El país donde los niños matan y la justicia duerme

Miguel Uribe Turbay no fue víctima solo de las balas de un sicario adolescente, fue víctima de un Estado ineficaz, de una inteligencia inexistente y de un sistema judicial que ha hecho del crimen un juego de niños. El atentado contra Uribe no fue simplemente un hecho aislado, fue la culminación de años de abandono, permisividad y laxa tolerancia hacia la criminalidad juvenil en Colombia.

Mientras países como Estados Unidos, Brasil y México endurecen sus leyes frente a la delincuencia juvenil, castigando con rigor a quienes atentan contra la vida y la dignidad humana desde muy temprana edad, en Colombia seguimos tratando a los jóvenes delincuentes como víctimas de la sociedad, sin darnos cuenta de que ellos, en muchos casos, son victimarios conscientes y despiadados.

Las cifras son contundentes. Según Medicina Legal, solo en enero de 2024, se registraron 44 homicidios cometidos por menores, un problema que se mantiene en alarmante crecimiento. ¿Cuántos Miguel Uribe más se necesitan para que despertemos? ¿Cuántos líderes políticos, cuántos ciudadanos comunes tendrán que caer abatidos por niños convertidos en verdugos para que las leyes reflejen nuestra trágica realidad?

Países con fenómenos criminales similares como Brasil o México han optado por bajar la edad de imputabilidad penal y establecer penas severas, logrando un impacto considerable en la percepción de justicia y seguridad ciudadana. En Colombia, en cambio, discutimos en círculos académicos y políticos mientras los delincuentes juveniles se burlan de una sociedad paralizada por el miedo y la corrección política.

Este atentado reveló también la escandalosa ineptitud de nuestro sistema de inteligencia. En Estados Unidos, cuando falló la protección a Trump, el servicio secreto asumió su responsabilidad. Aquí, en cambio, apenas podemos garantizar un vehículo blindado y dos escoltas, creyendo ingenuamente que eso basta frente a criminales que, en Indriver o bus, ridiculizan al Estado con una eficacia aterradora, la UNP no tiene inteligencia, y qué hablar de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ¿existe?

Los chats revelados entre los sicarios adolescentes del atentado son escalofriantes en su simpleza y determinación: “Tiene que ser hoy, sí o sí”, decían sin reparos, sin miedo a consecuencias reales. ¿Dónde estaba la inteligencia estatal cuando estos niños asesinos planeaban con tranquilidad macabra un ataque contra un precandidato presidencial?

Llegó la hora de un cambio radical. Debemos penalizar desde los 13 años en adelante con castigos ejemplarizantes. Basta de excusas y discursos sobre derechos cuando ignoramos los deberes. Es indignante y absurdo que un país con niveles alarmantes de delincuencia juvenil siga apostando por la impunidad disfrazada de reinserción.

El atentado contra Miguel Uribe no es solo un ataque contra él, es un disparo al corazón mismo de nuestra democracia y un llamado desesperado a reformar un sistema que ya no da más. Colombia necesita leyes que reflejen su realidad, no la fantasía de académicos, políticos, jueces y magistrados desconectados de la calle. No podemos permitir que nuestro país sea el paraíso de niños criminales y la tumba de ciudadanos inocentes.

La justicia debe ser ciega, pero no estúpida. Debe actuar con firmeza y con la urgencia que nuestro país demanda. Basta de permitir que niños sean herramientas de mafias que, desde la comodidad de la impunidad, ven cómo sus sicarios adolescentes destrozan vidas y sueños. Colombia merece más que una justicia que duerme mientras sus hijos matan.