El narcogobierno mata y deja matar

Con dolor infinito registra Colombia la partida de un joven excelso como Miguel Uribe Turbay. Estudioso, trabajador incansable, ecuánime, comprometido sin dubitaciones con la democracia y la seguridad, insobornable, poseedor de una cultura amplia y decidido a entregarlo todo, todo de verdad, por esta patria ingrata que se entrega con tanta facilidad a la perversión y la corrupción, pero que merece todo de nosotros.

Los narcogobiernos matan y dejan matar. Fue así con Samper y Álvaro Gómez. Es así con este gobierno, que como lo hemos venido reiterando es un narcogobierno, comprometido a fondo con la promoción del cultivo de coca, la entrega territorial a terroristas y traquetos, y que busca —a toda costa, con la gestión ejecutiva del ministro de Justicia, el comisionado de paz y la senadora Isabel Zuleta, entre otros— la implementación de un sometimiento narcótico que no solo otorgue impunidad y lavado de activos, sino que permita la preservación de las estructuras criminales de cultivo, tráfico y microdistribución de la coca.

La escogencia de Miguel Uribe Turbay como gran objetivo de la violencia selectiva tiene que ver todo con la política y la preservación del poder de parte del Pacto Histórico. Mezclaba sus incuestionables y tradicionales credenciales liberales con un destacado activismo y compromiso con el Centro Democrático. Tenía, en los tiempos febriles de la democracia de 15 segundos de Instagram, control emocional amplio en su interacciones personales y digitales. Coherente en el manejo de su agenda temática, se concentró en denuncias y propuestas de seguridad centradas en la retoma del territorio y el regreso a una agenda dinámica y comprometida de orden público. Manejaba, como ninguno en la oposición, sus redes sociales y su pauta digital. Estaba en contacto incesante con los ciudadanos de todos los estratos. Era incorruptible.

Por todo ello, por su carisma y atributos políticos, lo mataron.

Es desvergonzada y certera la manera en que la UNP (Unidad Nacional de Protección) desmontó los esquemas de protección del destacado candidato; es lamentable, casi que ridículo, el desarrollo del operativo de protección en el parque El Golfito, en Modelia, en el cual los guardaespaldas abandonaron la espalda del protegido y la policía del cuadrante, en refuerzo programado, jugaba con sus celulares a decenas de metros de Miguel; la inexplicada pérdida del celular del asesino como primer fracaso de la investigación; la tolerada injerencia de la fiscal general de la Nación, de agentes de la DNI, la UNP y Casa Militar en la investigación por más de una semana; la frescura indignante de los imputados al rechazar cargos; la rumorada resistencia del dispositivo de trasladar a la víctima a la providencial ambulancia; la difusión casi que inmediata de rumores afectando la integridad moral de la víctima en los extensos sistemas digitales del petrismo; la divulgación de falsos pantallazos del perdido celular del asesino; la reciente desaparición del cómplice juvenil del sicario; la impavidez del Gobierno al no retirar al director de la UNP; las primeras palabras presidenciales en ese oprobioso 7 de junio, recalcando su odio y confrontación con la víctima y su familia; las decenas de mensajes de odio de la cuenta presidencial de X directamente dirigidos contra Miguel y su integridad moral, y procede un largo etcétera en esta letanía que apunta a un fin y beneficio concreto: la muerte violenta de Miguel solo beneficia a Petro y a sus secuaces, perseguidos por sus corruptelas y temerosos de un cambio de régimen que los confronte con la justicia.

Mataron para sembrar las bases de impunidad que necesitan. Desviaron y sabotearon la investigación para beneficiarse políticamente de la ambigüedad e incertidumbre en la autoría material como intelectual. De seguro vendrá ahora el circo de las hipótesis, las filtraciones y las desviaciones que hacen parte de la “vuelta”. En nuestro país hace décadas no solo se compra la muerte, sino que también se vende la garantía de impunidad.

Treinta años de impunidad en el asesinato de Álvaro Gómez, en el contexto de otro narcogobierno como el actual, afirman la convicción de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay es un crimen de Estado, con motivación política y amplísimas repercusiones sociales y electorales.

La muerte de Miguel no ha de ser en vano. El dolor y la sacudida que genera debe permitirle a la sociedad revaluar falsas premisas. En los postulados políticos de Miguel candidato están muchas de las respuestas. El Estado no puede ser cooptado por intereses especiales, ya estén arropados de legalidad o sean francamente criminales. La retórica centrada en la legitimación sistemática del terror, en su absolución jurídica y su validación social, debe ser proscrita. La renuncia a los fines esenciales del Estado, en seguridad y justicia, solo trae dolor, muerte y corrupción y termina, como ahora, colocando a los destructores de la democracia en el poder.

Que sea esta la hora para reflexionar sobre los costos de la deriva ética y moral de la Nación. Más allá de un acuerdo electorero, necesitamos retornar a los valores fundamentales de la vida, la decencia, la justicia y los fines prioritarios del Estado. Necesitamos un sincero acuerdo sobre lo fundamental.