El fracaso del paro nacional

El evidente fracaso del paro nacional convocado por el gobierno debería ser motivo de seria preocupación para el presidente Gustavo Petro y su equipo más cercano, especialmente para los ministros del Interior y del Trabajo. No se trataba de una protesta cualquiera: fue una movilización promovida desde las más altas esferas del poder, con declaraciones explícitas del propio mandatario que hoy algunos pretenden desmentir, minimizando las responsabilidades políticas ante la pobre respuesta ciudadana.

Vale la pena recordar que, en distintas ocasiones, el presidente invitó a la ciudadanía a movilizarse. “Las asambleas municipales deben lograr coordinar las organizaciones populares del municipio. Se convoca en las plazas municipales este sábado y domingo. Y allí se vota el paro nacional”, dijo en uno de sus mensajes públicos. Más adelante, en Barranquilla, durante un acto organizado por el ministro Armando Benedetti —reconocido por su papel en la logística de grandes concentraciones desde la campaña presidencial—, Petro afirmó: “La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tienen al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Que, si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no atacará jamás al pueblo colombiano”.

Incluso hay evidencia directa de la coordinación al interior del gobierno, como lo demuestra un intercambio de mensajes entre el presidente y su ministro del Interior, en el que se preguntan: “¿Quién convoca a la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga?”. Esto deja claro que la intención de promover la movilización no fue una interpretación mediática o social, sino una estrategia oficial desde el poder ejecutivo.

No obstante, la emoción política pareció imponerse sobre el cálculo estratégico. La realidad laboral del país no fue tenida en cuenta: solo el 4 % de los trabajadores colombianos está sindicalizado y cerca del 57 % trabaja en la informalidad. En ese contexto, promover una movilización masiva desde un gobierno que apenas alcanza el 30 % de respaldo en las encuestas era una apuesta arriesgada. Y el resultado fue predecible.

Lo más preocupante no es únicamente el bajo nivel de participación, sino el significado político de ese silencio. El presidente está perdiendo el vínculo con “la calle”, ese escenario donde históricamente ha sido fuerte y ha consolidado su liderazgo. Tras el revés, es probable que el Ejecutivo recurra con más intensidad al uso de recursos estatales para organizar nuevas manifestaciones, práctica en la que su ministro del Interior tiene amplia experiencia. Pero esa estrategia podría profundizar el desgaste en lugar de revertirlo.

Resulta desconcertante que alguien como Gustavo Petro —quien en el pasado logró capitalizar con gran habilidad la inconformidad social, como lo hizo durante el estallido social del gobierno Duque— no haya sabido leer el momento político del país. Aquellas movilizaciones le generaron réditos importantes y consolidaron parte del camino hacia la Presidencia. Hoy, sin embargo, enfrenta un escenario radicalmente distinto.

Ni él ni sus asesores supieron anticipar la respuesta ciudadana ni el contexto legislativo. En un mismo día, el Senado —con una oposición fortalecida— revivió la reforma laboral que había sido archivada en la Comisión Séptima y rechazó la propuesta del Ejecutivo de convocar una consulta popular. Estos reveses, sumados a la fallida convocatoria al paro, revelan una pérdida de control político preocupante.

La ciudadanía, por su parte, no acudió masivamente porque hay una creciente desconfianza en la capacidad del gobierno para resolver los problemas estructurales del país. Para muchos, el paro no ofrecía respuestas reales, sino que representaba una maniobra política más. Además, los efectos económicos de una movilización prolongada habrían sido desastrosos para los sectores más vulnerables: trabajadores informales y microempresarios que constituyen más del 80 % de la fuerza laboral. Para ellos, paralizar actividades no es una forma de protesta, sino una amenaza directa a su subsistencia.

El desgaste del gobierno se acelera. La autoridad presidencial se ve socavada por la pérdida de legitimidad y el deterioro de la confianza pública. Y lo más delicado es que este vacío podría ser aprovechado por sectores afines al proyecto de paz total para avanzar en agendas particulares que no necesariamente representan los intereses de la mayoría del país. Se configura, así, un escenario de fragmentación institucional y desconexión con la ciudadanía.

Por otra parte, este momento representa una oportunidad clave para la oposición. El fracaso del paro convocado por el gobierno deja en evidencia una vulnerabilidad política que debe ser leída estratégicamente. Tal como he sostenido en columnas anteriores, es fundamental que los sectores opositores avancen hacia una articulación real, con una plataforma unificada y propuestas concretas.

Más allá de acumular indignación, la oposición debe ofrecerle al país un camino viable. El descontento no es suficiente: se necesita una alternativa clara, construida desde ya, que convoque a los ciudadanos con una visión de futuro. La coyuntura actual exige unidad programática, responsabilidad y liderazgo, sobre todo ante el abanico de precandidaturas que ya se perfilan para las elecciones del 7 de agosto de 2026.

El reto es mayúsculo: no se trata solo de derrotar al petrismo, sino de generar confianza, reconstruir la legitimidad institucional y responder a las demandas reales de una ciudadanía que se siente abandonada. El país necesita más que polarización: requiere soluciones, consensos y una hoja de ruta para salir de la crisis. Y esa tarea comienza hoy.