“El naufragio del anunciado golpe blando”

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una retórica incendiaria desde el gobierno que promueve la división y socava la institucionalidad democrática. Lejos de amedrentarnos, este acto reafirma la urgencia de defender una democracia que hoy está en peligro.

A menos de un año de soltar el timón del Estado, el presidente —en su afán por evitar que su mandato sea recordado como uno de los más desacertados de nuestra historia republicana— intenta salvar un barco que naufraga, hundiéndose en delirios de persecución y amenazas contra su vida. Durante todo su gobierno ha denunciado un supuesto “golpe blando” en su contra; sin embargo, hoy parece decidido a subvertir el orden constitucional. La amenaza de convocar una consulta popular por decreto —desconociendo una negativa legítima votada con claridad y transparencia en el Congreso— evidencia una preocupante deriva autoritaria.

Ignorando el concepto vinculante del Consejo de Estado, que ratificó la legalidad de esa votación y cerró la puerta a nuevas insistencias, ahora pretende trasladar la controversia a la Corte Constitucional, en un intento de obtener un fallo que legitime lo que el Legislativo ya rechazó. Mientras denuncia conspiraciones, presiona a su gabinete para firmar actos inconstitucionales, advirtiendo que quien no lo haga será removido. Paradójicamente, los sectores de oposición —convertidos en blanco de su retórica— se fortalecen, mientras el gobierno se aísla, contradiciéndose y erosionando aún más su legitimidad.

El Gobierno recurre a la movilización callejera como mecanismo de presión frente a decisiones jurídicas. Estas manifestaciones, promovidas por sectores afines al oficialismo y convocadas mediante incentivos o presiones, agrupan comunidades indígenas, poblaciones vulnerables y empleados de contratistas. A este conjunto, el presidente denomina exclusivamente “el pueblo”, como si solo sus seguidores —muchos envalentonados por discursos incendiarios y comportamientos sectarios o violentos— representaran la voz legítima del país. En contraste, descalifica al resto de los ciudadanos —empresarios, trabajadores formales, servidores públicos y profesionales— señalándolos como parte de una supuesta oligarquía corrupta.

No, presidente Petro: en Colombia no existen “el pueblo” y “los ciudadanos” como bandos enfrentados, como usted insiste en dividirnos. Esa narrativa, propia del “wokismo” descrito por Agustín Laje, solo alimenta la polarización, la victimización y la fragmentación del país. Colombia es una sola nación: resiliente, solidaria y trabajadora. Una tierra reconocida por su diversidad y belleza, elegida por Forbes como el tercer país más hermoso del mundo en 2023, y con más de 5,8 millones de visitantes internacionales, según ProColombia. Enfrentamos desigualdades, pero no se superan debilitando las instituciones ni torciendo el cuello de la democracia.

Ese discurso heredado del chavismo, que blande la bandera de “libertad o muerte” y la espada de Bolívar mientras afirma reivindicar el legado del Libertador, constituye una distorsión histórica. Bolívar luchó por la libertad, no para imponer visiones personales por encima del orden constitucional. Esa narrativa ya no convence a nadie. Colombia no es Venezuela. Aquí existe una democracia con instituciones sólidas, una ciudadanía informada y unas Fuerzas Militares con una tradición republicana arraigada, portadoras de un legado de honor y sacrificio por la patria. No se puede forzar el respaldo institucional más allá de lo que permite la Constitución; ese límite no protege a un gobierno, protege la democracia.

Cada día es más evidente que, pese a las marchas convocadas, el proyecto político actual se dirige hacia su ocaso. Ha perdido gran parte de sus votantes originales y también las calles. Las convocatorias espontáneas carecen ya de eco, como lo mostraron los recientes paros nacionales, que fracasaron en movilización más allá de bloqueos ilegales. Lo que persiste son marchas organizadas desde el poder, con recursos públicos y presiones indebidas.

En cuanto al equilibrio de poderes, los pronunciamientos sobre la consulta popular que usted insiste en desconocer dejan claro que las altas cortes están integradas por magistrados de altísima calidad ética y profesional. Son un baluarte frente a cualquier intento de instrumentalización judicial. Confiamos en que no permitirán que se invoque un falso “golpe blando” para justificar fracasos administrativos o prolongaciones ilegítimas en el poder.

Paradójicamente, el atentado contra el senador Miguel Uribe y los discursos incendiarios basados en la lucha de clases están generando una verdadera cohesión en la oposición, que se reflejará en las elecciones de 2026. Ocho partidos políticos han firmado una declaración conjunta rechazando los llamados a agitar las calles, y líderes importantes del país muestran señales de unidad para trabajar juntos por la recuperación de Colombia.

Por su parte, el término “petrista” se ha satanizado en la opinión pública: lejos de ser una credencial de orgullo, hoy es sinónimo de fracaso político, de buena crítica pero mala gestión. Quienes aspiran a mantenerse vigentes en el escenario electoral comienzan a distanciarse y a renegar de su pasado cercano al oficialismo, aunque siguen siendo objeto de rechiflas en los debates que apenas empiezan

Es un momento oportuno, además, para rechazar enfáticamente el vil atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, rogar a Dios por su pronta y total recuperación, y exigir al Gobierno la revisión urgente y el fortalecimiento inmediato de los esquemas de seguridad de todos los candidatos, con el fin de garantizar su integridad y el libre ejercicio de la democracia.

Así las cosas, el llamado “golpe blando” que usted pretende impulsar no es más que una maniobra desesperada, un último intento de mantenerse a flote antes de abandonar el barco que usted mismo hundió. La historia y los colombianos recordarán quién apostó por la división y el debilitamiento institucional, y quién trabajó por la unidad y la defensa de la democracia.