Opinión
El problema fiscal es más grave de lo que se cree
El fondo del problema es que tenemos un gobierno que gasta mucho más de lo que le ingresa, la receta segura para la catástrofe económica.
El problema fiscal no es creación exclusiva de este gobierno. Venimos durante muchos años con gasto creciente, subsidios continuos, escasos recortes fiscales y baja credibilidad en el manejo presupuestal. Cuando Duque asumió la Presidencia ya existían problemas estructurales graves como los subsidios a los combustibles, la baja eficiencia en el recaudo tributario y gasto rígido en pensiones y transferencias. Sin embargo, en 2019, el país tenía un déficit fiscal de menos del 2,5 %, y un endeudamiento cercano al 49 % del PIB, ambos guarismos muy similares a economías que manejan de manera prudente sus economías.
A principios de 2020, la pandemia apareció a nivel global y para evitar el colapso del sistema de salud pública (e. g. hospitales, centros de atención inmediata, personal de salud, vacunas y respiradores), el gasto extraordinario se volvió indispensable. Millones de personas (informales, trabajadores por cuenta propia, microempresas) se quedaron sin ingresos, asunto que de no haberse solucionado hubiera muy rápidamente desembocado en una catástrofe social. El déficit fiscal ese año cerró en la astronómica cifra del 8 % del PIB. Al finalizar el gobierno de Duque en 2022, si bien la deuda externa había aumentado al 60 % del PIB, se logró disminuir el déficit al 5,5 %.
Pero este gobierno, en vez de haber contribuido a mejorar una situación ya de por sí delicada, lo que ha hecho es agravarla. Hoy el déficit fiscal es del 7 % y la deuda pública ronda el 64 % del PIB. Como lo señalan varios analistas, el inicio de las malas noticias se dio con la muy mal diseñada y peor implementada reforma de José Antonio Ocampo en 2022. Para el analista Gustavo Moreno Montalvo, dicha reforma, entre otras, adoleció de tres graves defectos: “(1) el impuesto permanente al patrimonio, producto de ahorro en periodos anteriores y fuente de ingresos gravados en el futuro; (2) el aumento del impuesto a los dividendos, que desestimula la inversión y es doble gravamen, porque la renta a distribuir ya ha sido gravada; (3) las tasas discriminatorias para las rentas en hidrocarburos socavan la competitividad del país en ese subsector, ya desestimulada por la decisión de no abrir nuevos espacios a la exploración”.
No hay que ser un genio para entender que el fondo del problema es que tenemos un gobierno que gasta mucho más de lo le ingresa, la receta segura para la catástrofe económica. Las tres principales agencias Calificadoras de Riesgo (Fitch, Moody’s, S&P…), que tienen perfectamente claro que el pago de intereses ya consume una parte creciente del presupuesto nacional, han degradado el grado de inversión de Colombia. Naturalmente, una calificación baja obliga por norma a muchos fondos a exigir mayores rendimientos o incluso renunciar a participar en futuras emisiones de deuda pública. La prima de riesgo (EMBI Colombia) es de 900 puntos, reflejo de la elevada percepción de riesgo de inversión en deuda colombiana.
El Gobierno cree tener una ventana para recuperar credibilidad en los mercados financieros mientras implementa un Plan de Ajuste Fiscal (reforma tributaria, control del gasto, reducción del déficit), antes de que se acumulen vencimientos más importantes de la deuda pública externa. Creo que ninguna de esas premisas se va a dar: en relación con la reforma fiscal que se viene tengo la certeza de que va a ser alcabalera, es decir, no va a buscar el crecimiento o la equidad tributaria, sino que va a intentar recaudar más impuestos, ya sea gravando las empresas o los asalariados, o incrementando el IVA, o aumentando los gravámenes al patrimonio o a los dividendos. Lo segundo es que por ningún lado se ve la menor intención del Gobierno de controlar el gasto público, especialmente el de funcionamiento. Y ante un mayor gasto en este periodo electoral, combinado con un mayor costo de la deuda, es absolutamente obvio que va a aumentar el déficit fiscal.
¡Días aciagos nos esperan! Como bien lo señala el economista Salomón Kalmanovitz: “Un gobierno hostil a la clase empresarial crea incentivos contrarios a la inversión: invitan más bien a la huelga de brazos caídos, mientras no se dé el cambio de administración; aunque este se viene en agosto de 2026, no se sabe qué partido o coalición triunfará en esos comicios”.
