El juicio que pone a prueba la democracia colombiana

En los próximos días, el país conocerá el sentido de fallo en el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Más allá del personaje político, este proceso debe llevarnos a una reflexión profunda sobre el estado de derecho en Colombia. Porque lo que hoy ocurre con Uribe puede marcar un precedente riesgoso que afecte mañana a cualquier ciudadano, líder u opositor político.

Tiene que ver con el lawfare, un tema que debería preocuparnos. El término (guerra jurídica) se refiere al uso de mecanismos legales no para impartir justicia, sino para neutralizar o destruir políticamente a un oponente. No se trata de aplicar la ley de manera justa, sino de instrumentalizarla con fines estratégicos.

Esto no es exclusivo de Colombia: lo hemos visto en Brasil, Argentina, Ecuador y otros países donde líderes políticos han sido procesados para impedir su participación electoral.

El caso Uribe es preocupante por varias razones. Una de ellas es el contexto político, pues la investigación comenzó en momentos clave de oposición a los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

También el origen de la acusación. No surgió de pruebas sólidas, sino de la insistencia de actores vinculados a los acuerdos con las Farc, hoy plenamente integrados en el poder.

Asimismo, las pruebas cuestionadas. Más de 60 testigos han desmentido las acusaciones, y el principal testigo presentó una grabación alterada, según expertos forenses de la misma Fiscalía.

Y la cronología de los hechos. La llamada que, supuestamente, implica a Uribe se dio después de que ocurriera el hecho que se le atribuye ordenar, lo cual plantea serias dudas sobre la lógica del caso.

Está en riesgo la democracia porque cuando se busca inhabilitar judicialmente a quien lidera una oposición legítima, se rompe el principio de equidad electoral. Las ideas deben enfrentarse en las urnas, no en los tribunales politizados. En el caso de Álvaro Uribe, no se trata solo de una persona, sino del derecho de millones de ciudadanos a ser representados por quien elijan.

No se trata de defender a Uribe por ser Uribe ni de justificar errores del pasado. Se trata de defender el principio fundamental de toda democracia: la imparcialidad de la justicia. Si aceptamos que se persiga políticamente a unos hoy, mañana podrían ser otros —de cualquier orilla ideológica— los perseguidos.

Por eso, invito a cada ciudadano, sin importar su inclinación política, a informarse, cuestionar y exigir una justicia que no sea selectiva, sino verdaderamente ciega, imparcial y respetuosa del debido proceso.