune. Debemos impedir que este aparato se atornille por décadas, porque eso significaría la entrega definitiva del Estado y el entierro de nuestra democracia.

Este deterioro no empezó ayer. Viene del llamado proceso de paz del hoy ‘nobel de Paz’, tartufo y traidor Juan Manuel Santos (reelegido con Odebrecht), que no solo les dio poder político y territorial a las Farc, sino que coincidió con un crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos. Mientras se negociaba en La Habana, la estructura criminal se fortalecía en silencio, con brazo armado, en el monte, asegurando rutas, contactos y nuevos socios. Santos vendió al mundo una paz histórica; la realidad fue una expansión del crimen.

El informe más reciente de la ONU es demoledor. En 2023, Colombia registró 253.000 hectáreas de coca, dos tercios del total mundial, que fue de 376.000 hectáreas. En solo un año, la producción potencial de cocaína creció un 53 %. Y lo más grave, los mayores incrementos se concentran en territorios controlados por los narcoterroristas de las Farc, ELN y otros grupos armados con los que el Gobierno insiste en sentarse a “dialogar”.

No se puede hablar en serio de lucha antidrogas mientras se mantiene una alianza política y estratégica con el narcorrégimen de Nicolás Maduro. No olvidemos que Maduro y Diosdado Cabello — el Pablo Escobar venezolano—, las dos cabezas visibles del Cartel de los Soles, tienen precio en el Departamento de Estado de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Ese cartel, integrado por militares venezolanos, es señalado como una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región.

Con semejantes socios, la política antidrogas de Petro es un simulacro. Mientras tanto, las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia —liderada por el narcoterrorista Iván Márquez, hoy protegido por la narcodictadura venezolana— y bandas criminales como el Clan del Golfo, los carteles mexicanos ya presentes en nuestro país y el grupo terrorista Tren de Aragua, siguen expandiéndose y llenando los vacíos que deja un Estado deliberadamente ausente y cómplice.

Iván Cepeda, pieza clave de este engranaje ideológico, lleva décadas operando desde el Congreso en defensa de una narrativa que legitima a la narcoguerrilla y demoniza a sus opositores. Fue interlocutor y facilitador en las negociaciones con las Farc, siempre desde un enfoque que les garantiza blindaje político a sus camaradas.

El próximo candidato de la derecha que aspire a gobernar no puede dejar este asunto en segundo plano. Tiene que comprometerse, de forma pública y sin ambigüedades, a romper este círculo vicioso de extraditar a los capos con poder político, depurar las instituciones de cómplices y atacar el corazón del negocio, que no está en las manos del campesino cocalero, sino en los escritorios del poder en que se toman las decisiones.

Colombia no puede permitirse un presidente que llegue a pactar ni a continuar con ‘procesos de paz’ con criminales disfrazados de políticos ni con dictaduras vecinas que viven de la cocaína. O se corta de raíz esta alianza política del narcotráfico, o el país seguirá condenado a la corrupción, la violencia y la pérdida de su soberanía. Ojo con la zona binacional que están armando entre Petro y Maduro, que no es más que una Franja de Gaza y un corredor vial del narcotráfico sin control alguno.

El candidato que surja de la coalición tiene una oportunidad única e histórica. Si no la aprovecha con decisión y sin concesiones, el próximo presidente no será más que otro administrador de un Estado ya capturado.