El poder es nacional, no “popular”

A escasos meses del inicio de una nueva contienda electoral, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan en cabeza del presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo primigenio es socavar los cimientos de la Constitución Política, la cual juró proteger y defender el 7 de agosto de 2022, pero que hoy busca a toda costa desconocer y deshonrar desde el momento mismo de su posesión.

A hoy, la democracia y nuestra Constitución enfrentan su mayor amenaza en la figura de quien juró defenderla y que, en lugar de consolidar y cimentar la conquista del Estado social de derecho, actúa como su principal adversario.

Desde el inicio del período presidencial, la consigna ha sido otorgar beneficios a las estructuras criminales del país, y la constante, los discursos de odio en contra de quienes disienten del proyecto político de Gustavo Petro. Lo anterior sirve como telón de fondo para concentrar a Colombia en un superficial y hasta ridículo enfrentamiento de clases políticas —ricos vs. pobres— y de las instituciones contra la figura ‘redentora’ del presidente.

Esta idea resulta de mucha utilidad y beneficio político: es más fácil culpar al Congreso de la República de que el proyecto del “pueblo” no avance que realmente trabajar para conseguir el objetivo. A lo anterior se suman los constantes cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por las altas cortes, tratando de ocultar lo que a la fecha es el inocultable fracaso de este pseudo proyecto político.

A casi tres años de gobierno, la verdad comienza a salir a la luz: lo que parecía ser una serie de decisiones aisladas se revela como una estrategia meticulosamente diseñada para debilitar la Nación, desestructurar sus instituciones y quebrantar los frenos y contrapesos consagrados en la Constitución de 1991. Como resultado de este macabro plan, ahora se intenta recrear las condiciones que precedieron a la Constitución de 1991 y alterar las reglas democráticas para aferrarse al poder que, por mandato constitucional, le corresponde entregar.

El actual Gobierno pretende reconfigurar las reglas constitucionales y democráticas bajo el supuesto de que todo lo existente es un obstáculo para el progreso del país.

En ese mismo sentido, las declaraciones del ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, acerca de un bloqueo institucional —sobre el que afirmó: “Aquí tenemos un bloqueo institucional y un bloqueo institucional sistemático por parte del actual Congreso de la República frente a las reformas sociales que presenta el presidente de la República”— reflejan la verdadera intención de concentrar el poder y reducir las garantías democráticas.

La propuesta de una asamblea “popular” constituyente no solo carece de base legal en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que también desconoce el artículo 376 de la Constitución, que establece de manera clara y precisa el proceso para convocar una asamblea constituyente: debe ser aprobado por el Congreso, seguido por un acto electoral independiente y contar con la validación de al menos un tercio del censo electoral. La modificación de la expresión ‘nacional’ por ‘popular’ tiene implicaciones serias, ya que altera el mecanismo previsto por la Constitución, desnaturalizando el proceso de consulta popular y reduciendo el ámbito de representación de la ciudadanía.

Sustentar esta propuesta en una ley —de rango inferior— obvia lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución, que establece la supremacía de la Carta Política. Lo anterior es un acto de flagrante desconocimiento de la voluntad del constituyente originario y de la estructura jurídica que ha sostenido la democracia colombiana desde 1991.

Tal como lo expone magistralmente el profesor Mauricio Gaona, una asamblea popular implicaría la exclusión de sectores nacionales clave, permitiendo que una porción minoritaria de la población imponga sus decisiones, contraviniendo el principio de participación democrática universalmente garantizado por la Constitución.

Sobre el particular, el ministro Montealegre sugiere que bastarían 8 millones de votos para aprobar la convocatoria de una asamblea popular, mientras que la Constitución establece que se requiere la validación de un tercio del censo electoral, lo que equivale a más de 13 millones de votos. Esta disparidad pone en evidencia que la propuesta popular no es más que una estrategia personalista y un intento claro de perpetuarse en el poder.

En este sentido, es fundamental recordarle al presidente Petro que su llegada al Palacio de Nariño se logró con tan solo 700 mil votos de diferencia, una cifra que pone en perspectiva la legitimidad de su proyecto político y sus aspiraciones de cambiar las reglas del juego.

Colombia ha estado sometida a una degradación institucional que hoy da como resultado el riesgo de que el marco constitucional sea alterado, buscando concentrar el poder y socavar la estructura democrática del país. Ignorando que el poder es nacional, no popular.