Gritar “golpe blando” se le volvió el deporte nacional al Pacto Histórico cada vez que una institución no se arrodilla ante sus deseos. Se creen por encima de la ley, pero no lo están. Ya es costumbre que, cuando las decisiones no les salen como quieren, salgan a gritar como una jauría de hienas. Sin embargo, aquí no hay persecución política, sino el rigor de la norma aplicándose a quienes se creen intocables. Así ocurrió esta semana con las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
En democracia, inscribirse en una contienda implica aceptar sus reglas. Solo hay dos opciones: acogerse a ellas o no participar. Lo inaudito es entrar al juego para después desconocer al árbitro únicamente porque la decisión no les conviene.
La necesidad de reformar el CNE es una realidad indiscutible, pero el oportunismo del Pacto Histórico le quita toda legitimidad al reclamo. Resulta cínico que, después de tres años de Gobierno y con el control del Congreso, solo conviertan la reforma en prioridad cuando las decisiones del tribunal les resultan incómodas. No es que ignoraran las fallas del sistema; es que prefirieron mantenerlas mientras creyeron que podían controlarlas. La urgencia de hoy no es por la democracia, es por pura conveniencia.
Hay que recordar la denuncia de la representante Catherine Juvinao: cuando el Gobierno presentó su reforma política, el plan inicial era transformar al CNE para que sus magistrados fueran elegidos por mérito a través de las altas cortes, y no por los partidos políticos. Era la oportunidad real de despolitizar la justicia electoral. Sin embargo, esa promesa fue un simple adorno publicitario; en el momento de la verdad, el propio Gobierno borró ese punto de su ponencia para que los partidos siguieran eligiendo a sus magistrados. Decidieron sellar alianzas con los partidos tradicionales que tanto han criticado, convirtiéndose en uno más de ellos y prefiriendo las viejas mañas porque el sistema, tal como está, les servía para pagar favores políticos.
Por eso, escuchar hoy a Iván Cepeda —candidato presidencial de esta colectividad— prometiendo una reforma que tuvieron en sus manos y prefirieron ignorar, es el colmo de la hipocresía. No es una propuesta seria; es una burla al electorado.
Los gritos de “golpe blando” de esta semana responden a la decisión del CNE de excluir a Cepeda de la consulta y de revocar la inscripción de varias listas a la Cámara. No fue persecución; fue la aplicación de la ley electoral y del cumplimiento de los requisitos que rigen toda contienda.
En el caso de Iván Cepeda, la ley es tajante: quien ya compite en una consulta queda inhabilitado para inscribirse en cualquier otra dentro del mismo proceso. Y es ahí donde la democracia se degrada: no buscan representación, sino asegurar financiación pública mediante la reposición de votos por una doble inscripción.
Ese capricho nos habría costado cerca de 16 mil millones de pesos, una suma que pretendían que pagáramos nosotros con nuestros impuestos. Los mecanismos de participación existen para fortalecer la democracia y no para financiar las jugadas políticas de los candidatos.
Un segundo hecho que desató la reacción furibunda del Gobierno y sus militantes fue la revocatoria de varias de sus listas a la Cámara. Pero seamos claros: el problema aquí no es el CNE, sino que simplemente no cumplieron la ley. No se puede hablar de “persecución” cuando el error es de principiante.
El Consejo Nacional Electoral simplemente aplicó la norma: al haber superado el 15 % de los votos en 2022, el Pacto Histórico y Colombia Humana ya no podían inscribirse como coalición. Es una negligencia absoluta. Se les cayeron las listas por un error básico de trámite que ahora pretenden disfrazar de ataque político para ocultar su propia incapacidad.
Pero hay una hipocresía mayor: en Bogotá, la demanda no vino de la oposición, sino de una de sus propias militantes: la representante María del Mar Pizarro. Su oficina demandó la lista cremallera, ese mecanismo de acción afirmativa diseñado para garantizar que las mujeres lleguen al poder. No era un detalle menor; era una regla de equidad que ellos mismos decidieron pisotear.
Aquí es donde el discurso de víctimas se desploma ante la evidencia. El feminismo y la renovación se invocan cuando conviene, pero se sacrifican cuando interfieren con el poder. Este episodio confirma lo que se vio desde el día uno: para el Pacto Histórico, la defensa de las mujeres fue solo una estrategia de campaña. Cuando los principios estorban a la conveniencia política, simplemente los desechan.
Señores del Pacto Histórico: dejen el drama y la hipocresía. Ustedes mismos quisieron y promovieron estas reglas; ahora, simplemente, cumplan la ley.
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